Francis es uno de los hermanos de Ximo Puig. Lleva treinta años en el negocio de los medios de comunicación al frente de un proyecto de 117 accionistas que es de las pocas ofertas comunicativas propias en Els Ports, la comarca valenciana más alejada de la crispada ciudad central, la que hemos visto incomunicada y cubierta de nieve el último fin de semana una y otra vez en los informativos. La empresa ha tenido la corresponsalía en la zona de la emisora de radio más importante, también la del antiguo Canal 9, la dejó de tener por represalias políticas contra su hermano y ahora está en el ojo del huracán político y mediático por las ayudas que recibió de la Conselleria de Educación por difundir el valenciano y por intentar quedarse con la corresponsalía de À Punt por 24.200 euros anuales. La Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat le ha impuesto una multa de 16.800 euros por un pacto de precios con otras dos empresas audiovisuales de la zona a la hora de pujar por los lotes en la provincia de Castelló. La empresa de Francis Puig desistió en cuanto salió a la luz pública el caso, las otras dos mercantiles han sido excluidas del concurso.
Vaya, de entrada, que el pacto de precios es una práctica a reprobar y que las otras dos firmas implicadas, con relaciones comerciales anteriores con las de Francis Puig, debían además haber notificado que eran parte de un mismo grupo, algo que ocultaron. No son menudencias, pero conviene fijar la dimensión del caso para valorarlo en una medida más justa.
El acuerdo de precios no fue en este caso para conseguir una mayor recaudación de las arcas públicas. Al contrario, las ofertas que realizaban eran entre un 15 % y un 31 % más bajas que las que acabaron ganando, como se recoge en un informe que finalmente no ha sido incluido en la resolución del órgano de defensa de la competencia anclado en la Conselleria de Economía.
El fenómeno del pacto de precios no solo se dio en estos tres lotes, sino también en otros cinco, con otras empresas diferentes, de las comarcas centrales y del sur de la Comunitat Valenciana. En total, según Defensa de la Competencia, hubo casos en 8 del total de 12 lotes (solo hubo ofertas en 11, ya que en Utiel-Requena y la Vall de Cofrents nadie optó). Todas esas empresas fueron excluidas del concurso, según la información oficial, si bien solo consta (al menos en Economía no saben nada más) que se hayan impuesto sanciones a Francis Puig y las otras dos firmas de su zona. Que la práctica (reprobable, insisto) de acordar precios haya estado tan extendida en esta convocatoria pública da a entender una estrategia defensiva de diferentes empresas pequeñas del raquítico sector audiovisual valenciano por evitar que entraran otras de mayor músculo (peces gordos) en sus territorios, no por inflar los precios, a la vista de las cifras en Els Ports y las comarcas de Castelló.
La investigación ha sacado a la luz algunas frases llamativas del grupo de Whastapp de Francis Puig con los otros empresarios. Algunas que se han destacado del hermano del president son del tipo: «He mirat i no sembla tan complicat», «Estic encara amb la merda de lo del valencià» (por las ayudas de la conselleria). Sonoras e impúdicas, pero dichas en un contexto de conversación privada entre colegas del mismo ramo sobre una licitación. Es difícil colegir de ellas información privilegiada o influencia. Hay alguna en los informes que daría pie a pensar lo contrario, también. Como cuando Francis dice en el grupo de ESAP (Espai Audiovisual de Proximitat), plataforma de empresas locales de audiovisual de la C. Valenciana, cuando otros se quejan de que el precio (y no el arraigo en la zona) sea el único concepto que cuente para hacerse con las corresponsalías: «La capacitat tècnica és un requisit obligatori. Però el preu és l’unic que es valora… Difícil d’entendre… Però és el que hi ha». No parece la afirmación de quien puede meter mano en el concurso, pero tiene el mismo valor relativo que las anteriores.
En conclusión, no se trata de un chiringuito montado para hacerse con ayudas públicas, sino de empresas con tres décadas de trayectoria en el ámbito de la comunicación. El contrato en cuestión de las corresponsalías era de menos de 25.000 euros al año. Los acuerdos de precios se dieron en ocho de los once lotes donde hubo ofertas. Las sociedades que administra Francis Puig también han recibido subvenciones por la difusión del valenciano, al igual que decenas de empresas periodísticas que usan el valenciano habitualmente y no tan habitualmente (algunas de las que dependían económicamente de este apoyo han tenido incluso que cerrar al bloquearse esta financiación tras la judicialización del caso, que no es por la ayudas en sí, sino por la supuesta falsedad de la información proporcionada a las Corts por la dirección general de Política Lingüística). ¿Todo lo expuesto es punible o éticamente reprobable?
Como decía, el pacto de precios es una práctica penalizada, aunque sea para acordar a la baja. Y así ha sido. A mi entender, el hermano de Puig se equivocó de entrada en este concurso al actuar como un empresario más. No debería haber optado. Seguro que no es justo para quien lleva 30 años en el sector y es algo más en él que el hermano del president, pero venimos de una sociedad consumida por la corrupción y optar a contratos públicos siendo quién es no era apropiado. Que luego además acuerden precios, añade picante ético a un plato que nunca debió guisarse. Fenomenal el trabajo de quienes detectaron la situación.
En todo caso, visto lo visto, no es nada comparable a los casos de corrupción que dejó el PP, que es el trasfondo de esta historia. En el saqueo del ‘caso Blasco’ hablamos de casi 8 millones; en el de la visita del papa, 3,4 millones; en Emarsa, 23, y en Erial, 11, por citar algunos. Intentar una comparación en hechos y en tratamiento profundiza en una visión perversa de la política, que aboca a la idea de que no hay nadie sano en ella y la deja por los suelos. Es injusto y peligroso amplificar situaciones del tiempo actual para intentar limpiar el pasado por equiparación. Por mucho que algunos cada vez se empeñen más. Es una actitud de las que dejan heridas en la sociedad, que acaban sangrando.
