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Julio Monreal

El noray

Julio Monreal

Esperando a Caixabankia

Quienes más claro lo tienen son los inversores, que han saludado la probable fusión de CaixaBank y Bankia con espectaculares subidas de los dos valores en la Bolsa. Los números deslumbran: el primer banco español con 650.000 millones de euros en depósitos; 46.719 empleados; 6.279 oficinas; la posibilidad de que el Estado recupere parte de los 24.000 millones del rescate que aplicó sobre Bankia en 2012 y otros parabienes.

La banca, tanto la española como la internacional, no levanta cabeza desde la crisis de las hipotecas basura de 2008. El crédito está contenido y los intereses, por los suelos. Ya hay entidades financieras que cobran a sus clientes por tener depósitos. La respuesta del sector al reto de la rentabilidad ha sido el recorte de gastos, la mayoría de las veces por la vía de las fusiones, con los consiguientes cierres de oficinas y despidos de personal. Esta es la cara B de la operación que bien podría recibir el nombre de Caixabankia, el encaje perfecto entre las dos marcas. Las fusiones de grandes corporaciones suelen pasar la factura a los eslabones más débiles, los empleados, aunque en el caso de las entidades financieras la rentabilidad es la primera exigencia para garantizar los intereses de otra gran bolsa de concernidos, los titulares de los depósitos.

En las instituciones europeas, el anuncio de las conversaciones para la fusión de las dos entidades con sede en la capital valenciana está en línea con lo que vienen propugnando sus dirigentes: hay que ganar tamaño para hacer frente en mejores condiciones a los rigores económicos de la pandemia por coronavirus, que aún no han alcanzado, ni mucho menos, las peores cotas.

En el Gobierno de España, la cosa va por barrios. En la vicepresidencia económica de la socialista Nadia Calviño están encantados. A través del Frob controlan el 60 % de Bankia y una fusión por absorción como la que se plantea permitiría cubrir sus dos prioridades: reforzar la estabilidad financiera en el país y mejorar el valor del paquete accionarial público con vistas a recuperar los miles de millones del rescate de 2012. No en vano, el principal beneficiario de la subida de más del 30 % en bolsa de la entidad que preside Juan Ignacio Goirigolzarri es precisamente el Estado.

De manera distinta se ve la operación en las filas del Podemos de Pablo Iglesias, donde siempre se ha señalado a Bankia como principal punto de partida de una banca pública con la que intervenir en la política social, ya sea de vivienda, energía o actividad sociosanitaria. La parte morada del Gobierno ya le ha puesto la proa a la fusión por lo que tendría de reprivatización (el Estado ostentaría un 14 % de la entidad resultante) y palabras como oligopolio y otras similares han vuelto a los circuitos de la red Telegram.

En el Gobierno valenciano desde que la noticia saltó se ha hecho hincapié en que la fusión entre los dos contrayentes es la mejor opción para la Comunitat, (mucho mejor que la de Bankia con en Sabadell, que se venía mascullando) tanto por la elevada probabilidad de que la sede de la entidad resultante se mantenga en València como por la consolidación del sistema bancario y la recuperación de parte del rescate para el sector público. El Ejecutivo valenciano destaca que el mantenimiento de la sede social en la capital del Turia tiene una gran importancia en el plano reputacional, por el aval de cofianza que representa, como ya se puso de manifiesto cuando en 2017 CaixaBank trasladó su sede a València en plena efervescencia independentista en Cataluña.

No menos importantes son los ingresos tributarios que deja la sede en su domicilio social, aunque las decisiones de uno y otro banco se hayan seguido tomando en las Torres Kio de la Castellana o en las de la Diagonal. Es precisamente esta cuestión la que más incomoda al empresariado valenciano, espectador pasivo (o activo para mal) de la desaparición del sistema bancario autonómico representado por Bancaja, la CAM y el Banco de Valencia. Tras las palabras de apoyo formal al proyecto de fusión rezuma un malestar poco disimulado por el hecho de que Madrid, Cataluña y el País Vasco continúen llevando la voz cantante del sector financiero diga lo que diga el Registro Mercantil.

Los restos de aquella rutilante banca valenciana son precisamente los que hacen que la virtual Caixabankia vaya a tener en la Comunitat unos efectos más negativos que en otras regiones en los previsibles recortes de personal y número de oficinas. Bankia tiene 2.487 empleados repartidos en 400 sucursales, prácticamente todas procedentes de Bancaja; CaixaBank suma 1.820 trabajadores en 346 sedes, fruto de su propia red y la que recibió del Banco de Valencia al asignárselo el Estado por un euro. Por ese lado vendrán sin duda las sinergias de la operación. Los solapamientos de oficinas llevarán a los gestores de la nueva entidad a incrementar de forma considerable los bajos comerciales disponibles. La banca ha notado especialmente los efectos de la pandemia. La digitalización de los usuarios se ha multiplicado y pasan meses sin que un cliente acuda a una oficina. Con menores necesidades de sucursales y de trabajadores, los recortes están servidos, aunque si la operación llega a puerto, tanto el Estado como los sindicatos y las propias entidades fusionantes deberán practicar los sanos ejercicios de la responsabilidad y la vigilancia. El adelgazamiento de los costes de personal no puede sustentarse en los fondos públicos, los mismos que se quieren recuperar con la fusión. No deberían caber operaciones como las practicadas en el pasado en Telefónica, Radiotelevisión Española y otras firmas que son o fueron públicas en las que se mandó al retiro a trabajadores con 50 años recién cumplidos. Si los números no salen, no salen. Media España está en Erte pagando con salarios recortados los sueldos completos de los empleados públicos. Derechos, los que sean de ley. Abusos, ninguno.

El segundo escalón, a la espera de cambios en el primero

La renovación del segundo escalón en el Ejecutivo valenciano efectuada por el presidente Ximo Puig en este arranque de la temporada otoño-invierno desmonta en cierta medida lo que se dice del líder de los socialistas de que vive volcado por completo en la jefatura y coordinación del Gobierno y sigue a distancia lo que pasa en su partido. El ex secretario general Jorge Alarte; la número dos del ayuntamiento de Mislata, persona de confianza del alcalde Fernández Bielsa; Verónica López; la exdirectora de La Fe Mónica Almiñana y varios fichajes más muestran a las claras que Puig quiere gobernar y también mandar en su formación política ahora que se va acercando el momento del congreso en el que ha de poner su liderazgo sobre la mesa. Son varios movimientos de calado político, para sumar aliados, y otros más de refuerzo de gestión tras la tensión de la pandemia. Habrá que ver si el nombramento de Almiñana como subsecretaria de Sanidad aleja el relevo de la titular del área, Ana Barceló, que ha hecho una tarea sobresaliente durante la pandemia, o se mantiene viva la especie que coloca en esa cartera en una hipotética próxima remodelación a Arcadi España, hoy en Política Territorial. Tampoco falta quien apunta la salida del titular de Hacienda, Vicent Soler, (él quiere seguir, no está cansado) para dar entrada al presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, quien está desplegando una gestión económica modélica en las cuentas provinciales.

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