Octubre es tiempo de fijar prioridades. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcaba las suyas esta misma semana, con la vista puesta en los 144.000 millones que la Unión Europea tiene reservados para España, entre créditos y ayudas a fondo perdido, dentro del plan de reconstrucción del continente por los efectos de la covid-19. También el Ejecutivo valenciano de Ximo Puig establecerá sus previsiones para 2021 en unos presupuestos que entrarán en las Corts Valencianes antes del 31 de octubre, unas cuentas que necesariamente estarán alineadas con los pactos políticos y sociales firmados hace unas semanas con empresarios, sindicatos, grupos políticos, ayuntamientos y diputaciones provinciales.
La amplia base de los pactos por la reconstrucción impulsados por el presidente de la Generalitat proporciona unos muros sólidos para unos acuerdos de largo alcance, consensos que contrastan con la algarabía de otras comunidades, enfrascadas en una confrontación permanente entre modelos de presente y de futuro. Y también ha de estar entre las razones del apoyo ciudadano que refleja la encuesta que Levante-EMV viene ofreciendo este fin de semana, según la cual Puig es el político más conocido y mejor valorado, y su partido, el PSPV-PSOE, pasaría de 27 a 36 diputados en las Corts Valencianes si hoy se celebraran elecciones autonómicas.
Consensos de largo alcance es lo que la sociedad espera y necesita en estos tiempos de incertidumbre, sentido de Estado y también «oposición de Estado», como señalaba el catedrático de Geografía Humana Joan Romero en el Club de Encuentro Manuel Broseta, subrayando que la polarización y la ausencia de lealtad institucional (de algunos) «hacen intransitable el espacio de construcción de consensos y de consecución de acuerdos necesarios».
Pocos días después de que Puig presentara en las Corts sus planes de futuro en 410 proyectos concretos para la Comunitat Valenciana a desarrollar en los próximos siete años, Romero remarcaba que la década 2020-2030 será decisiva para fijar el papel que la Comunitat desempeñará en España y en la Europa de las regiones.
Las prioridades parecen estar claras y son compartidas: lucha contra el cambio climático con políticas y prácticas sostenibles; fortalecimiento de los servicios públicos y consolidación del estado del bienestar; un modelo productivo justo que contribuya a soportar con impuestos las necesidades de la sociedad; la innovación y la digitalización como herramientas de desarrollo y progreso; equilibrio territorial que no deje fuera de juego a las zonas rurales y despobladas; apoyo a la juventud para que pueda generar proyectos vitales propios...
Pero esta carta a los Reyes Magos tiene también sus borrones. Como conocen bien muchos de los gestores públicos de las distintas escalas, la Aministración es un elefante lleno de resabios, que se resiste a todo cambio y que tiende a demorar, cuando no paralizar, cualquier innovación que tenga por objetivo ganar eficacia. El catedrático Joan Romero resalta que en los despachos de Bruselas existe especial temor por el destino de los fondos que puedan corresponder a España en el plan de reconstrucción. Los 144.000 millones reservados son una cantidad muy superior a los fondos europeos recibidos en las últimas décadas. Pues bien: de todas las partidas asignadas sólo se ha podido gastar el 34 % por pura y simple incapacidad de gestión. Y eso que la mayor parte iba para proyectos singulares como la red de ferrocarril de alta velocidad (AVE). Con ese precedente, ¿cómo no pensar que Europa está a punto de dejar caer una lluvia de dinero sobre una sociedad de manirrotos?¿Será suficiente exigir proyectos concretos, bien elaborados y alineados con sus objetivos para asegurar un buen destino de los fondos?
La modernización de la Administración es una asignatura pendiente y permanente de todas las escalas. Y esa Administración es la que tiene que ejecutar o tutelar los fondos de reconstrucción. Muchos responsables públicos intentan imprimir innovación y dinamismo en los engranajes, pero la mayoría fracasan, como le ha sucedido a la vicepresidenta Mónica Oltra al intentar reasignar funcionarios dentro de sus mismas áreas de Políticas Inclusivas de unos servicios con menos carga de trabajo a otros más saturados por la pandemia. Otros ni siquiera lo intentan y a algunos que perseveran en el objetivo les hacen la vida imposible, como le está sucediendo a la titular de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, por tratar de orientar el trabajo de determinados funcionarios hacia la eficacia en beneficio del ciudadano en vez de hacia el suyo propio. Modernizar la Administración no es sólo habilitar el teletrabajo o eliminar el papel. Es renovar un compromiso de servicio público con un grado de autoexigencia y eficacia comparables a los de la empresa privada. Lo contrario consolida la desconexión social, la endogamia y otros cuantos males. Ojalá Europa tuviera también fondos de reconstrucción, recetas o vacunas para curar este virus.
Barcelona también da un nuevo uso a su sede principal de correos en el centro histórico
El edificio principal de Correos en Barcelona se convertirá en un espacio de ubicación de empresas innovadoras y un centro social que revitalizará con 1.500 empleos la Ciutat Vella de la capital catalana en dos años, según el acuerdo al que han llegado el servicio postal, el Consorcio de la Zona Franca y el ayuntamiento de Ada Colau. De este modo, un inmueble singular e infrautilizado, que no necesita la ubicación que hoy ocupa para desarrollar el servicio que presta, será una palanca de renovación urbana y dinamización económica. En Madrid, el Palacio de Comunicaciones de la plaza de Cibeles, sede central de Correos de España, es desde hace unos años la casa consistorial de la capital tras otro acuerdo alcanzado entre las partes. En València, la sede de los servicios postales se mantiene en uno de los edificios más céntricos y bellos de la capital, una manzana casi completa para un servicio público que poco tiene que ver con el que era antes de la generalización del correo electrónico y de la explosión de la paquetería. El edificio de Correos de la plaza del Ayuntamiento puede reconvertirse en muchas cosas: desde un nuevo museo fallero para una fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad (como se ha preconizado desde estas páginas) hasta un espacio para la economía digital. Cabe esperar que València no sea la última capital española en dar un nuevo uso a una joya que ya le viene grande al servicio postal.
