Desde hace cinco años, cada presupuesto aprobado por el tripartito Botánico nace muerto al incluir unas partidas de ingresos ficticias e irreales. Pero lo más grave es que estos ingresos se incluyen a sabiendas de que nunca van a llegar a las maltrechas arcas de la Generalitat.

Este proceder, más que una reivindicación política, es un perjuicio voluntario por parte de los partidos llamados progresistas hacia todos los valencianos, ya que únicamente trae como resultado recortes en los servicios públicos fundamentales como son sanidad, educación y servicios sociales.

En la Comunitat Valenciana tenemos en contra un sistema de financiación autonómico totalmente injusto, y me atrevería a decir inconstitucional, que debía ser revisado en el año 2014. Pero no es menos cierto que desde esa fecha hasta el día de hoy (y quién sabe hasta cuándo) los gobiernos de España no han querido resolver esta injusticia que no sufrimos únicamente los valencianos. Desde entonces ha habido tres gobiernos en España de diferente signo. Uno del PP, otro del PSOE y este último de coalición de un irreconocible PSOE junto a un extremismo radical de Podemos.

Y aquí, en la Comunitat, llevamos cinco años de gobiernos del Botànic sin lograr ningún avance significativo en la materia; eso sí, diluyéndose poco a poco la reivindicación año tras año por parte del presidente Puig.

No hay ninguna razón para que los castellonenses, alicantinos y valencianos merezcamos menos que los vascos o los navarros a los que se les ha concedido en cuestión de meses pasar de un déficit del 0 % a un déficit del 2,6 % y 2,3 % respectivamente. De ahí que desde Ciudadanos hayamos pedido al resto de partidos en Les Corts que apoyen una medida que evite los privilegios que se están dando actualmente de una forma arbitraria y que hace que seamos tratados como ciudadanos de segunda, solicitando que nos sea concedido un déficit equivalente al del País Vasco.

Además, esta propuesta haría creíble un presupuesto que permitiría cumplir con las promesas recogidas en el mismo y con tener unos servicios sin los recortes a los que nos tiene acostumbrados la izquierda progresista, por mucho que les pese reconocerlo.

Para que se entienda: en el año 2019, aún a sabiendas de los dirigentes del Botànic, y debido a un presupuesto confeccionado con cifras ficticias de ingresos que no estaban autorizados, el Consell dejó de aplicar las promesas que había hecho en sanidad, educación, políticas sociales, vivienda, etcétera, por un total de 1.500 millones de euros, o lo que es lo mismo un desfase de 300 euros por valenciano. A su vez, la falta de liquidez en la que incurre el Consell por esta política continuada de presupuestos 'fake' hace que los recortes e incumplimientos con las familias y las empresas valencianas se haya disparado a 2.520 millones de euros en este último año.

Un déficit autorizado y sin privilegios del 2,6 % de nuestro PIB como el que ha conseguido el País Vasco supondrían 3.000 millones de euros que, inyectados en la confección del presupuesto, eliminarían cualquier tipo de recorte e incumplimiento.

¿Pero que han hecho hasta la fecha los Gobiernos del Botànic? Prometer e incumplir con los castellonenses, los alicantinos y los valencianos.