En los institutos imparte docencia el cuerpo de Profesores de Secundaria (PS) divididos en dos grupos, los que imparten ESO y bachillerato, y los que imparten la teoría en FP. Estos dos grupos están englobados en el grupo salarial A1 y son titulados universitarios. En esos mismos institutos y con el mismo alumnado también están los Profesores Técnicos de FP (PTFP), que imparten las prácticas en talleres, donde el 50 % son titulados en FP, que además en muchos casos provienen del mundo del trabajo y las empresas. Estos últimos pertenecen al grupo salarial A2 con una menor retribución. Desde la promulgación de la Logse en 1990, el colectivo de PTFP reivindicó la equiparación salarial con secundaria: «A igual trabajo, igual salario». Homologación que sólo se consiguió en 1995 en el País Vasco, con un complemento propio, mientras que 16 comunidades autónomas han mantenido esa discriminación salarial los últimos 25 años.

La Lomloe que repara los desaguisados de la LOE del PP, también intenta arreglar esta discriminación histórica, y en su disposición adicional undécima declara a extinguir el cuerpo de PTFP e integra en el cuerpo de Profesores de Secundaria a los que estuvieran en posesión en la fecha de la entrada en vigor de la ley de la titulación de grado universitario. Y lo que era una buena idea, se desarrolla mal y provoca una catástrofe de terribles consecuencias para la FP.

Esta chapuza legislativa provoca tres situaciones a los actuales 40.000 PTFP de España:

1) Un tercio de funcionarios con título universitario sale beneficiado al pasar del grupo A2 al A1 con una subida de 3.000 euros por año según comunidades autónomas, y con una mayor base de cotización para la jubilación. También consiguen una reducción de tres años para el cobro del 100 % de la jubilación, ya que los PS se jubilan con 32 años cotizados, y los PTFP con 35 años.

2) Un tercio de funcionarios sin título universitario sale perjudicado ya que siendo A2 con titulaciones declaradas equivalentes y habiendo superado la misma oposición en igualdad, mérito y capacidad que los anteriores, se les deja colgados sin homologación salarial. Además, con un ‘aquí te pillo, aquí te mato’, ya que exigen la titulación a la entrada en vigor de la ley; no es que te den unos años para sacar un título que no te va ayudar a ser mejor tornero, peluquero, carpintero… No, es que además al ser declarados a extinguir ya no podrá moverse por concurso de traslados de un centro a otro, porque las plazas estarán catalogadas de secundaria. También tendrán problemas para elegir horario o ser jefes de departamento al haber profesores A1 y A2, o incluso podrán ser vetados para ser director o jefe de estudios, como ya ocurre para ser inspector o catedrático, acceso restringido sólo al cuerpo de secundaria.

3) Un tercio de funcionarios interinos, la mitad sin título universitario, se queda en el limbo y sale muy perjudicado, puesto que al desaparecer el cuerpo de PTFP sin un número de oposiciones transitorias donde valga su título de FP, tendrán que opositar a secundaria, pero no podrán porque necesitarán ser universitarios. Esto significa que para salvar a sus interinos el desbarajuste del próximo curso 2021-2022, las comunidades autónomas tendrán que convocar una superoposición ‘in extremis’ con todas las plazas disponibles antes de un mes y anticiparse a la publicación de la Lomloe en el BOE (después de Reyes). Por eso, la Comunitat Valenciana o Galicia están convocando cientos de plazas a oposición con las titulaciones de FP, para evitar el caos añadido de sus interventores cuando les digan que no pueden contratar a titulados de FP para el cuerpo de secundaria, y haya que cerrar ciclos porque va a ser misión imposible buscar ingenieros de patronaje, soldadura, estética, pastelería... Algún iluminado también dice que a los interinos que se queden en este purgatorio se les puede transformar en profesores especialistas ‘low cost’, que se contratan por horas en obra y servicio, con una retribución aun más baja que un PTFP, sin trienios, ni sexenios, sin voz ni voto en el claustro, precarios, sin estabilidad, a imagen y semejanza de los profesores asociados de universidad.

Como podemos observar, se desguaza el cuerpo de PTFP y se crean problemas donde no los había. Los legisladores no han entendido que nuestra reivindicación no era ser profesor de secundaria, sino tener sus condiciones económicas y laborales. Un legislador valiente que entendiera la FP hubiera optado por crear un nuevo cuerpo único de profesores de FP, que los englobe a todos con los mismos derechos y respetando sus titulaciones de acceso. Los políticos deben unir al profesorado y no dividirlo en un momento sensible en que la FP debe generar empleo frente al cambio de modelo productivo y tras la covid. Sin embargo, ahora el profesorado de FP, que ha de empoderar a su alumnado y su título, está en vilo por su futuro.