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Laura Méndez

No solo es el Covid

La eficacia en la gestión de la crisis naufraga entre el tacticismo y la inacción del Gobierno central y la debilidad del regional para negociar

El aumento de la presión migratoria hacia Canarias, con la llegada de más de 18.000 migrantes en lo que va de año, está representando un problema evidente de control de fronteras y de ordenación de flujos migratorios, una situación agudizada por el actual contexto de crisis sanitaria global. La reactivación de la ruta a Canarias responde así a un escenario socioeconómico específico como resultado de los impactos del Covid-19 en el continente africano. A la tradicional inmigración subsahariana hacia el Archipiélago se suma ahora un incremento porcentual de migrantes marroquíes que destaca frente a los datos de los últimos años, junto con senegaleses, malienses y otros procedentes de Mauritania y África occidental, un perfil joven eminentemente masculino en el que se incluyen también menores de edad.

Las primeras pateras en llegar a la costa peninsular y canaria datan del año 1988 y 1994 respectivamente. Desde entonces, la segurización de fronteras como método sistemático de control ha favorecido la desviación hacia otras rutas y con ello la transferencia de la responsabilidad de la gestión. Un ejemplo de ello es el refuerzo de la vigilancia en la costa norte de Marruecos y entre este y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con el descenso del número de llegadas, mientras que la ruta atlántica a Canarias está experimentando sus peores datos desde la crisis de los cayucos de 2006. Dicha crisis sentó las bases de convenios bilaterales suscritos con Marruecos, Mauritania y Senegal con el establecimiento de acuerdos destinados a la cooperación, líneas de crédito, y programas de formación policial y militar para la capacitación operativa de fuerzas y cuerpos de seguridad del continente. Sin embargo, pese a que estas medidas contribuyeron a la estabilización temporal de los flujos migratorios, no están contemplando verdaderos programas de gobernanza global a largo plazo orientados a la mejora de las condiciones de desarrollo en los países emisores. Con Mauritania existe además un acuerdo especial que permite la repatriación de no nacionales mauritanos siempre que estos hayan salido de sus costas. No obstante, este se ha visto interrumpido con el cierre de fronteras por la pandemia, habiéndose producido solo un vuelo hasta ahora, sin que tampoco el Gobierno central haya reanudado con normalidad los traslados a península.

La pandemia también ha golpeado sectores claves en las economías africanas, no solo frenando la tendencia general de crecimiento en economías emergentes sino provocando además un aumento de la mendicidad como consecuencia del bloqueo de la economía sumergida en estos territorios, un sector informal situado ahora fuera del perímetro de las ayudas y redes asistenciales. Además, el parón de la actividad productiva en Europa como consecuencia de las restricciones impuestas para contener la propagación del virus, con el consiguiente aumento de las tasas de desempleo entre la población migrante, está reflejándose en el descenso de las remesas familiares que tienen un impacto significativo sobre el consumo en países como Senegal o Marruecos. Respecto al primero, al sur de Dakar, el puerto pesquero del Mbour concentra la mayoría de los cayucos que parten hacia las Islas. Una imagen que evoca un elevado saldo de muertos conocidos, mientras que organizaciones locales calculan más de medio centenar de desaparecidos en el mar. En Senegal, la pesca artesanal está en una situación de especial vulnerabilidad ante los barcos de pesca industrial extranjeros que operan con bandera senegalesa y la caída de los precios del producto, amenazando la supervivencia de familias y las perspectivas de futuro de los más jóvenes.

Ante una recesión mundial del turismo y pese a que África no cuenta con grandes potencias en el sector, este sí ha experimentado un rápido crecimiento contribuyendo a la creación de empleo. En un escenario que ahora se revierte, la situación de Marruecos como principal foco de atracción turística del Magreb implica la caída de ingresos directos de esta actividad, con un descenso de su PIB, resultando trabajadores de la hostelería, hoteleros, comerciantes y artesanos como los más damnificados. Marruecos ha buscado financiación internacional para minimizar las consecuencias multidimensionales de la pandemia, desde líneas de créditos del Banco Mundial y el FMI hasta el apoyo financiero de la UE ya concedidos, comprometiéndose dotaciones presupuestarias de iniciativas como el ‘Mecanismo de Respuesta Covid-19’ del Banco Africano de Desarrollo para 2021. Habiendo impulsado un fondo nacional especial para la gestión de la crisis, las ayudas y créditos que hayan podido concederse hasta la fecha a familias y empresas, no parecen ser suficientes para contener las salidas irregulares por vía marítima.

También teniendo en cuenta que Mali continúa siendo el epicentro del yihadismo en África, es conveniente observar la evolución de la situación del país que sufrió un golpe de Estado hace unos meses y de la situación general del Sahel, una región que concentra algunos de los países más pobres del mundo y en la que la violencia terrorista ha aumentado exponencialmente en el último año alcanzando su punto álgido en toda una década. Con un conglomerado de milicias regionales ya extendido, este constituye un terreno fértil para la corrupción institucional, la proliferación del crimen organizado y de los señores de la guerra, azotado también por los efectos del cambio climático en su sistema productivo y por múltiples conflictos mantenidos en el tiempo. Las amenazas provenientes del Sahel se retroalimentan del crecimiento demográfico en un ambiente conflictivo, insostenible según previsiones en el horizonte 2030-2040, que podrían generar nuevas olas migratorias masivas.

Pero así como los mecanismos de vigilancia, disuasión y control no están siendo eficaces para frenar la llegada de embarcaciones a las Islas de forma irregular, la ausencia de un sistema de coordinación asistencial coherente con una dramática realidad y la falta de recursos también están afectando a las operaciones de rescate y a las condiciones en las que se encuentran los migrantes, hacinados en el muelle de Arguineguín durante días. Con esto, la expulsión el pasado martes de en torno a 200 migrantes de origen marroquí del recinto ha abierto una nueva brecha entre el Gobierno central y el autonómico, esta vez con el foco sobre el Ministerio del Interior. Parece evidente que un sistema de control fronterizo tiene problemas cuando las embarcaciones están detectándose en las playas, tras lograr traspasar una malla de vigilancia electrónica. Con fallos de inteligencia respecto al crimen organizado y a los instrumentos de acción exterior, las mafias están rentabilizando el mal funcionamiento de los mecanismo de contención en destino como el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) y el Frontex. Sobre los medios de detección del SIVE, el Ejecutivo regional ha pedido aumentar los fondos para su mejora, puesto que existen unidades inoperativas y otras con problemas de mantenimiento.

Ante el tacticismo y abandono continuado del Gobierno central que ostenta la competencia en esta materia, las administraciones locales y ONG están supliendo un vacío caracterizado por la ausencia de respuestas conjuntas entre ministerios y otras administraciones y las deficiencias actuales del Centro de Coordinación Regional de Canarias. La falta de fluidez en la comunicación, –entre la inacción de un Gobierno central que muestra pasividad y desinterés y la debilidad un Ejecutivo regional en la negociación–, repercuten directamente en la realidad de la crisis migratoria en las Islas y en una falta de aprovechamiento de las posibilidades de gestionar de forma más eficaz la problemática y necesidades de los migrantes. Con esto, resulta necesario realizar un análisis equilibrado del fenómeno, adoptando un enfoque disuasorio en coherencia con la legalidad que, considerando el respeto a los derechos humanos, pivote también alrededor de una acción explícita contra la raíz del problema en origen.

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