Que el Consell del Botànic es el más municipalista de los habidos hasta la fecha, es una realidad incontestable, tanto por las acciones realizadas hasta el momento, como porque nunca se había contado de forma tan clara y evidente con los ayuntamientos de nuestra comunidad en el desarrollo de programas y acciones, las cuales son tremendamente importantes y beneficiosas para los ciudadanos, el Plan Edificant, el programa de libros de texto en la educación, los programas de inserción laboral Avalem joves, experiencia y plus, la delegación de competencias de multitud de acciones, fortaleciendo la gestión y el desarrollo adecuado de políticas de progreso, etcétera.

Sin embargo, una de las acciones más importantes realizadas por este Consell de carácter municipalista es la aprobación el pasado viernes 2 de octubre del anteproyecto de ley del Fondo de cooperación municipal de la Comunitat Valenciana. Este texto legislativo pretende entre sus distintos objetivos fortalecer una financiación justa y estable para nuestros municipios con criterios de objetividad en su distribución y sin condicionantes previos que determinen su gasto, de forma que cada ayuntamiento sea capaz de decidir libremente en qué gasta los recursos del fondo, favoreciendo su autonomía en la decisión.

El Consell presidido por Ximo Puig aprobó en 2017 el primer fondo de cooperación, 18 años después de que las fuerzas políticas valencianas se pusieran de acuerdo en su puesta en marcha, acuerdo que nunca se cumplió, y 11 años después de que en 2006 nos pusiéramos de acuerdo todas las fuerzas políticas en darle al fondo de cooperación el carácter estatutario, como apoyo evidente a su necesidad y como compromiso de implementación en la realidad municipal. Sin embargo, todos esos acuerdos y compromisos cayeron en el olvido por el desinterés en su aplicación por parte del partido gobernante, el PPCV.

En estos momentos es necesario recordar a la totalidad de las fuerzas políticas, que esos acuerdos debemos retomarlos, que el Fondo de cooperación beneficia a todos, ayuntamientos gobernados por el PP, el PSPV, Compromís u otras fuerzas políticas, que su distribución no entiende de colores y que hoy es más necesario que nunca que dotemos a la vida municipal de una financiación estable y segura, de mayores ingresos a los municipios para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos de nuestra comunidad.

Esta necesidad de financiación de los municipios ha sido entendida y compartida por las diputaciones provinciales de Castelló y València, que han fortalecido dicha financiación mediante la aportación económica paritaria a la realizada por la Generalitat. Desgraciadamente, la Diputación de Alicante no ha querido colaborar en fortalecer dicho sistema de financiación municipal, poniendo siempre por delante la discrecionalidad en la distribución de sus propios recursos a la objetividad de la misma, anteponiendo los criterios propios de inversión, a la autonomía de los municipios que consagra el Fondo de cooperación, en definitiva anteponiendo la confrontación innecesaria a la colaboración en la creación de un sistema de financiación municipal coherente y potente que pretende la ley en marcha.

Por todo ello, y para acabar con la discriminación en la distribución de los recursos económicos que finalmente consagra la situación actual, con municipios que obtienen la mitad de los ingresos solamente por el mero hecho de estar ubicados en una provincia, la de Alicante, cuyos dirigentes provinciales son incapaces de entender que los recursos económicos son de todos y se han de distribuir con justicia y equidad, el Consell aborda en esta ley la igualdad de todos los municipios, independientemente de la provincia a la que pertenezcan, mediante la coordinación institucional necesaria y acorde a nuestro Estatut, que posibilitará que tanto la Generalitat como las tres diputaciones provinciales aporten recursos al Fondo de Cooperación y, por tanto, a sus propios municipios.

No pretendemos desde la Generalitat que nadie nos dé dinero, sino que seamos capaces de transferir, tanto las diputaciones, como el Consell, el dinero a los ayuntamientos de forma equilibrada, objetiva e incondicionada y que nadie utilice los recursos económicos que son de todos con ambición partidista. Esta es una apuesta compartida que entendemos debería ser apoyada por todos los partidos en cumplimiento de los distintos acuerdos firmados hace tantos años y que tanta falta hace. El fondo de cooperación no entiende de colores.