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Julio Monreal

El Noray

Julio Monreal

Pacificación en conflicto

Pacificación en conflicto

Pacificación en conflicto Julio Monreal

No es lo mismo pintar de verde unas plazas de aparcamiento retiradas de la circulación para ganar el espacio a terrazas de bar, contenedores de basura o mascotas con dueño que colorear de rojo un metro de calzada en una de las grandes vías de València y esperar que los ciclistas se juegen la vida entre autobuses, taxis y vehículos privados. La puesta en servicio del carril bici de Fernando el Católico ha desatado una viva polémica sobre su disposición y, sobre todo, su anchura. Naturalmente, los gestores del área de Movilidad del ayuntamiento han acogido el debate sobre la seguridad del itinerario como un ataque al transporte sostenible, a su gestión global y a sus personas. Pero han de tener una cuestión clara: el secreto del éxito de la bicicleta en la capital es la seguridad de su carril bici, el que empezó a construir pintado de verde y sobre las aceras del área universitaria el alcalde Ricard Pérez Casado; el que extendió Rita Barberá con proyectos como el anillo ciclista de Colón y la ronda interior, y el que el equipo de Joan Ribó ha convertido en el eje de su actuación política (y puede que en su único legado).

Si la corporación tiene que poner a policías locales a vigilar el tránsito en las zonas de paradas de autobuses de la gran via para prevenir incidentes y conflictos entre conductores de la EMT, taxistas y ciclistas es que algo no funciona bien. Pero, claro, en materia de movilidad, los gestores actuales disfrutan de una cualidad casi única, la infalibilidad, esa que es propia del Papa de Roma y de pocos más. Todo lo que proyectan o ejecutan está bien. Cualquier crítica o discrepancia es despachada muchas veces con desdén. ¿Es mejor un carril bici en la calzada que sobre la acera? No. ¿Es mejor un carril pintado que uno separado del resto del tráfico por un bordillo? No. ¿Hay que esperar a un accidente grave para reconsiderar un diseño desafortunado y peligroso? Ojalá que sea no. Los responsables de Movilidad, aprovechando que el alcalde Ribó les dice que sí a todo, podían haber sido más valientes y ambiciosos en Fernando el Católico, estudiando una nueva planta viaria contando con zonas de seto del jardín central o con otros elementos para separar a los ciclistas. Pero tienen prisa. Siempre la tienen. Y esa es mala consejera. El alcalde apunta que es mejor tener carril que no tenerlo, y que no quiere afectar seriamente el tráfico de autobuses y coches en la gran vía, cuando en Colón eso no ha importado en absoluto. La concejalía, por su parte, señala que el nuevo diseño, el primero en la ciudad de este tipo, mantiene la convivencia entre ciclistas y resto del tráfico con más seguridad de la que existía hasta ahora y subraya que no le consta ninguna queja, obviando las que han hecho públicas desde la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, hasta el comité de empresa de la EMT.

Da igual. Solo tienen oídos para quienes les jalean. Eliminaron el aparcamiento nocturno en el carril bus privando a miles de conductores de la capital y del área metropolitana de plazas gratuitas para disfrutar de unas horas de ocio y desoyeron el clamor hasta de sus socios socialistas en el gobierno local; les timaron cuatro millones de euros de la Empresa Municipal de Transportes por falta de controles y echaron la culpa a una empleada y al banco que llevaba la cuenta; la ciudad perdió 23 autobuses en un incendio aún no esclarecido en las cocheras de San Isidro y por las declaraciones de alcalde y concejal parecía que las llamas habían hecho un favor a la ciudadanía, consumiendo vehículos antiguos que estaban asegurados y que no hacían ninguna falta para el servicio. Se limita el número de motos eléctricas de alquiler y se veta a las empresas de patinetes. En abril se cerrará el centro histórico al tráfico privado y sólo se podrá acceder a aparcamientos y a visitar a allegados siempre que la persona viajera se haya apuntado previamente en una plataforma web. Todas estas medidas de ‘pacificación’ de la movilidad en València han sido adoptadas sin el menor consenso político y con el exclusivo apoyo de colectivos afines a los impulsores, en un clima de permanente conflicto. No se trata de que un partido renuncie a sus propuestas, sino de que decisiones de sostenibilidad presente y futura sean adoptadas con el máximo acuerdo posible para garantizar su permanencia en sucesivos gobiernos. El carril bici protegido en València fue uno de esos proyectos, avalado y ampliado por tres partidos diferentes durante más de 30 años. El carril que se ultima en Fernando el Católico es un motivo de preocupación, un peligro para los usuarios de esa vía. Y la inveterada incapacidad de los gestores de Movilidad para llegar a acuerdos, la principal amenaza para la permanencia en el poder del Pacto del Rialto tras las elecciones de 2023.

El Colegio de Interventores jalea los fondos extra que valència dio a la banca

La revista del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) se hace extenso eco de la satisfacción que existe en los ayuntamientos por disponer de una cantidad extra superior a 12.000 millones de euros para poder hacer frente a la covid 19 y sus consecuencias. Estos fondos proceden del desbloqueo de los remanentes o ahorros que muchos municipios tenían y que permanecían paralizados por orden del Gobierno de España desde el mandato de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro en aplicación de unas estrictas reglas de gasto para controlar el déficit público. Muchos ayuntamientos, decenas de ellos valencianos (Xàbia, Sagunto, Paterna, Cullera, Mislata, Xàtiva, Quart...) han decidido invertir esos fondos en planes de empleo, servicios sociales, obras de reactivación económica o ayudas a autónomos. València, por su parte, prefirió dedicar sus 32 millones de remanentes a cancelar deuda con los bancos, en una decisión del alcalde Joan Ribó alentada y avalada por el equipo de Intervención que dirige Ramón Brull. Ninguno de los dos dio credibilidad al acuerdo que desbloqueaba los fondos.

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