Transcurridos siete meses desde el estallido de la covid-19 observamos con preocupación cómo las previsiones más solventes de la comunidad científica auguran que esta pandemia continuará acompañándonos en nuestras vidas durante un buen tiempo más. Al menos, hasta que no dispongamos de una vacuna segura y, sobre todo, hasta que tengamos las dosis suficientes para suministrarlas a toda la población. Y para esto último, en el mejor de los casos, podemos estar hablando de doce meses más.

Por tanto, en caso de cumplirse estas -desde mi punto de vista- realistas previsiones, estaríamos hablando de que la pandemia, a pesar de los enormes avances científicos de los últimos tiempos, habrá formado parte de nuestras vidas durante más de año y medio. Se dice pronto.

Una de las lecciones de esta pandemia es la constatación de que salud y economía constituyen un binomio inseparable. Y en este sentido, estamos comprobando como la crisis sanitaria a su vez está desembocando en una profunda recesión económica. Fundamentalmente motivada por la drástica reducción de la movilidad y de las relaciones sociales, tanto en el ámbito laboral como en el personal, lo cual fundamentalmente acaba golpeando con gran dureza al sector servicios, a la postre el principal sector dentro de la economía española, y sobre todo, de la economía valenciana.

Según estimaciones recientes de Asempleo, a día de hoy el coronavirus habría dejado a más de un millón seiscientas mil personas sin empleo en nuestro país, contando también a aquellos inmersos en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). A lo que cabría añadir los más de un millón de trabajadores autónomos situados en la cuerda floja como consecuencia de la drástica reducción de su facturación.

Precisamente es en momentos como los actuales cuando más se constata la necesidad de contar con potentes sistemas de protección social. Porque lo que resulta evidente es que sin la existencia de ayudas serían muy pocas las personas con colchón suficiente para poder resistir una pérdida total o drástica de ingresos durante tanto tiempo de convivencia con la pandemia.

En este sentido, uno de los grandes logros de la construcción europea fue desde el principio la creación del denominado Estado del Bienestar, hoy canalizado jurídicamente fundamentalmente a través del Derecho de la Seguridad Social. La clave no ya solo de su instauración, sino sobre todo de su desarrollo, consolidación y mantenimiento a lo largo del tiempo de este fenómeno también conocido como Modelo Social Europeo, ha sido la existencia de un amplio y transversal consenso político y social. Desde el mismo momento de su nacimiento, hasta el día de hoy.

Así, en contra de lo que algunos pudieran pensar, los propulsores de los principales modelos de seguridad social imperantes hoy día en el mundo, no fueron ni políticos socialistas ni tampoco comunistas. Ni tan siquiera socialdemócratas. Sus principales propulsores fueron, por un lado, Otto von Bismarck, canciller alemán perteneciente al Partido Conservador Alemán, quien a finales del siglo XIX introducía por primera vez los seguros sociales obligatorios. El conocido como ‘modelo bismarckiano’ resultó pionero en todo el mundo, teniendo como objetivo fundamental la protección de los trabajadores a través de unas adecuadas prestaciones de seguridad social. Las cuales serían financiadas a través de las aportaciones de empleadores y trabajadores, así como también de manera complementaria a través de un subsidio estatal.

Y por otro lado, William Beveridge, miembro de la Cámara de los Comunes en representación del Partido Liberal Inglés, quien posteriormente, en plena vorágine de la Segunda guerra mundial, impulsaba el modelo conocido como Plan Berevidge. Modelo que iba más allá del ideado por Von Bismarck, al dirigirse a toda la población y no exclusivamente al colectivo de trabajadores. Es decir, el objetivo de este segundo modelo era que con carácter universal toda la ciudadanía tuviese acceso a una protección social mínima, que fundamentalmente sería financiada a través de los impuestos.

En este sentido, un reciente ejemplo del citado consenso en materia de protección social lo tendríamos en nuestro país con el acuerdo alcanzado para la ampliación de los ERTE. Acuerdo suscrito en el seno del diálogo social entre patronal y sindicatos. O también el acuerdo alcanzado para la aprobación de una prestación económica para los trabajadores autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. Medida que no hubiera sido posible sin el incesante empeño de los representantes del colectivo de trabajadores autónomos.