Al leer el titular de este artículo, que intenta resumir las pegas expuestas por la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a los Presupuestos 2021 de la Generalitat (GV), que nadie piense en términos de corrupción, ni en nada parecido. Hablamos de las consecuencias del enloquecido ritmo de endeudamiento consecuencia de la incompetencia del Consell para afrontar la veracidad de los ingresos que año tras año han escrito torticeramente en forma de Presupuestos que Les Corts han aprobado dócilmente.
Puesto que la pregunta es cruda, vayamos con datos y hechos:
1) La GV envidó el coronavirus ya con una deuda, que inevitablemente iba a incrementarse, de 50.000 millones de euros. El 46 % del PIB de la Comunitat, cuando la media de las comunidades cutónomas (CC AA) era del 26 %. Una diferencia que definirá la capacidad para enfrentarnos a la catástrofe de la covid.
2) En su informe del pasado 3 de diciembre, la AIReF (un organismo que Europa exigió, consciente de la irresponsabilidad fiscal de muchas CC AA) se asombra de que el presupuesto para 2021 prevea un crecimiento del 12,2 % en gasto real, incorporando un importante crecimiento del gasto ajeno a la aplicación de los nuevos fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el plan de recuperación frente al coronavirus. Un incremento producido sobre un gasto ya excepcionalmente alto en 2020 que «podría llevar a la comunidad a niveles muy elevados de déficit y deuda pública». Es por ello que insiste encarecidamente en que la GV revise la procedencia de sus ingresos.
3) La respuesta del Consell siempre ha sido incluir partidas virtuales que asociaba a un nuevo modelo de financiación que no existe. Bruselas ha tomado nota. No hay respuestas válidas en tiempo de covid, pero se sigue negando lo evidente y frente a la previsión de déficit del 2,3 % que realiza la AIReF, la Conselleria de Hacienda replica que no está de acuerdo, ya que si a esta estimación se le aplica la «transferencia extraordinaria por infrafinanciación» solicitada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios en la comisión mixta Generalitat-Corts, el déficit previsto sería del 1,1%. La covid convierte en patético el hallazgo semántico.
La pregunta del encabezamiento es desagradable pero razonable. No hay dudas sobre la probidad del Consell, pero ha incrementado sus gastos mucho más allá de las ayudas extraordinarias del Gobierno en forma de PRTC y en algún momento de 2021 tendrá que elegir entre covid y otros gastos. La lucha contra la covid es importante, pero no es la única necesidad imperiosa que tendrá que enfrentar.
Durante años hemos vivido el dilema moral de elegir entre un futuro que dependía de una Generalitat que se estaba endeudando más allá de cualquier cantidad razonable (hasta llegar a este 46 % precovid) o, por el contrario, sumarse al coro victimista que desde el primer momento atribuyó toda la responsabilidad de nuestras carencias a un modelo ‘injusto’ (pongan todos los adjetivos peyorativos que les parezca, pues el Consell los ha prodigado con incontinente profusión, a juego con el actual lenguaje político que ahora sufrimos). Han sido años de una especie de ‘Valencia first’ que justificaba cualquier incremento de la deuda. Un movimiento encabezado por el president y sus intelectuales orgánicos al que acompañan empresarios y sindicatos. Desgraciadamente, los años del PP en esta tierra ya habían destrozado cualquier posibilidad de una autonomía con una mínima autoridad moral. No se quiso hacer tabla rasa, se mantuvo la ensoñación de que la etapa Zaplana-Olivas-Camps era superable, que no iba a tener consecuencias, ni económicas para nuestros nietos, ni en forma de sacudida a la convivencia dentro del Estado. La covid es dolorosamente implacable.
Posiblemente se ha llegado demasiado lejos en la incapacidad para afrontar la financiación. Gobernar la GV no puede basarse en elaborar presupuestos con ingresos ficticios, aprovechando las incongruencias de un sistema autonómico carente de mecanismo alguno que ejerza un control financiero neutral, creíble y homologable. Aquí el único principio ha sido el populista «estamos injustamente financiados». Si efectivamente no se podía gobernar con el reparto democráticamente acordado en su momento se debían devolver algunas competencias. ¿Quién no iba a respaldar un eslogan basado en repetir lo poco que nos toca en el reparto? El populismo ha funcionado, plantear una posición discordante ha sido un exilio interior.
Antes, el culpable era Montoro, ahora lo es Ayuso. A finales de septiembre, coincidiendo con las ‘boutades’ que está última prodigaba, el grupo universitario, siempre financiado por la GV, publicaba ‘Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal’. A la pocas horas, nuestro endeudado president llenaba portadas: Madrid funciona como una «gran aspiradora». Todo un ejemplo de colaboración académico-política. Después, un viaje a Barcelona, donde el tono subió: «Desleal, injusto e insultante» con la armonización fiscal (financiación) que ERC ha acordado con el Gobierno de Sánchez. Es la cercanía con la estrategia de Iglesias, que según el septuagenario, pero no menos experto, González consiste en «llevarnos a un Estado plurinacional».
Llegó la covid y con ella, una admonición de la AIRef referida a qué va hacerse con la deuda. Alguien tiene el deber democrático de contestar.
