Entre las incertidumbres que nos rodean a causa la pandemia, tenemos que alegrarnos de que los centros educativos estén funcionando de manera que no producen grandes noticias. En general, se ha dado bastante flexibilidad en la Comunidad Valenciana para que sean los mismos centros los que ajusten las recomendaciones sanitarias según sus características (tipo de infraestructuras, recursos…) y, se ha descargado gran parte de las decisiones en el profesorado. Según algunos docentes, esta falta de protocolos sanitarios más concretos y la falta de control (desde Sanidad) acerca del modo en que se aplican, en algunos centros les causa problemas. Obviamente, habría que estudiarlo. Y no es posible afirmar con certeza si realmente las decisiones que se toman en todos los centros educativos están bien tomadas o no. En el aspecto académico, hay centros que se han podido adaptar mejor, con incremento de docentes y manteniendo el rol de apoyo de profesorado específico para alumnado con necesidades educativas especiales (docentes de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje); y apoyos mediante clases por internet cuando se cierran aulas. En otros, sin embargo, esos docentes han tenido que asumir otras tareas en el centro para poder atender la distribución de grupos con menor número de alumnado. Pese a las dificultades, los centros educativos están actuando y cumpliendo con su labor educativa y facilitadora para que madres y padres puedan atender también su vida laboral.

Esta diversidad al afrontar la COVID-19 entre los centros educativos, tanto en lo sanitario como en lo académico, es consecuencia de las posibilidades de interpretación de un protocolo genérico. La flexibilidad en la interpretación de recomendaciones conlleva aplicaciones muy diversas -desde acertadas a erróneas-, aunque con ello se facilite su aplicación.

Tal como viene informando Miriam Bouiali en Levante-EMV, según datos de la Consellería de Educación, el número de aulas que han debido cerrarse hasta el momento a causa del COVI-19 es relativamente bajo (manteniéndose en 2 de cada 10 aproximadamente). La Comunidad Valenciana está soportando bastante bien hasta ahora el impacto de la pandemia y esperemos seguir así. Pero, si se recrudece, muy posiblemente el número de cierres de aulas se incrementará. También es posible que se produzcan clausuras más frecuentes en unos centros que en otros y que puedan darse circunstancias que impliquen cerrar en más de una ocasión aulas en un centro escolar, mientras que en otros queden afortunadamente libres de ello.

Antes del confinamiento, ocurrido en primavera de este año, ya éramos conscientes de que las desigualdades que se dan entre las familias, originadas por diferencias en el nivel socioeconómico y cultural, iban a ampliarse al tenerse que cerrar las escuelas. El estudio que pudimos realizar acerca de la Escuela en Casa (también difundido en este diario), puso de manifiesto que la atención del alumnado a partir de internet, no pudo paliar las desigualdades, siendo los colectivos menos favorecidos los más perjudicados por la desaparición de la escuela presencial. A ellos, se añadieron otros colectivos perjudicados: los que por motivos del trabajo de las familias no podían apoyar mejor a sus hijos en la Escuela en Casa. La atención educativa que podían dedicar a sus hijos familias con suficiente nivel cultural, por dificultades en la conciliación de las vidas familiar y la laboral, era peor que la que se podía esperar.

El control semanal realizado desde Consellería acerca del nivel de incidencias es positivo. La cuestión pendiente, ante este tipo de situaciones, está en si existe algún plan de contingencia que permita apoyar al profesorado para recuperar el ritmo y nivel del alumnado que ha sufrido incidencias, más allá del apoyo de la escuela en casa a través de internet.

Sería necesario controlar, junto a Sanidad, si se están aplicando los protocolos sanitarios de manera homogénea por los centros educativos. E incluir medidas complementarias de apoyo a docentes y alumnado, dinamizadas de manera coordinada desde la propia Consellería, que puedan llegar a todos los territorios de la Comunidad Valenciana. Para ello, la Inspección Educativa sería una gran garantía. De hecho, desde algunos ayuntamientos comienzan a plantearse iniciativas, también diversas, para reforzar la red de centros educativos en el apoyo al alumnado cuyas dificultades para seguir el ritmo escolar se vean incrementadas por la pandemia. En algunos casos, además, del apoyo vinculado al desarrollo de las asignaturas, se añade un apoyo socioeducativo (realizado por educadores/as sociales) fundamental en estos casos.

El posible número de estudiantes afectados finalmente por incidencias de este tipo es difícil de estimar hoy, aunque puede preverse que se crearán pequeños colectivos en los que las desigualdades educativas pueden ser de diverso nivel. No todas las desigualdades se darán en colectivos desfavorecidos, se habrán diseminado en la población. Si no se actúa ya, en el momento, poniendo desde la administración pública medios para compensar estas desigualdades, complementando el trabajo del profesorado (que está muy solo ante el problema). Es muy posible que durante unos años se arrastren situaciones muy complejas a nivel educativo, en las que tengamos alumnado que se pudo retrasar en su desarrollo educativo, pero que siguió avanzando en el sistema, curso a curso, mezclado con otros que no sufrieron problemas y pudieron mantener su ritmo normal.  

Cuando acabe este curso es muy probable que se hayan creado también, de manera aleatoria, nuevas desigualdades, y que, si no diagnosticamos mejor la situación cotidiana de su evolución y aportamos medios específicos para superarlas, se arrastrarán como problemas cuando la existencia de vacunas y/o tratamientos permita regresar a la normalidad.