Hace unos días leía en una entrevista a la ya exportavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados hacer alusión a la batalla cultural. No es de extrañar porque en esa separación conflictiva subyacen dos formas de enfrentarse a la sociedad como fuerza política: parecerse a ella o intentar que se parezca a ti.

Cayetana Álvarez de Toledo aboga por lo segundo. Diagnostica que la sociedad está escorada culturalmente a la izquierda y debe cambiar el actual sentido común de los españoles. Pablo Casado tiene ambiciones más inmediatas; pretende llegar a las próximas elecciones y, en este sentido, es acomodaticio.

No avalo los postulados de Álvarez de Toledo, además creo que se equivoca en su diagnóstico. La sociedad española no significa todo desde una óptica progresista. Ni tampoco todos los valores son sustituibles o valen lo mismo. Eso que despectivamente tachan de buenismo es empatía y no puede ponderarse igual que un individualismo salvaje. Hay consensos positivos, que no excluyen al pensamiento crítico porque nacen de ser críticos con las injusticias del entorno. Esa supuesta hegemonía progresista se construye como una forma de rebelarse contra el determinismo injusto. El combate que pretende la exportavoz no es revolucionario, sino reaccionario.

Y no todos los marcos son moldeados por el progresismo. Como escribía el profesor Sánchez Cuenca en 'La superioridad moral de la izquierda', en la economía, contrariamente a la evidencia científica, los significados los ha repartido la derecha. Aquí es donde para la izquierda tiene sentido dar esa batalla cultural.

Sirva para ejemplo el debate sobre los remanentes municipales. Una discusión que nace de una legislación impregnada del marco neoliberal que eleva a dogma la estabilidad presupuestaria, pretendiendo hacer pasar esa opción como buena en cualquier momento o tesitura. Una situación absurda en el sector público y en el privado ante problemas económicos actuales y futuros.

Frente a esto, el Gobierno central ha propuesto una herramienta para que los ayuntamientos puedan gastar parte de sus ahorros, en lugar de utilizarlos exclusivamente para pagar deuda a los bancos, de acuerdo con la ley Montoro. Una norma que obliga a pagar por adelantado a los bancos, mientras caen los ingresos públicos y se tienen que hacer recortes.

Por tanto, se trata de decidir entre prestar nuestros ahorros al Gobierno, pudiendo invertir una parte en la reconstrucción y recuperando el resto en los próximos años o entregar esos ahorros a los bancos. Es cierto que es una solución parcial, pero ¿acaso no se han construido los avances progresistas no renunciando a las pequeñas victorias? Algo así pregunta Philippe Ricwaert, el protagonista de la serie 'Baron noir', a los asistentes a un debate con otro líder de izquierdas que bien nos valdría para explicar este momento.

Si los progresistas pensamos que la prioridad es atender a las personas, ¿debemos abandonar ese camino porque el objetivo es derribar el muro de las restricciones presupuestarias y aún no se ha alcanzado? ¿Debemos seguir al neoliberalismo, porque esta no es la victoria final? Y, sobre todo, ¿vamos reforzar el argumento de que rebajar la deuda es el mejor escenario? Porque, ¿cómo vamos a combatir ese marco ante nuestros vecinos y vecinas si decidimos pagar a los bancos en lugar de ayudar a quienes más golpea la crisis? O, por último, ¿es confiscatorio prestarle los ahorros al Gobierno de España, pero no lo es entregárselos anticipadamente a los bancos? ¿Qué clase de defensa de la acción pública es ésta?

Pongámosle los matices que queramos, pero cuando tenemos opción de movernos siempre es mejor un avance en el sentido correcto, que quedarnos parados. La parálisis es injusta porque provocará disponer de cero recursos cuando son más necesarios. Si el 35 % parece insuficiente, ¿cómo es posible que escojamos el 0? Es fácil de entender que 35 es mejor que 0. Especialmente para quienes 35 puede significar un acceder a un trabajo en una inversión municipal o recibir una ayuda que les permita pagar las facturas. Sumarse a la estrategia de derribo del Partido Popular es, por tanto, apartarnos del camino político de la empatía.

Pero además si, como ahora, se hace teniendo alternativa, supone ceder el debate. Es regalarle una victoria a su marco político. Porque no es lo mismo amortizar deuda cuando no tengo otro camino, que hacerlo cuando tengo una opción diferente. Asumir el inmovilismo fortalecería las posiciones de los que defienden que ese marco económico neoliberal no se mueva ni de las normas, ni del pretendidamente construido sentido común liberal-económico.

Tomar el camino del incrementalismo, como hacen los trabajadores cuando negocian un convenio colectivo, es pragmatismo, pero también es dar la batalla por los significados. Lo contrario significa acomodarnos en el marco contrario, renunciar a convencer y, por el camino, dejar a personas al margen cuando podríamos ayudarles. En la izquierda es mejor hacer el camino andando.