El Consejo de Ministros del 15 de septiembre aprobó, sin participación o consulta previas al movimiento memorialista, un nuevo anteproyecto de Ley para sustituir la anterior ley Zapatero 52/2007 sobre ‘Memoria Histórica’. Anteproyecto que modifica el anterior cambiando incluso el nombre: ahora se habla de memoria «democrática» en lugar de «histórica», lo que resulta discutible ya que esta norma pretende aplicarse a lo sucedido tras el golpe militar contra la II República y la posterior dictadura fascista que durante casi 40 años procuró desaparecer toda referencia suya. Pero la Exposición de Motivos del anteproyecto postula que la Constitución monárquica del 78 es la única continuadora de las dos Repúblicas españolas, obviando que fue Franco quien decidió nombrar a un Borbón como su sucesor en la Jefatura del actual Estado monárquico.

También llama la atención que este anteproyecto comience sus disposiciones declarando el carácter «radicalmente nulo» de las sentencias franquistas por motivos políticos, ideológicos o de creencia, así como la «ilegitimidad» de sus tribunales. Declaraciones, ojo, no de ilegalidad ni derogatorias, por lo que este este anteproyecto carecerá de aplicación práctica ante los tribunales, como por ejemplo acaban de denunciar familiares de los 5 últimos fusilados del franquismo que recordamos cada 29 de septiembre. Y significativas son también las dos fechas conmemorativas propuestas: el 8 de mayo como Día del Exilio, jornada que desde 1945 conmemora en Europa el hundimiento definitivo del nazismo, no del fascismo patrio que duraría otros 30 años causando enorme desolación al exilio exterior e interior; y el 31 de octubre como día de las Víctimas del franquismo, coincidiendo con el aniversario, 84 años después del golpe de estado franquista, de la convocatoria del referéndum de la Constitución monárquica de 1978 que sirvió, primeramente, para refrendar los designios trazados personalmente por este sanguinario dictador.

La nulidad jurídica del anteproyecto queda igualmente patente en la propuesta de una ‘Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos’. Excelso título para un puesto y función casi testimoniales, al seguirse omitiendo elementos del derecho internacional de obligada observancia para los países «democráticos», como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con la no prescriptibilidad de los delitos de «lesa humanidad», la prevalencia absoluta sobre cualquier legislación del estado español o las referidas a la denominada «cuestión española». Omisiones que mantendrán a la nueva Fiscalía al margen de los tribunales de justicia sobre derechos humanos y la supeditarán a los dictámenes jurídicos de la magistratura española y del sistema judicial, que podrán seguir escudándose en la no derogada Ley de Amnistia de 1977 o en la supresión tramitada por el gobierno Rajoy del principio de jurisdicción universal que permite actuar a la justicia internacional como ocurre con la llamada «querella argentina». Situación, por otra parte, que también afecta a las nuevas disposiciones sobre reparación de las víctimas (sin poder imputar penalmente a los victimarios) y régimen de sanciones, solamente administrativas.

Es verdad que el anteproyecto incluye mejoras con respecto a la anterior ley, pero preciso es reconocer que nace «descafeinado» y supeditado a un proceso de tramitación que demorará desarrollo varios años, como si lo que persiguieran los proponentes fuera tan solo consolidar la monarquía cada vez más desacreditada y cegar cualquier aspiración popular hacia la Tercera República. Sin embargo, cada vez está más claro que ésta será la única forma de acabar con la impunidad franquista.