En LEVANTE-EMV del día 30.12.2020 aparecía una información con el titular: “Justicia activa oposiciones para frenar la merma en la Abogacía de la Generalitat”. (No revela el nombre del autor). Su contenido nos incita ineludiblemente a una reflexión y otra sugerencia, que suponen para quien ha permanecido en ese colectivo los trece últimos años de su recién terminada vida profesional una oportunidad para mostrar otro punto de vista, porque hay determinadas situaciones en las que no cabe ser indiferentes.

Destacamos y recordamos, como fundamento de esta sorprendente paradoja algunos de sus párrafos más significativos:

“Reclutar personal para el cuerpo de Abogados de la Generalitat y evitar que este colectivo funcionarial de élite se quede diezmado en los próximos años se ha convertido en un serio quebradero de cabeza para el Consell del Botánico”.

“La Conselleria de Justicia ha activado las oposiciones para cubrir varias plazas...se trata de un proceso con vocación de continuidad en los próximos años”.

“El Consell asiste (a ese proceso) con cierta preocupación, ya que la última convocatoria quedó desierta. Ninguno de los 73 aspirantes logró superar las pruebas selectivas”.

”Incorporar sabia nueva no es una tarea fácil”. “Las oposiciones a la Abogacía son las más difíciles que se convocan...número de temas 258”

“Estas pruebas (se está refiriendo aquí a las de la Abogacía del Estado, a la que ensalza como la flor y nata del alto funcionariado, con las que hace una comparación) requieren años y años de estudio”,“constan de cuatro ejercicios y son supervisadas por un riguroso tribunal”,”las pruebas son extremadamente duras”

“Cabe apuntar que el actual cuerpo de la Abogacía de la Generalitat está integrado por abogados por oposición y por habilitados...personas licenciadas en derecho que ya tienen plaza funcionarial.

Este ramillete de frases refleja el reconocimiento implícito del fracaso evidente del sistema que se estableció con la creación del Cuerpo de Abogados de la Generalitat Valenciana.

 Resulta inaudito que con los miles y miles de alumnos que cursan estudios universitarios de Derecho en España, con los miles y miles de abogados dedicados al ejercicio libre, ávidos de arañar clientes y trabajo en ese tan competido mercado, con el elevado nivel de desempleo entre nuestros jóvenes, con las buenas y envidiables condiciones laborales que disfrutan los Abogados de la Generalitat Valenciana, que el Consell, según afirma y atribuye el redactor, parece evidente que conoce bien el terreno en que se mueve, tenga “cierta preocupación” , “serio quebradero de cabeza”, por cubrir las plazas vacantes, que “la última convocatoria quedó desierta”, que “incorporar sabia nueva no es una tarea fácil”. ¿No se ha parado a pensar ninguno, a analizar, siquiera un momento, las posibles causas de esta extraña paradoja?

Para asimilar y comprender esta situación hay que tornar la vista hacia el contexto en el que se gestó el Cuerpo de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana. Un partido en el gobierno con una prolongada y holgada mayoría absoluta, unos ánimos de pasar a la historia por haber hecho algo importante para la Comunidad Valenciana: Crear “un colectivo funcionarial de élite”, anteponiendo la “excelencia” a la eficacia y a la abnegación en la tarea, e incluso a la economía de funcionamiento. Este paradigma implicaba “crear capillas” dentro del numeroso colectivo de funcionarios técnicos de la Generalitat, introduciendo división, atribuyendo algunos privilegios difícilmente justificables, generadores de estas consecuencias negativas que se lamentan.

El patrón de acceso establecido es tremendamente injusto y, como se deduce del artículo, ineficaz, no respeta la igualdad de oportunidades para los meritorios potenciales aspirantes, cierra las puertas de entrada a una mayoría de titulados en derecho que tras haber cursado sus estudios universitarios no podrán permitirse dedicar “años de estudio” a preparar “las más difíciles” oposiciones de la Generalitat Valenciana, para lo cual tampoco tendrán la facultad de conseguir la orientación, ayuda, dirección de preparadores de calidad, que se desenvuelven en unos ámbitos opacos a los que solo tendrán acceso los privilegiados o cuanto menos, afortunados, en definitiva, las élites. No se preocuparon de crear unas instituciones públicas y transparentes que se encargaran y permitieran la preparación en igualdad de condiciones para todos, con el objetivo de formar a los vocacionales, los más cualificados para la función que habrán de desempeñar en los Juzgados y Tribunales, los que no abandonarán el barco cuando el capitán no sea de su agrado. Sin consenso con los partidos de la oposición, sin la participación de los agentes sociales, todo a imagen y semejanza, simple copia, del esquema del Estado, sin ponderar, postergandolo más bien a un segundo plano, si era lo más conveniente para nuestra Autonomía, porque, como dice el adagio comparaison n’est pas raison.

¿Cual era la alternativa?, mantener el sistema hasta entonces vigente, con las oportunas reformas necesarias y convenientes. Aquel modelo se basaba en elegir a los funcionarios que habrían de trabajar en lo contencioso, por un lado, y por otro, diferenciado, a los que se habían de centrar en las funciones de asesoramiento jurídico en las Consellerias; siendo licenciados en derecho, habían pasado la criba de la oposición al entonces calificado como Grupo A.

 Este patrón funcionó bien mientras se mantuvo vigente y, sostenemos, seguiría siendo válido en la actualidad. Permite al que ha obtenido su título universitario participar en unas oposiciones más genéricas, al grupo A1, y una vez lograda la seguridad laboral, los que cultiven el interés en mejorar su posición o tengan inclinación por una actividad específica como es la defensa jurídica en juicio, a la experiencia y sabiduría que genera el trabajo cotidiano, pudieran luego con esfuerzo ir sumando la participación en un plan ordenado de cursos de calidad que podría organizar el IVAP, específicos, periódicos , rigurosos y obligatorios, que les permitieran perfeccionar los conocimientos específicos necesarios y la actualización permanente, imprescindible en el mundo del derecho.

Los profesionales que se dedican al ejercicio libre de la abogacía no tienen más estudios que los funcionarios a los que se van a encontrar enfrente en los Tribunales, los cuales han demostrado ya sus cualidades y preparación superando un difícil y competido concurso-oposición. Una muestra evidente la encontramos en los muchos integrantes de aquellos denominados entonces “Servicios Jurídicos” que ascendieron a cotas más altas, hasta la judicatura incluso, que ejercen con reconocido y merecido prestigio.

 Nos recuerda el escribiente que el actual cuerpo de la Abogacía está integrado por abogados de oposición y habilitados, y explica este concepto. Pues bien, nadie podrá poner en cuestión que estas personas realizan su trabajo con la misma calidad y entrega que los primeros; otro tanto se puede decir de los que cruzaron el puente que los llevó del Servicio Jurídico al Cuerpo de la Abogacía.

Así pues señores Consellers reflexionen y tomen las decisiones más convenientes a la sociedad a la que sirven, no a un colectivo reducido de favorecidos. Este enfermo tal vez no se cure suministrándole unos fármacos, posiblemente necesite una intervención quirúrgica. Como dijo Albert Camus, “es necesario aplicar los principios a las grandes cosas, para las pequeñas la misericordia basta”.

Que acierten en la elección de las medidas a aplicar para solucionar el problema, para el mejor servicio a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.