Las democracias avanzadas se caracterizan porque los principios y reglas en que se fundamentan son inobjetables: división e independencia de los poderes, soberanía popular, garantía de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y un largo etcétera de reglas entre las que debe destacarse que no se puede discutir ni poner en cuestión la legitimidad de los Gobiernos surgidos de las urnas.

En España, como en los demás Estados de la Unión Europea, el cumplimiento de los principios y reglas democráticos no es solo una cuestión de Derecho interno. En efecto, para ser miembros de la UE, desde su fundación, se exigía a los aspirantes a integrarse en la misma que fueran Estados democráticos, razón esta por la que Franco nunca consiguió que España se integrara en las Comunidades Europeas, ahora Unión Europea. Fue necesaria la Constitución de 1978 y acreditar que los principios y reglas democráticos se cumplían. Y hay que tener en cuenta que dicho cumplimiento no es solo un requisito previo, sino permanente. La Comisión Europea está obligada a vigilar a los Estados y si comprueba que se incumplen principios o reglas fundamentales de la democracia puede proponer al Consejo sanciones muy graves que pueden llegar a privar al Estado en cuestión de su voto en las instituciones.

Hasta la fecha, las advertencias de la Comisión Europea a Estados desviacionistas de las reglas democráticas han dado sus frutos. Ese sería el caso reciente de las advertencias, en 2018, a Polonia por pretender introducir reglas que ponían en cuestión la independencia del Tribunal Supremo polaco. Y, lamentablemente, la pretendida reforma postulada por PSOE y Unidas Podemos para la elección de 12 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial ha determinado a la Comisión Europea a emitir una señal de alerta que debiera ser tenida en cuenta por el Gobierno y por el Congreso de los Diputados. Pues no cabe duda de que la reforma que se plantea puede poner en peligro, más de lo que estaba hasta la fecha, la independencia del Poder Judicial.

Es cierto que la Constitución deja en manos del legislador ordinario la determinación de la mayoría necesaria para elegir a 12 miembros del CGPJ. Pero es igualmente cierto que rebajar la mayoría de tres quintos que se exige en la actualidad a la mayoría absoluta, que coincide siempre con la que necesita un partido político o una coalición para investir al presidente del Gobierno, genera dudas considerables porque es fácil deducir que la cláusula de salvaguardia se puede activar no solo por la minoría que tiene en su mano alcanzar los tres quintos de votos necesarios para elegir a los miembros del CGPJ, sino por una mayoría absoluta que se niegue a pactar con la minoría. No parece que sea lo más adecuado que haya dos tipos de consejeros, unos elegidos por mayoría absoluta y otros por mayoría de tres quintos. Razón esta por la que el legislador igualó la mayoría exigida para elegir a todos los consejeros.

En las democracias avanzadas, todos los operadores políticos, y en particular el Gobierno y la oposición, deben cumplir con los papeles que tienen asignados, lo que no está sucediendo. No hay que olvidar que la crisis desencadenada tiene su origen en que el Partido Popular se niega a sentarse a la mesa de negociación porque no acepta que Unidas Podemos pueda intervenir en la designación de miembros del CGPJ. A nosotros y a muchos socialdemócratas no nos gusta que Unidas Podemos forme parte del Gobierno. Pero de no gustarnos a no reconocer la legitimidad del Gobierno PSOE-Podemos hay un trecho que ningún demócrata debe recorrer. Hemos escrito varias veces que creemos que Pedro Sánchez se ha equivocado al formar gobierno con Unidas Podemos. Pero también creemos que el PP se ha equivocado pactando con Vox, lo que no significa que, como algunos pretenden, demonicemos cualquier política del PP por gobernar con los escaños de Vox.

También es necesario recordar al PP que en 2012 modificó la legislación aplicable a la Corporación Radio Televisión Española introduciendo una cláusula para la elección de los consejeros que es idéntica a la que ahora pretende introducir el PSOE para la elección de 12 los miembros del CGPJ. No son comparables RTVE y el CGPJ, pero ambas conductas son reprobables; la del PP en 2012 que se consumó, y la del PSOE que esperamos que no se consume.

La actitud del PP de no querer sentarse a la mesa de negociaciones para poner fin a la transitoriedad tanto del CGPJ como del Tribunal Constitucional es lo que se conoce en el ámbito parlamentario como filibusterismo, conducta reprobable que se da en la mayoría de los regímenes parlamentarios. Bueno sería que los parlamentarios españoles de todos los partidos políticos leyeran el libro ‘La audacia de la esperanza’, escrito en 2006 por Barack Obama, cuando era senador por Illinois, en el que hace un análisis brillantísimo sobre lo nocivo del filibusterismo en el Senado norteamericano.

En el caso que nos ocupa, la conducta del PP se agrava al denunciar en la Unión Europea la reforma que proponen PSOE-Podemos, que trae causa en la negativa del PP a cumplir con su papel de oposición, que en caso alguno puede consistir en bloquear el nombramiento de órganos constitucionales. Guste o no guste, el Gobierno PSOE-Podemos es un Gobierno legítimo que el PP debe reconocer, de la misma manera que reconocemos los gobiernos autonómicos resultado del pacto del PP y Ciudadanos con Vox. O ¿acaso quiere recibir el PP el mismo trato que está deparando al Gobierno de coalición PSOE-Podemos si alcanza en las próximas elecciones generales la mayoría absoluta aliándose con Vox?

Seguimos durmiendo tranquilos, no porque nos tranquilicen el Gobierno y la oposición, que parecen dispuestos uno y otro a incumplir los principios y reglas constitucionales, sino porque la Unión Europea vigila a nuestros políticos. Podemos decir una vez más que Europa no es el problema, Europa es la solución a nuestros problemas.