El que cada 10 de octubre se conmemore el Día Mundial contra la Pena de Muerte, puede parecer hoy día a muchos algo carente de sentido, no sólo por su anacronismo, sino también por tratarse esa pena de un ataque inconcebible contra la dignidad e inviolabilidad del ser humano.
Habrá que recordarles que la lucha por la abolición, de la que durante siglos se consideró la forma ejemplarizante de castigar al delincuente (o en ocasiones al discrepante), no sólo es reciente en la historia de la humanidad, sino que incluso se mantiene todavía viva en países de la entidad de Estados Unidos o China, entre otros. Y alertarles del riesgo larvado en tantas conductas de odio que están proliferando y que, atacando al respeto a la dignidad de la persona, minan el anhelo a la fraternidad universal que la sustenta.
Recordar que, en nuestra España, restablecida la pena capital en el Código Penal de 1938 por Franco, fue intensamente aplicada en las depuraciones que siguieron a la contienda civil, y aún se produjeron las últimas ejecuciones el 27 de septiembre de 1975 (de dos miembros de ETA y tres del FRAP). La Constitución de 1978 suprimió la pena de muerte (artículo 15), salvo lo que dispusieran las leyes penales militares en tiempos de guerra; las que la abolieron también de forma absoluta en 1995. Así mismo, ratificó en 2009 el Protocolo nº 13 a la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe la pena de muerte en cualquier circunstancia.
Recordar que Amnistía Internacional señala que, en el considerado primer mundo, en EE UU en 2018 se llevaron a cabo 25 ejecuciones y se dictaron 45 condenas a pena de muerte; que en países como Botsuana, Sudán, Tailandia y Taiwán se ha reanudado la aplicación de la pena capital, y que todavía existen más de 20.000 personas condenadas a dicha pena.
Recuerdos que nos señalan que no estamos hablando de cuestiones de la Edad Media, sino que, por su proximidad o realidad, nos obligan a estar alertas para impedir retrocesos en algo tan fundamental como el del respeto a la vida humana. Y en ello estamos desde Fundación por la Justicia y tantas organizaciones civiles y políticas, que preferimos apostar por la vida y la dignidad de todos, sin excepción.
Necesaria alerta vigilante contra toda actitud o conducta que posibilite esos retrocesos, no sólo contra la inviolabilidad de esa vida, sino que también la amenace deteriorando o erosionando la intrínseca dignidad de todo hombre. La ceguera de Europa hacia el cementerio en que se ha convertido nuestro Mediterráneo; los crímenes de violencia de género; la violencia racista; la xenofobia y la aporofobia y el resurgimiento de ideologías extremistas basadas en el odio frente al ‘distinto’, son algunos ejemplos bien actuales tanto de los peligros que nos acechan, cuanto del camino que queda por recorrer, hasta llegar a la aspiración que expresaba Robert Schuman en su obra ‘Por Europa’: «La democracia nació el día en que el hombre fue llamado a realizar en la vida de todos los días la dignidad de la persona en su libertad individual, en el respeto de los derechos de cada uno y en la práctica del amor fraternal para con todos».
