Impotencia y frustración. Con esas palabras describiría las sensaciones que me invadieron cuando conocí la historia de Vicente Tortajada. Este valenciano de 69 años relataba en una entrevista realizada en el periódico Levante-EMV cómo había convertido un trastero de apenas 16 metros cuadrados en su hogar. Una cama, un sofá, una pequeña mesa y algunos utensilios de cocina es de lo poco que Vicente almacenaba entre las paredes de aquel pequeño e improvisado habitáculo. Desde hace dos años, cuando lo desalojaron por no poder hacer frente a su alquiler, se ha visto obligado a llevar la casa a cuestas.

Cuando le preguntaron acerca de su solicitud para acceder a una vivienda social, él respondió: «No sé... como yo ya cobro mi pensión... creía que no tenía derecho a nada más». Aquellas palabras resonaron con fuerza en mi mente. Vicente había sintetizado en una sola frase lo que han conseguido décadas de ideología neoliberal: para muchas ciudadanas y ciudadanos, el acceso a unas condiciones de vida digna no se concibe como un derecho, sino como un privilegio.

A pesar de todo, los últimos acontecimientos han evidenciado el avanzado estado de descomposición del credo neoliberal. Durante los últimos cuarenta años, los intelectuales de esta ideología han trabajado día y noche para convencernos de que la intervención estatal era nociva en cualquier circunstancia. A la hora de la verdad, sin embargo, muchos de los grandes oligopolios económicos y fondos de inversión han sido los primeros en apostatar de sus creencias y solicitar la intervención del Estado para su rescate. Ninguno de los apóstoles del neoliberalismo ha esperado que la mano invisible les solucionara sus problemas de solvencia o de rentabilidad provocados por la pandemia. En estos últimos meses, la mano invisible ha hecho honor a su principal cualidad: la de ser invisible, porque no se la ha visto por ningún lado.

Han sido las instituciones públicas las que, en los peores momentos de la pandemia, han actuado como una garantía para que millones de familias pudieran seguir adelante. Ni Google, ni Amazon, ni Tesla aparecieron para salvarnos. Solamente las administraciones públicas se han demostrado capaces de coordinar, reorientar y movilizar los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia.

Las instituciones europeas parecen haber tomado buena nota de ello y han decidido liderar el nuevo momento keynesiano que estamos viviendo. Un momento con el que tanto la Generalitat como el Gobierno de España se encuentran en plena sintonía. Y que, a nivel institucional, debemos aprovechar para dibujar una hoja de ruta diametralmente opuesta a la de la pasada recuperación.

Los presupuestos de la Generalitat para el próximo año deben ser, ante todo, una respuesta contundente y clara a los golpes que la pandemia ha propiciado a los sectores más humildes de nuestra sociedad. La urgencia social que están viviendo las clases populares de este país pone en evidencia la necesidad de fortalecer los servicios públicos y expandirlos a otros ámbitos.

La crisis habitacional que arrastra este país desde 2008 ha provocado el hacinamiento de miles de personas en pisos de escasas dimensiones y sin las condiciones adecuadas. Esto no solamente agrandó la brecha educativa que existe entre los diferentes estratos sociales durante los meses del confinamiento; también ha supuesto un obstáculo para el éxito de las políticas sanitarias de prevención y control de los contagios. En suma, la eficacia de nuestra respuesta sanitaria o la calidad de nuestro sistema educativo también dependen del acceso a una vivienda digna.

Desde que el Acuerdo del Botànic empezó a caminar hemos conseguido revertir la terrible situación en que se encontraban nuestros servicios públicos fundamentales como consecuencia de décadas de austeridad. Lo afirma la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, que sitúa el País Valenciano como la autonomía donde más ha aumentado el gasto social en los últimos años. Éste, y no otro, ha sido el secreto que nos ha permitido hacer frente y controlar mejor la pandemia que otros territorios.

Sin embargo, todavía no ha ocurrido lo mismo con las políticas de vivienda. Sin duda, existen avances innegables en este ámbito como la ley de ampliación del parque público y las más de 700 viviendas que hemos adquirido en este último año y algunos meses para que puedan ser habitadas por las familias que más lo necesitan. Pero debemos ir más allá. El Estado del Bienestar no puede ser una reliquia que solamente se modifique a petición de los más poderosos. Al contrario, necesita adaptarse a los cambios en las necesidades de la mayoría social.

Por este motivo ha llegado el momento de que reforcemos nuestro Estado del Bienestar autonómico con un cuarto pilar: el de la vivienda. Una medida que alinearía las cuentas de la Generalitat con los nuevos consensos que están surgiendo a nivel internacional. Entidades como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional llevan meses advirtiendo sobre la importancia de situar el derecho a la vivienda como un vector fundamental de las políticas públicas. Y, en esta misma línea, el Plan de Recuperación Europeo ha situado el derecho a la vivienda como uno de los ejes de la próxima recuperación. Pero, sobre todo, serviría para enviar un mensaje claro a la ciudadanía: esta crisis económica no detendrá nuestro empeño por ampliar los derechos sociales del pueblo valenciano.

Personalmente, me sumé al cambio político creyendo en valores y convicciones que nunca he dejado, ni dejaré, en la puerta de entrada de ninguna institución. Sigo plenamente convencido de que el principal objetivo de toda política debe ser la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social. Un objetivo que estoy seguro de que comparten el resto de los dirigentes del Botànic. No permitamos, por tanto, que los aspavientos y los discursos incendiarios de la derecha entorpezcan los avances sociales de este país. Que ellos sigan hablando de conspiraciones y sobre quién tiene la bandera más grande. Mientras tanto, nosotros seguiremos haciéndolo sobre aquello que realmente nos preocupa: los problemas que dificultan la vida cotidiana de la ciudadanía y, sobre todo, acerca de cómo solucionarlos.