Cuatro décadas de plácido desarrollo constitucional apenas habían alumbrado sendas reformas constitucionales de alcance limitado (artículos 13.2 y 135 de la Constitución Española), un prospectivo pero abortado intento de reforma constitucional algo más ambiciosa (informe del Consejo de Estado de 2006) y una recurrente, tortuosa y frustrada demanda de reforma constitucional del Senado para garantizar su operatividad como Cámara de representación territorial.
Sin embargo, las elecciones de 20 de diciembre de 2015 no se presentaban como unas elecciones generales más. Los años precedentes habían creado un alto clima de desafección ciudadana hacia las instituciones representativas reflejado en las movilizaciones sociales del 15M de 2011 y causado por la virulenta eclosión de casos de corrupción política (singularmente ejemplificable en el estallido del caso Gürtel del Partido Popular tras la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’ en 2013). Este contexto político singular invitada a la emergencia de nuevos actores políticos (como finalmente ocurrió con Podemos y Ciudadanos) que enarbolaban de forma principal la bandera de la regeneración política e institucional. Este ambiente invitaba inevitablemente a la formulación de propuestas de reforma estructural del sistema político y el clima cuasi preconstituyente que se vivía vino acompañado de la elaboración y presentación de ambiciosas propuestas de reforma constitucional por parte de buena parte de los partidos políticos concurrentes a las elecciones.
La propuesta de reforma constitucional del PSOE constituyó, sin duda, la más perfeccionada propuesta de enmienda constitucional por cuanto, lejos de constituir una coyuntural propuesta táctica, era el resultado de un reflexivo proceso interno iniciado tiempo atrás con la Declaración de Granada -‘Un nuevo pacto territorial: la España de todos’- de 6 de julio de 2013 y la Conferencia Política celebrada en noviembre de 2013. Lejos de pretender ni admitir la apertura de un proceso constituyente -«la Constitución de 1978 nos ha proporcionado los mejores años de nuestra Historia… no pretendemos abrir un proceso constituyente sino mantener los principios e instituciones esenciales de la misma, fortalecer los derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad»- el Programa Electoral del PSOE de 2015 incluía una amplísima propuesta de reforma constitucional.
Tan prolijo y entusiasta fervor favorable a la reforma de la Constitución en una amplia mayoría del arco parlamentario resultante de las elecciones generales de 2015 debería haber abocado irremediablemente a su éxito si no hubiese contado con determinantes factores en su contra. En primer lugar, cualquier reforma de la Constitución, tanto en su modalidad simple como agravada, exigía del concurso cualitativo y cuantitativo del PP que casi nunca engañó sobre su inequívoca oposición conservadora a la consecución de tal objetivo. En segundo lugar, resultaba muy difícil encontrar bloques temáticos (sistema electoral, estado autonómico, órganos constitucionales, régimen económico-fiscal, garantía de derechos, etcétera) postulados para su reforma constitucional por todos los partidos cuya probable formulación final gozara del consenso básico de la totalidad o la mayoría de ellos.
A las sustanciales diferencias de fondo sobre el potencial contenido de la reforma constitucional se añadieron comportamientos tácticos y estéticos que, sin duda, evidenciaban la ausencia de un sustrato que posibilitara cualquier modalidad de reforma constitucional. La sobreactuación partidista en favor de ‘lo constitucional’ tampoco ayudaría a tal fin. La autoproclamación como constitucionalistas de algunos partidos políticos proscribiendo al resto fuera de los lindes de la Carta Magna evidenciaba un uso torticero y oportunista de un término que corría el riesgo de ser banalizado e, incluso, repudiado al encarar una potencial reforma constitucional. La táctica de Podemos en las campañas electorales de 2019 de exigir de forma recurrente el cumplimiento de los mandatos constitucionales a modo de programa electoral constituía otra modalidad de patrimonialización del texto fundamental que lo alejaba de su vocación original de representar ampliamente el arco político.
Extractos del libro de inminente aparición "Investiduras fallidas y constitución ignota (2015-2020)".
