La dimensión de la Hacienda Local española (6% del PIB en 2015) es menor que la de nuestro entorno (11,1% en UE). En cuanto a la evolución del gasto , en términos de contabilidad nacional, las Entidades Locales han perdido peso en las Administraciones Públicas desde la entrada en vigor del actual sistema de financiación en 2004, pasando de representar el 14,8% del gasto público ese año al 13,7% en 2015 (12,3% y 11,3%, respectivamente si se eliminan las transferencias internas entre Administraciones).

Estos datos evidencian la necesidad de revisar la financiación municipal de raíz, en primer lugar porque el bajo peso en el PIB indica una falta evidente de competencias y en segundo lugar porque el porcentaje del gasto público es muy inferior al que sería necesario si interpretamos que los ayuntamientos son la institución más cercana a la ciudadanía y por tanto puede atender algunas de sus necesidades de forma más eficiente, en especial las de ámbito social.

Estos razonamientos nos llevan a posicionarnos, como movimiento vecinal, respecto al debate sobre la liberación de los remanentes que muchos ayuntamientos tienen en los bancos y que no pueden utilizar debido a la legislación vigente.

Los remanentes solo podrían utilizarse para pagar deuda, o sea, que en una situación como la actual no contribuiría en absoluto a la necesaria reconstrucción, siendo que el dinero disponible procedente de préstamos corre a raudales por Europa, haciendo real aquello de «gasten todo lo que puedan».

Resulta, por tanto, necesario que las entidades locales utilicen esos remanentes para contribuir a aumentar el empleo y la protección social, sin aplazamientos; se debe buscar la forma legal adecuada para la liberación inmediata de esos fondos para que aquellos ayuntamientos que dispongan de «ahorros» los puedan utilizar de forma instantánea. Sería una inyección de recursos que en estos tiempos facilitarían la retención de empleo y el apoyo social que necesitamos.

Por otro lado, se necesita una inyección económica generalizada a todos los ayuntamientos, independientemente de que tengan o no remanentes, con un criterio poblacional; dado que al igual que otras instituciones la covid-19 ha hecho que se incrementen sus gastos especialmente en el área asistencial y en el transporte.

Sin embargo, el problema de fondo es la necesaria revisión de la financiación municipal que resulta estar relegada ante la presión de las comunidades autónomas, cuya reivindicación puede ser justa con la actual distribución competencial.

Esta es la cuestión: las comunidades deben ceder competencias a los ayuntamientos y los ayuntamientos deben aumentar su financiación procedente del estado. Esta reforma sí sería de calado y conllevaría la revisión de toda la legislación al respecto que actualmente esta vigente.

Los ayuntamientos deben asumir parte de la gestión del estado del bienestar dada su cercanía y conocimiento con más competencias y recursos.

El Gobierno de España y los grupos parlamentarios deben emprender reformas en el sentido de acordar medidas para hacerlo posible. El uso de los remanentes y una inyección en estos momentos sería lo mínimo e inmediato, pero queda pendiente esa reforma en profundidad.