Al Ministerio de Igualdad le han asignado 451,42 millones de euros en los nuevos presupuestos. Sería magnífico si realmente actuara como una estructura del Estado que se destinara a velar por la equidad entre todos los españoles. Más allá de que atienda un tema central, que es importantísimo, la necesaria equidad de género, las desigualdades están por todas partes y hay que estudiarlas para combatirlas.

Quedé perplejo al escuchar a la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados cuando, ante las opiniones de Felipe González, Alfonso Guerra u otros socialistas referencia de nuestra historia, acerca de cómo está actuando el gobierno, simplemente señaló que ella respetaba a nuestros mayores, pero que ahora les toca a ellos… ¿A quién? ¿No tienen mayores en este gobierno también? ¿O no son lo suficientemente mayores como para recomendarles el silencio? Es una actitud de flagrante desigualdad: el edadismo. Los mayores no tienen menos derechos que los más jóvenes para opinar, ejercer el poder, acceder al trabajo o a promocionar en él. Supongo que verá EE UU como algo similar a muchas tribus que no han accedido a la civilización: quienes han estado disputándose la presidencia, uno tiene 78 años y el otro 74. La edad no debe ser un obstáculo para que las personas puedan desarrollarse en el mundo laboral: no se puede decir «es demasiado joven y le falta experiencia», pues eso se arregla con los años y las oportunidades, ni tampoco que «alguien está mayor» para lo que sea (a no ser que realmente se hayan perdido facultades mentales, pero eso puede pasar a cualquier edad, siempre que se hayan tenido antes). Gobiernos de otros países han legislado contra el edadismo.

Pero hay más fuentes de desigualdad en España: la pobreza, el racismo y la xenofobia, la adscripción a una posición política, el acceso digital... Como no podemos reflexionar sobre todas ellas, nos referiremos solamente a otra que, en gran medida, incluye total o parcialmente a las anteriormente mencionadas: dónde naces y vives. El Gobierno, que se autodefine como progresista, es un buen generador de desigualdades entre comunidades autónomas, pues ha superado a gobiernos anteriores utilizando lo que le es factible para el trueque político, desde medios económicos a legislaciones a la medida de intereses particulares (y lo que desconocemos…).

Tan sólo una mención a lo que entendemos por ‘progresista’. Puedo estar obsoleto, pero pienso que ser progresista está vinculado a una actitud inclusiva a nivel social, a la libertad, a derribar muros y fronteras, a facilitar que nadie pudiera quedar excluido socialmente ni por la pobreza, la enfermedad o por cualquier otra situación (dónde naces, creces, estudias, vives…). Obviamente, debe ser una concepción caduca, pues los ‘progresistas gubernamentales’ son capaces de conciliar diversos tipos de totalitarismo y exclusión, desde la derecha a la izquierda nacionalistas, llevando a la exclusión al menos a mitad de los españoles… Muchos estamos excluidos: somos mayores y/o no creemos en fronteras, aspiramos a la cohesión de la diversidad socio-cultural, desde la igualdad de derechos, sin diferencias de género, edad, raza o credo y lugar de nacimiento, siempre y cuando todos respetemos los derechos humanos dentro del Estado de Derecho.

Sería positivo que el ministerio estudiara las diferencias entre autonomías. La investigación educativa ha demostrado, a partir de los resultados educativos medidos en el Informe PISA, que hay dos Españas: norte y sur. En la norte se observan mejores resultados académicos que en la sur, y éstos se relacionan con indicadores de las oportunidades que crean las condiciones económicas. Sería progresista intentar eliminar las diferencias, pero la realidad es que esas y otras desigualdades pueden crecer con la estrategia elegida para conseguir mayorías para aprobar los presupuestos. Tenían opciones centristas para aprobarlos sin condicionantes identitarios, sin discriminar entre comunidades autónomas, pero se ha optado por el riesgo de ampliar las desigualdades.

Conmemorar la Constitución del 78 nos llevó a pensar en la necesidad de reivindicar lo que hicieron nuestros mayores. Nuestra juventud fue ilusionante, pues la monarquía parlamentaria y aquellos políticos abrieron una España democrática que ha vivido en paz hasta que los de hoy han llegado al gobierno haciendo renacer los enfrentamientos históricos de hace más de 80 años (temas que, sin duda, deben arreglarse), pero manifestando una amnesia profunda acerca de la memoria de esta etapa democrática. Personas como las que representaron a las fuerzas políticas mayoritarias que afrontaron la transición (Suárez, González, Guerra, Fraga, Herrero, Tierno Galván, Carrillo, Roca y de la generación siguiente…) son referentes; los que aún viven tendrán ya sus años (aunque se les ve muy bien, con edad para presidir EE UU o ¿España?). Pero los que hoy tenemos gobernándonos, y gran parte de la oposición, aún no han demostrado ningún parecido por mérito, ni valores. Será nostalgia…

Celebraríamos que se hubiera incluido, de manera transversal, tomando la mano centrista, desde la derecha a la izquierda más o menos moderadas, pero que respetasen los valores que se defendieron en la transición y que no han pasado de moda, para asegurar una convivencia en paz, huyendo de independentismos ombligo-céntricos, para afrontar la post-pandemia favoreciendo el bienestar social para todos y un futuro despejado de incertidumbres. Si quisiera trabajar en esa línea, el Ministerio de Igualdad tendría mucho que hacer. Quizás nos hace falta un espíritu de cohesión social en el que lo que digan nuestros mayores sea escuchado con respeto y no desafiado con el atrevimiento que da la ignorancia.