En nuestro mundo globalizado, la buena reputación sigue siendo fundamental para el presente y el futuro de muchas personas. Nuestro país no es diferente a los demás de nuestro entorno. Acudimos a los restaurantes si sus cocineros gozan de buena reputación, y un sinfín de actividades están regidas por la buena reputación.

En muchas ocasiones, la buena o mala reputación que atribuimos a otros no depende de que tengamos datos fehacientes sobre las personas concernidas, sino que nos creemos la buena o mala reputación como consecuencia del boca a boca, de campañas de publicidad, de lo que se escribe en periódicos, revistas, redes sociales, o de lo que se dice en las radios y televisiones.

La buena reputación en muchas ocasiones depende del buen hacer de los que la cosechan. Y la mala reputación, del mismo modo, puede depender de actos propios de los mal reputados. Aunque nos hablen muy bien de un restaurante, si nos sentamos en una de sus mesas y nos atienden mal, o comemos mal, es muy improbable que sigamos otorgando a los mismos la etiqueta de buena reputación. Los cocineros capaces de satisfacer a sus clientes a lo largo de los años suelen disfrutar de buena reputación. Los que siguen llevando esa etiqueta muchos años tienen un mérito extraordinario porque no solemos dar una segunda oportunidad a los que nos defraudan una sola vez.

La reputación de los políticos presenta singularidades notables. Y esto porque en una sociedad democrática y plural como la nuestra solemos tender a ser más benévolos con los políticos a los que hemos votado o con los que sentimos afinidad ideológica. Con los que no coincidimos, lejos de toda benevolencia, se aprecia en muchas ocasiones cierta crueldad en los calificativos que les dedicamos. De manera que de la reputación podríamos decir que 'va por barrios', por barrios políticos o ideológicos se entiende. No obstante, algunos políticos, muy pocos, han conseguido una buena reputación al margen de sus votantes. Este sería el caso de Adolfo Suárez, que tenía una acusada mala reputación cuando fue presidente del Gobierno, al margen de los votantes de su partido político (incluso dentro del mismo), mientras que, con el paso del tiempo goza de una generalizada buena reputación. Esta evolución de la mala a la buena reputación ha sido excepcional en nuestro país. Casi siempre, una vez colgada la etiqueta de mala reputación sobre un político se convierte en una losa y, aunque la mala reputación se funde en hechos falsos, suele llevarse por delante todo el crédito que tuvo como consecuencia de buenas acciones. No deja de ser cierta la máxima «calumnia, que algo queda».

El problema de la mala reputación del jefe del Estado, en su caso, es que los ciudadanos no pueden removerlo de su cargo dentro de la legalidad, como harían con cualquier otro político, ya que el rey puede serlo hasta su muerte. El rey emérito es la excepción, a causa de su forzada abdicación en 2014, como consecuencia de la súbita mala reputación derivada de su comportamiento privado. En nuestro sistema constitucional, con la abdicación del rey Juan Carlos ha quedado acreditado que si el monarca no tiene buena reputación (aunque sea por actos privados) su permanencia en la Jefatura del Estado deja de tener sentido; la ejemplaridad debe acompañar a los monarcas a lo largo de su vida, pues en ella debiera fundarse su legitimidad en un Estado constitucional.

Si el hijo del rey emérito, el monarca Felipe VI, no hubiera reconocido de manera explícita la veracidad de una serie de hechos que se atribuyen a su padre, podríamos mantener una posición neutral y considerar que estamos ante una campaña difamatoria sin el menor fundamento. Pero, la circunstancia de que haya sido el actual rey quien haya tenido que adoptar medidas drásticas contra su propio padre, de acuerdo con el presidente del Gobierno, hace difícil sostener que los hechos que se le atribuyen son falsos, con independencia de que sean o no delictivos.

Cosa bien diferente es la verdad judicial que se plasmará en resoluciones judiciales, si se producen. En este ámbito toda prudencia es poca, y pese a lo que antes dijimos no está justificado que no se haya respetado la presunción de inocencia por algunos partidos políticos y, en general, por los medios de comunicación. Hemos tenido muchos casos en nuestra experiencia democrática de verdades judiciales favorables a los imputados que, no obstante, arruinaron injustamente su reputación. En otras ocasiones, la verdad judicial se aleja de la verdad de los hechos, pues no ha sido infrecuente que algunos imputados hayan sido declarados no culpables por la circunstancia de que, por ejemplo, las conversaciones que les incriminaban se obtuvieron de manera ilícita. El famoso gánster Al Capone, del que se sabía que había asesinado o mandado asesinar a muchos hombres solo pudo ser condenado por un delito fiscal. La verdad judicial le absolvió, pero no por ello convirtió su mala en buena reputación, aunque en EE UU no es extraño que se glorifique a los delincuentes. La película 'El padrino' es una muestra.

Afortunadamente, en nuestro Derecho los delitos deben ser probados en un procedimiento judicial. De manera que habrá que esperar las resoluciones judiciales que, en su caso, se produzcan y que afecten al rey emérito. Pero parece improbable que la verdad judicial, sea cual sea, elimine su mala reputación. Al contrario, una verdad judicial favorable basada en la prescripción o en la inviolabilidad podría incrementar su mala reputación alcanzando incluso a la monarquía.

En lo que se refiere a los políticos, debiéramos diferenciar el ejercicio de sus funciones públicas de sus vidas privadas. Políticos muy relevantes no tienen una buena reputación por su vida privada, pero no por ello se pueden obviar sus contribuciones como titulares de instituciones públicas. Nosotros somos partidarios de utilizar un bisturí imaginario que separe lo público de lo privado, sin meter ambas cosas en el mismo saco, y como haría un buen cirujano separar los tejidos sanos de los enfermos. Somos declarados republicanos que hemos conocido la trayectoria del rey Juan Carlos como jefe del Estado constitucional español, y consideramos que la mala reputación por actos privados no debiera empañar su buena reputación como jefe del Estado.