El presidente del Gobierno comenzó a entrevistarse a principios de septiembre con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria para recabarles su apoyo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Hay que recordar que seguimos regidos por los PGE aprobados para 2018 siendo Mariano Rajoy presidente del Gobierno y Cristóbal Montoro ministro de Hacienda.

Pedro Sánchez ha solicitado el apoyo tanto de los partidos políticos que apoyaron la moción de censura que presentó contra Rajoy como la de los que le denegaron su apoyo. Y esta insólita petición la fundamenta en que entiende que nos encontramos en una situación excepcional. No cabe duda de que la pandemia de la covid-19 no cesa y que sus desfavorables efectos económicos y sociales solo tienen como precedente próximo la crisis económico financiera de 2008-2014.

Decimos que la petición del presidente del Gobierno es insólita porque los PGE son la plasmación del proyecto político, económico y social de los diferentes Gobiernos en cifras de ingresos y gastos. Por eso en España, ni en los primeros tiempos de la transición, ni con motivo de la crisis económico-financiera el Gobierno de turno había solicitado al principal partido de la oposición que apoyara sus PGE. Las alianzas presupuestarias se han fraguado siempre entre uno de los grandes partidos en el poder con los partidos minoritarios.

Si lo que pretende el Gobierno es que sus 155 votos en el Congreso se incrementen con 21 más hasta alcanzar la cifra de 176, entonces estaríamos en el escenario habitual por el que pasan los Gobiernos que no tienen mayoría absoluta en el Congreso, solo que con una escenografía atípica. Por ejemplo, Felipe González en su cuarto mandato, sin mayoría parlamentaria consiguió aprobar sus PGE con apoyo de otros grupos parlamentarios hasta que la falta de apoyo para aprobar los PGE para 1996 le obligó a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales. González es el único presidente que ha disuelto las Cortes por la falta de apoyo parlamentario, negándose a mantenerse en el poder en 1996 prorrogando los PGE de 1995.

Con Sánchez se han alterado todas las costumbres parlamentarias. Una más es la de gobernar con unos PGE que no ha elaborado su Gobierno, sino el Gobierno de Rajoy. Y comienza a filtrarse la idea de que los PGE para 2018 podrían prorrogarse para 2021.

Si por el contrario, lo que pretende el Gobierno es confeccionar unos PGE en que participe la inmensa mayoría de los partidos políticos, nos encontraríamos por primera vez en la historia de España con la elaboración de unos presupuestos patrióticos, en que quedarían desdibujadas las líneas rojas y los vetos cruzados que separan a los distintos partidos políticos. Como muchos ciudadanos españoles, pensamos que si los partidos políticos no se ponen de acuerdo en estas circunstancias excepcionales, probablemente nunca se pongan de acuerdo, demostrando una falta de responsabilidad histórica.

Hasta la fecha no está claro si el Gobierno quiere un apoyo a sus todavía no desvelados PGE, a cambio de concesiones a unos y otros, como ha sucedido a lo largo de nuestra historia presupuestaria, o si pretende la confección de unos presupuestos patrióticos. Este aparente dilema, no debe olvidarse, trae causa en que el Gobierno solo cuenta con 155 diputados que le respalden y que le gustaría cambiar de parejas de baile.

Las posiciones del Gobierno y de los demás partidos políticos merecen alguna reflexión y alguna crítica. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, antes de entrevistarse con Sánchez, anticipó en los medios de comunicación que no apoyaría los PGE mientras que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, siquiera siendo vicepresidente del Gobierno, y en algún momento posterior añadió para justificar su postura que España necesita un partido en la oposición que sea alternativa del partido en el Gobierno.

Si estuviéramos en una situación ordinaria y no en la excepcional que padecemos podríamos compartir la postura del PP, y de cualquier partido de la oposición al Gobierno. Pero la situación que atravesamos no es la ordinaria: cerca de cuatro millones de parados y de un millón de personas cobijados en ERTE; un desplome catastrófico del Producto Interior Bruto; la necesidad de gestionar cerca de 200.000 millones de euros entre préstamos y ayudas de la Unión Europea; y la persistencia de la pandemia, que lejos de amainar parece que intensifica sus efectos directos y colaterales. Por todo ello consideramos que el líder del PP se ha equivocado. Debiera haber intentado verificar si lo que le pedía el presidente del Gobierno era una mera adhesión a su proyecto de PGE o un sincero deseo de elaborar unas cuentas patrióticas. Pero no lo hizo.

Del mismo modo que consideramos que el PP se está equivocando, otro tanto podemos decir de la estrategia del PSOE. Si Sánchez quiere que la inmensa mayoría de partidos políticos con representación parlamentaria aprueben su proyecto de PGE para 2021, lo que no puede pretender es la mera adhesión a ciegas de los partidos políticos a su proyecto, cuyas líneas maestras no se han dado a conocer. Un refrán español dice que no se puede estar en misa y repicando. Y el Gobierno, por una parte proclama que sus presupuestos serán «progresistas», y por otra exige que sean aprobados por los partidos políticos a los que no considera progresistas. La unidad que pide el Gobierno exige renuncias propias y de la mayoría de los partidos políticos con sentido de la responsabilidad histórica.

En las circunstancias actuales, por lo demás, va a ser necesario revisar el concepto de presupuestos ‘progresistas’. El PSOE socialdemócrata tiene una noción de progresismo o mejor dicho de ‘progreso’ que puede convalidarse en Europa. Pero dudamos de que los partidos populistas, nacionalistas y neocomunistas que llevaron a Sánchez a la Moncloa conecten con la idea de progreso que rige en la Unión Europea. No consideramos que con esas solas compañías pueda concebirse ni unos PGE progresistas, ni equilibrados ni aceptados por la UE.

El precedente de lo sucedido con la derogación por el Congreso del Real Decreto Ley 27/2020, sobre el gasto de los remanentes por los entes locales debiera servir para que el Gobierno tomara conciencia de que no puede seguir gobernando como lo ha hecho en los últimos meses, como si el Parlamento no existiera.

No nos cansaremos de decir una y otra vez que el progreso exige, además de que estén en un equilibrio estimable la libertad y solidaridad, dedicar grandes esfuerzos a crear riqueza para poder repartirla y así conseguir una igualdad y solidaridad cada vez mayor en nuestro país. Seguimos esperando, más allá de eslóganes y de propaganda, los proyectos gubernamentales de desarrollo sostenible de nuestro país que nos lleven a la primera línea de las sociedades desarrolladas más avanzadas.