Es como redecorar La Moncloa (o cambiar el colchón). Es una manera de marcar territorio, un requisito imprescindible para cualquier partido que llega al poder: cambiar la ley educativa. Ahora los profesores oyen de fondo (entre que ventilan el aula, luchan con la plataforma digital, intentan recordar con quién se relacionó ese niño que ha dado positivo y en algún momento enseñan algo) que se ha aprobado una nueva ley educativa. Qué bien, cuando se anulen los protocolos covid tendrán un nuevo desafío que asumir. Y además tendrán que hacerlo volviendo a las ratios de antes. Lo único bueno que ha traído la pandemia son los grupos escolares reducidos, pero la nueva ley ni menciona ese indicador ni plantea ningún cambio en ese sentido, qué bien. Qué bien, piensan los profesores, que se siga cumpliendo la regla que marca el sistema educativo español: ni un curso sin cambios. Hemos conseguido un ritmo de inestabilidad tal que ya puede considerarse estabilidad. El cambio es lo normal.
Ciudadano de a pie, ¿qué sabe sobre la ley? Los tres puntos polémicos de siempre: religión, concertada, lengua. ¿Y ya? A algunos más les habrá llegado que se limita la repetición de curso y el tema de los centros de educación especial. Estos centros no pueden desaparecer ya que es evidente que hay niños que lo necesitan. La ley lo que contempla es que en un plazo de diez años los centros ordinarios deberán poder garantizar la escolarización de los niños con necesidades. Muchas familias demandan esto (como otras prefieren la educación especial) y la ONU ha tirado de las orejas a España por su fallida escuela inclusiva. Que aparezca en la ley en principio es una buena cosa, ahora ¿se es consciente de la cantidad de recursos que requiere un buen modelo de inclusión? No es algo que pueda hacerse, como al final sucede con tantas otras cosas, basándose en la buena voluntad del profesorado y los centros: el personal para atender a estos alumnos ha de estar blindado. Lo sucedido este curso en Balears, que arrancó con la pérdida de varios profesores de apoyo, genera dudas. Sí, este curso es especial, lo sabemos, pero hay aspectos que deberían ser intocables en cualquier circunstancia, pandémica o no. Y sí, gracias a los fondos covid se ha podido contratar personal para atender a los niños con necesidades, pero dos meses después de empezar el curso.
Deroguemos la LOMCE, de acuerdo, pero ¿así? Esta nueva ley durará lo que dure este gobierno y básicamente se centra en borrar todo rastro de la Ley Wert o LOMCE, que se impuso como se impone ésta: sin haber escuchado a la comunidad educativa (en esta ocasión, solo se ha escuchado a los partidos cuyos votos necesitaba el PSOE para tirar adelante la norma). La LOMCE no gustó a muchos docentes pero, ahora, eliminados los aspectos de más impacto (como las reválidas, rebajadas después por el propio PP), habían aprendido a nadar en esas aguas. Y ahora les cambian todo rápidamente y sin consultarles nada: “Solo queremos hacer nuestro trabajo con un poco de tranquilidad”, se lamentaba esta semana un profesor de Secundaria. Hace unos años, Pepe Menéndez, director de la Fundació Jesuïtes Educació, explicaba la revolución que estaban impulsando en sus colegios. Dio a los directores un consejo muy simple para emprender proyectos para mejorar los resultados: “Olvidad el BOE, no miréis tanto las normas, pensad en lo que hay que hacer, compartidlo con el inspector y hacedlo”. La buena educación la hacen los profesionales concienciados y motivados, si les dejan, con ayuda o no de la ley de turno.
