Se suele recordar con frecuencia por los medios de comunicación que Pedro Sánchez, cuando era candidato a la Presidencia del Gobierno en las penúltimas elecciones generales, para justificar que no había aceptado que Pablo Iglesias se incorporara a un Gobierno de coalición de Unidas Podemos con el PSOE, dijo algo así como que «no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias como ministro en su gobierno». Y no menos repetida por los medios de comunicación es la afirmación tajante de Sánchez de que nunca pactaría con Bildu, lo que reiteró varias veces sin que fuera necesario explicar porqué.
Los hechos están demostrando que Sánchez tenía razón con relación a Iglesias porque, aunque con semblante sereno dice una y otra vez que respalda absolutamente a todos los miembros de su Gobierno, no es improbable que Iglesias le esté provocando insomnio. El vicepresidente y los demás ministros de Unidas Podemos se pronunciaron hace poco más de un mes en el sentido de que el jefe del Estado maniobraba contra el Gobierno, por comentarle por teléfono al presidente del Consejo General del Poder Judicial que le hubiera gustado asistir al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces. No tenemos objeción alguna a que cualquier persona pueda criticar al jefe del Estado. Pero no tiene precedente que un miembro de un Gobierno, en una monarquía constitucional o parlamentaria, tras la crítica y descalificación del jefe del Estado no dimita, o no sea inmediatamente cesado por el presidente del Gobierno. Pero el silencio de Sánchez difícilmente se puede interpretar como un rechazo de lo manifestado por miembros de su Gobierno, más bien se puede aplicar a este caso el aforismo de que ‘el que calla, otorga’.
El vicepresidente del Gobierno acompañó al jefe del Estado en una visita oficial a la toma de posesión del presidente de Bolivia. En las relaciones internacionales, el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores son quienes planifican y definen las relaciones exteriores, de lo que parecería deducirse que ambos conocieron y estuvieron conformes con que la visita del jefe del Estado no tuviera mero carácter protocolario, sino que el vicepresidente tuviera su propia agenda proponiendo a jefes y exjefes de Estado iberoamericanos una especie de manifiesto estrafalario en contra de la extrema derecha. ¿Conocía el Gobierno ese manifiesto? ¿O Iglesias actuó por su cuenta comprometiendo al Estado español?
En esa deriva, Iglesias aparecía en la relación de miembros del Gobierno que iban a acompañar al presidente en su visita a Marruecos. E Iglesias, ni corto ni perezoso, días antes se pronunció sobre la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental, un asunto especialmente sensible para los marroquís. El presidente del Gobierno, con buen criterio, decidió prescindir de la compañía de Iglesias, pero no parece que haya sido suficiente la rectificación para Mohamed VI, ahora reforzado por EE UU en sus pretensiones sobre el Sahara, que ha aplazado dicha visita hasta el próximo año. Cualquiera bien informado sabe lo que significa dicho aplazamiento en el lenguaje diplomático.
El Gobierno elaboró el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo remitió al Congreso y posteriormente fue defendido en el pleno por la ministra de Hacienda. Fueron rechazadas todas las enmiendas de devolución. A la mañana siguiente, el presidente del Gobierno y la ministra se encontraron con la sorpresa de que Unidas Podemos había presentado una enmienda contra los mencionados PGE, sin previo aviso o acuerdo con el Gobierno o con el PSOE. Unidas Podemos vulneraba los acuerdos de coalición suscritos con el PSOE con ese gesto desleal.
El grupo parlamentario del PSOE y los ministros de dicho partido han sostenido que no han pactado con Bildu. Pero Iglesias no solo dice que ha habido pacto con Bildu para que apoyara los PGE sino, que Bildu ha entrado en la dirección del Estado. Y un diputado de ese grupo afirmó desde el estrado del Parlamento Vasco que ellos iban a cambiar en Madrid el rumbo del Estado, como consecuencia de dicho pacto. Incluso hemos escuchado a Arnaldo Otegi que ellos van a llevar la democracia al Estado español.
El presidente del Gobierno había ordenado crear una Comisión para decidir el destino de los 140.000 millones adjudicados a España. Una propuesta razonable, pues no parece que un Consejo de 22 ministros sea el formato adecuado para realizar esas funciones, lo que no significa que los acuerdos adoptados por una comisión no precisen la aprobación final del Consejo de Ministros. Sin embargo, Iglesias impugnó públicamente la decisión del presidente y le obligó a rectificar y liquidar la sensata idea de crear una comisión integrada por los ministros concernidos. No tiene precedente en España ni en ningún Estado serio que los vicepresidentes o ministros de un Gobierno rectifiquen a su presidente públicamente sin la consecuencia del cese de los mismos.
La estrategia de Iglesias parece ser, cada vez más, la de desestabilizar al Gobierno del que forma parte con la idea peregrina o no de que puede obtener réditos considerables. Imaginamos que Pedro Sánchez, por los incidentes señalados y por los que sin duda tienen lugar sin que los conozcamos, estará recordando sus no tan lejanas predicciones. Y tenemos que decir que nos preocupa el sueño del presidente, pues son tantos los retos que hay que afrontar en el presente y en el futuro inmediato que necesitamos un presidente muy despierto.
