Entre el 2005 y el 2009 en Manitoba, una remota colonia menonita en Bolivia cuyos residentes se oponen a la modernidad, muchas mujeres y niñas se levantaban por la mañana con sus cuerpos doloridos y aletargados, a menudo sangrantes, consecuencia de haber sido agredidas sexualmente por la noche. Ellas no lo sabían y solo guardaban la sensación de que algo terrible les había sucedido. Se les hizo creer que se debía a fantasmas y demonios. Se las llegó a acusar en la comunidad de mentir para llamar la atención o para cubrir adulterios; incluso se les achacó un exceso de imaginación. En el 2009, nueve hombres fueron detenidos. En el 2011, un tribunal boliviano los condenó a prisión por violar y abusar sexualmente de 130 mujeres y niñas, de entre 3 a 65 años, dentro de esta pequeña comunidad religiosa utilizando un anestésico para animales. Pero no todas las mujeres violadas fueron incluidas en el proceso judicial, y se cree que el número real de víctimas es mucho mayor. La escritora canadiense Miriam Toews, este año 2020, partió de estos hechos reales en su libro Ellas hablan, donde dio voz a las mujeres de la comunidad, aquellas que Ona Friesen, una de sus protagonistas, describía como “mujeres sin voz. Mujeres fuera del tiempo y del espacio, sin siquiera el idioma del país donde vivimos”.
Defiende la escritora e historiadora Rebecca Solnit en su libro Los hombres me explican cosas que tendemos a ver y tratar este tipo de casos como anomalías. Anomalías sobre un telón de fondo de noticias secundarias sobre violencia contra las mujeres sobre las que, a su vez, se proyectan el resto e impiden entrar en el meollo de lo que realmente es: la pandemia de violencia que los hombres –familiares, amigos o extraños– ejercen contra las mujeres. Cualquier mujer de manera aleatoria la puede sufrir por el simple hecho de ser mujer y ninguna –ya seamos abogadas, periodistas, estudiantes o juezas– estamos exentas.
Veamos nuestro telón de fondo. En España, desde el 2003 al 2020, 1.069 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas. 1.069 mujeres asesinadas. En el feminicidio como versión más extrema de la desigualdad, el agresor niega cualquier derecho a su víctima para afirmar su derecho absoluto de controlarla y de decidir incluso si vive o muere. Es un sistema de control. Los tratados internacionales lo califican de manera unánime como atentado a los derechos humanos. Y lo es.
Dentro de los requerimientos del Convenio de Estambul, al que el Gobierno de España se adhirió en el año 2014, la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del 2019, cuyos resultados se han hecho públicos recientemente, reconocía que una de cada dos mujeres (57% de 11.688.411 mujeres de 16 o más años residentes en España) ha sufrido violencia por el simple hecho de ser mujer.
En materia de violencia sexual, el porcentaje asciende (como en el 2015) a un 13,7% de mujeres de más de 16 años residentes en España que la ha sufrido en algún momento de su vida. El 12,4%, en una agresión sexual colectiva. Además, el 99,6% de los agresores son hombres, normalmente un conocido, familiar o amigo de la propia víctima, que la cometen en el 44,2 % de las ocasiones en una casa, puede que de la propia víctima. Y aunque casi nunca se habla de ello, lo cierto es que se nos ha hecho a las mujeres –no a los hombres– responsables de sufrirla y también de prevenirla.
La encuesta del 2018 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sobre Percepción social de la violencia sexual extrajo que el 43,7% de las 2.500 personas encuestadas culpaban a la víctima de una agresión sexual por su comportamiento previo, y el 47,2% eximía parcialmente al agresor cuando este había bebido. Es decir, casi una de cada dos personas, en ambos casos, justifica la violencia sexual. Ello incide en un clima de tolerancia en el que los agresores se hacen valientes y las víctimas se empequeñecen –incluso iniciado un proceso judicial– por miedo al agresor, por vergüenza o miedo a no ser creídas. Además, la importancia de estos datos reside en lo que no está. La violencia que permanece oculta porque no se denuncia. En la macroencuesta, la violencia sexual denunciada asciende al 8%. El 92% restante que la ha sufrido no la ha denunciado. Aquí, como en Manitoba, no se conoce el número real de víctimas. No tienen voz.
Marise Loewen, otra mujer menonita que sí habla en la ficción de Toews, les dice al resto: “Nuestra libertad y seguridad son nuestros objetivos últimos”. Y sí. Porque son derechos incuestionables de las mujeres, nuestros, de las sin voz
