La Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) celebró la pasada semana un encuentro con el objetivo de compartir reflexiones y propuestas para abordar los retos que afrontamos como sociedad en la próxima década. En dicho encuentro, el presidente de la CRUE, José Carlos Villamandos, planteó la necesidad de reflexionar sobre la sociedad que queremos dentro de diez años para así definir la universidad que necesitamos. A continuación, se plantearon propuestas concretas sobre las misiones de la universidad (docencia, investigación y transferencia); temas transversales como la sostenibilidad, la igualdad de género, la transformación digital y la internacionalización, así como el papel de las personas (profesorado, personal de administración y servicios y estudiantado) y la financiación universitaria para liderar los retos que debemos abordar en un futuro. La idea es que todo este conjunto de propuestas sirva de base para elaborar un documento de debate en la comunidad universitaria y que defina de hoja de ruta sobre la universidad del 2030.

Sin embargo, para hacer realidad las propuestas planteadas, se necesita contar con el Gobierno central y las diferentes comunidades autónomas, que de manera coordinada tengan la voluntad de impulsar un pacto por la universidad. A nivel estatal, además del Pacto por la Ciencia y la Innovación, cuyo borrador se ha elaborado desde el Ministerio de Ciencia e Innovación y que prevé aumentar la inversión en I+D i hasta alcanzar el 2 % del PIB en 2027, es urgente impulsar también un pacto por la universidad que solucione, entre otros aspectos, la infrafinanciación universitaria y los obstáculos que impiden estabilizar el profesorado y renovar las plantillas.

En relación a la financiación pública de la universidad, todavía no hemos recuperado los recursos de antes de la crisis de 2008. Soy consciente de que las prioridades a las que destinar parte de los fondos de recuperación europea son y serán muchas, pero las universidades debemos ser una de ellas. El destino de los 140.000 millones de euros debe ir acompañado de reformas y cambios en el modelo productivo de nuestro país, intensificando su capital de conocimiento y su competitividad tecnológica y de innovación, y para ello las universidades debemos estar en primera línea, como apunta el documento elaborado en el Foro Universidad 2030.

Si pasamos al nivel autonómico, el tema de la financiación universitaria no está resuelto. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, y según datos proporcionados por el Sistema de Información de las Universidades Valencianas Públicas (Siuvp), en 2018 las cinco universidades públicas (UV, UPV, UA, UJI y UMH) sumaban un volumen de ingresos de 1.195 millones de euros, un 6,1% menos que en 2008, cuando el presupuesto era de 1.274 millones. Sin embargo, y a pesar de que los ingresos de las universidades siguen por debajo de la anterior crisis, los datos muestran que los recursos que obtienen en el ejercicio de su actividad han aumentado del 16,9 % al 21,3 %.

En ese sentido, el president de la Generalitat, Ximo Puig, durante el acto de proclamación de los Premios Rei Jaume I 2020, apuntaba que «la vacuna para conseguir situar a la ciencia en el lugar que merece es aumentar la inversión pública y privada en I+D+i». Totalmente de acuerdo, pero dado que el 70 % de la ciencia se realiza en las universidades y las universidades sí han aumentado la captación de recursos privados, ahora corresponde que se produzca una mayor inversión pública, dejando constancia en los próximos presupuestos autonómicos de que las universidades públicas somos una prioridad.

También necesitamos seguir avanzando en la elaboración del plan plurianual de financiación para el sistema universitario valenciano. Esperemos que el trabajo que en estos momentos está realizando el comité de expertos, junto con la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, sirva de marco para impulsar una financiación pública plurianual basada, por una parte, en el servicio público que presta cada universidad, y, por otra, en los resultados obtenidos. Ambos indicadores son relevantes, ya que como consta en el informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat del año 2020, «los criterios de reparto han quedado desfasados respecto al volumen o coste de prestación de servicio de cada universidad». En ese sentido, el reparto de los fondos se sigue haciendo con datos de 2010, hace ya un decenio, y es obvio que todas las universidades han experimentado cambios, tanto en el número de estudiantes como en los resultados vinculados a las misiones de la universidad.

Por lo que se refiere a los obstáculos que impiden la estabilización del profesorado y la renovación de las plantillas envejecidas, eliminar o mitigar la tasa de reposición a través de la ley de presupuestos es una solución puntual que se ha trasladado al Ministerio de Universidades y al Ministerio de Hacienda. Además, el pacto por la universidad debería contemplar a nivel estatal medidas ambiciosas para incorporar talento en las universidades, cumpliendo así con la necesaria renovación de las plantillas. Dichas medidas serán mucho más efectivas si se coordinaran con las iniciativas autonómicas. En ese sentido, en la Comunitat Valenciana el plan GenT, con el que se han incorporado 51 investigadoras e investigadores, la Agencia Valenciana de la Innovación, o la futura creación de una institución valenciana de excelencia investigadora pueden ser pasos importantes para captar y retener talento, al mismo tiempo que para reforzar el papel de las universidades en el desarrollo científico y la innovación que necesita, no ya la sociedad del futuro, sino la del presente. Esperemos que no lleguemos tarde.