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Julio Monreal

Los bolsillos de todos

Cuánto paga en Madrid a Hacienda un contribuyente por el impuesto de patrimonio si tiene bienes por un valor de 800.000 euros? Ni un céntimo. ¿Y si tiene 4.000.000 euros? Lo mismo. Nada de nada. Pues en el tributo que grava sucesiones y donaciones, la carga fiscal no es cero pero se le acerca. Con estos mimbres, no es de extrañar que el pacto presupuestario exigido por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para armonizar las políticas fiscales autonómicas y acabar con el dumping fiscal de Madrid haya desatado una auténtica tormenta en la villa y corte. Los gobernantes populares defienden su régimen como gatos panza arriba, presumiendo de buena gestión por lo que todos los demás ven competencia desleal, y los portavoces de las grandes fortunas se marcan con pinturas de guerra para defender el castillo de sus privilegios.

La necesidad siempre aguza el ingenio, y esa necesidad y una experiencia política de más de 30 años ha convertido al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el más listo de la clase periférica. El que da primero siempre da dos veces y el líder socialista valenciano está dando primero tanto en la pandemia como en los nuevos tiempos políticos.

Un contribuyente de Madrid con 4.000.OOO en bienes no paga nada por Patrimonio

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La alianza con Esquerra para armonizar los tributos autonómicos , escenificada en su reunión del martes con el mandatario catalán Pere Aragonés y su conferencia ante el Cercle de Economia sobre la España diversa que propugna, es el más reciente episodio de esta carrera por la consecución de una financiación autonómica justa para los valencianos, una nueva regulación que sustituya a la aprobada en 2009 y que es objeto de aplazamientos por parte de sucesivos gobiernos de distinto signo, mientras la Comunitat Valenciana se mantiene como la peor financiada, el farolillo rojo, con una renta per capita 12 puntos por debajo de la media española y una deuda que ronda los 50.000 millones de euros.

Ya en 2016, en los primeros presupuestos «botánicos», el Consell de Puig introdujo como ingreso del Estado la partida reivindicativa de 1.300 millones, resultado de estimar parte de lo que estaba dejando de percibir por infrafinanciación, una partida que ha mantenido año tras año como ejercicio de conciencia y presión. El mensaje caló primero en el ámbito interno, e hizo que partidos, empresarios y sindicatos hicieran piña en torno a la exigencia de más fondos estatales. Incluso los populares de Isabel Bonig se sumaron, hasta que les dieron un toque desde Madrid y se apartaron de las marchas y concentraciones unitarias, la última el pasado 18 de noviembre.

Tras la creación de un frente reivindicativo amplio, el presidente tejió las alianzas para decidir en qué invertir los fondos propios y externos, generando pactos en las Corts, con los agentes sociales y con las corporaciones locales. Incluso ha rizado el rizo logrando que Pedro Sánchez, el mismo contra el que conspiró en 2016 para que cesara como líder del PSOE, reconozca hoy a Puig como el primero de sus barones territoriales y le distinga constantemente con gestos de reconocimiento y complicidad.

Sin embargo, Moncloa y sus ministros daban largas en cuanto a la financiación reclamada. Confiar en las promesas es de ley, pero controlar su cumplimiento es mejor, así que el presidente valenciano empezó a poner en circulación el informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que analiza el efecto aspiradora que convierte a Madrid en destino de recursos económicos, humanos y otros gracias a que es el centro de decisiones políticas y económicas, ha establecido una fiscalidad para atraer y mantener a grandes capitales y concentra a una población funcionarial que no guarda relación con las necesidades territoriales. Lo que no había conseguido proclamando en el Hotel Ritz de Madrid que hay que descentralizar más el Estado lo logró haciendo llegar el informe que acredita el «dumping» y sus efectos para todas las comunidades a los despachos de la periferia influyente. La llama prendió en Esquerra, Gabriel Rufián la llevó al Congreso y la metió en el paquete de compensaciones por el voto de ERC a los presupuestos para 2021.

«Ataque fiscal a Madrid»; «Envidia y odio»; «Indignación empresarial»; «Iremos al Constitucional». Son algunas expresiones que se leen estos días en la capital de España en los órganos de expresión de quienes se benefician del dumping, tienen sus domicilios a nombre de sociedades patrimoniales y quieren seguir disfrutando el paraíso que les ha creado la derecha liberal en los 25 años que lleva en el gobierno regional. Hasta Isabel Bonig se ha puesto de parte de una indignada Isabel Díaz Ayuso que lleva camino de hacer sombra al mismísimo Pablo Casado. Los populares defienden lo que llaman «autonomía fiscal» de Madrid, que consiste en dejar de ingresar 4.100 millones en impuestos directos al año a cambio de percibir una cantidad muy superior por otras vías, concentrar el 75 % de la inversión extranjera en España, etc. El presidente gallego Núñez Feijóo considera justo que las comunidades que cumplen con las cuentas y la deuda tengan margen de decisión fiscal, frente a otras que necesitan la ayuda estatal y tienen una abultada deuda. La cuestión es el punto de partida. Si no hay equidad en la base, la autonomía fiscal resulta discriminatoria.

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