Si hay algo evidente en relación con la pandemia y su enorme impacto económico es la distinta respuesta de la UE respecto a la fraguada en la recesión del 2008/13. Hay muchas razones para explicar este cambio, pero ninguna de ellas debería empequeñecer las dimensiones del giro estratégico de la UE, comprometido en el programa Next Generation (NG) por su potencialidad hacía una Europa federal que ha conseguido la feliz expresión de estrategia hamiltoniana. Hamilton, de convicciones federalistas, fue el secretario del Tesoro de George Washington que decidió que fuera el Estado central quien se hiciera cargo de las deudas que todos los estados habían asumido como consecuencia de la Guerra de Secesión; no en balde se oponía por principio a cualquier tipo de facciones políticas, considerándolo el origen de todos los males que veía en Europa, por lo que fundó el Partido Federalista, enemigo de los Democráticos-Republicanos de Jefferson. Ambos, origen del bipartidismo actual. Curiosamente, los federalistas, predecesores de los republicanos, ern respaldados sobre todo por los empresarios del norte, banqueros y comerciantes, y defendían una unión más sólida (y más adelante, la abolición de la esclavitud). Los democráticos republicanos de Jefferson, originarios de los actuales demócratas, preferían mantener más poder en los estados y tenían de su parte las plantaciones y granjas del sur.
Este radical cambio hamiltoniano de la UE es una gran oportunidad, pero sobre todo una gran responsabilidad para los Estados del sur (Italia y España, los grandes beneficiarios de NG), ya que si fracasamos en el desarrollo y ejecución de esa estrategia se agravarían nuestros problemas estructurales y además le daríamos la razón a los Estados frugales del norte y, tras el brexit, podríamos asestar un duro golpe a una mayor integración europea. Eso nos abocaría, definitivamente, a una Europa de dos velocidades que tendría como consecuencia práctica la renuncia de los europeos a jugar un papel de entidad suficiente en los grandes cambios que está experimentando la humanidad, acelerados por la transformación digital y la crisis climática.
Este temor se ha incrementado al ver como el reparto de los fondos de NG en Italia ha sido la razón oficial (naturalmente no la única para sus políticos de dialéctica florentina) para provocar la enésima crisis de gobierno. Repartir 220.000 millones -196.000 de la NG y 20.000 adicionales de procedencia doméstica- ha dado lugar a graves disensiones en uno de los miembros fundadores de CEC.
Unas breves reflexiones sobre el caso de España, y la estrategia del Gobierno. Para absorber los 140.000 millones de fondos europeos se van a seguir dos fases: la primera, hasta el 2023, finalización de este periodo legislativo, aplicando los recursos europeos en forma de transferencias, y los que son créditos se aplicarían en la siguiente legislatura. El Ejecutivo estima que se crearán 800.000 empleos con la ejecución de los proyectos financiados mediante la colaboración público-privada, que generará un efecto económico acumulativo de 4 euros de inversión privada por cada uno de inversión pública, lo que supondría una cantidad de 700.000 millones.
El reparto territorial de competencias exige de la participación de comunidades autónomas y entes locales, que llevarán la gestión de los proyectos que, por su naturaleza en su mayor parte serán obligatoriamente estatales, no locales, ni autonómicos. Desde la UE están sometidos a una doble condicionalidad; la primera, en la adjudicación, vinculada a la doble Transformación Verde y Digital; la segunda, durante la ejecución. Exigirá una gran disciplina estatal, de manera tal que, una vez en marcha, las sucesivas partidas presupuestarias de los proyectos se evaluarán con la lógica de la cordada (todos atados a la misma cuerda subiendo la montaña, si uno se cae puede arrastrar al resto); es decir, si una comunidad o ayuntamiento se retrasa en su parte puede bloquear la continuidad de la totalidad de los fondos que financian el proyecto.
No creo que la Comisión tuviera la menor intención, ni de derribar gobierno en Roma, ni de agudizar la situación territorial española, pero sí parece que está aprovechando la ocasión el independentismo catalán para poner sobre la mesa del interés estatal una decena de grandes misiones a cubrir, alguna de ellas muy comprensibles, que se tambalean al incluir objetivos tales como «garantizar que el catalán esté presente en el mundo de la inteligencia artificial». El conseller Tremosa y sus catorce expertos tienen derecho a lanzar la propuesta, pero pueden hacer mucho daño al papel de la Europa del sur.
Las dificultades intrínsecas de funcionamiento de un gobierno de coalición, la falta de implicación con estos retos del principal partido de la oposición, los problemas de interlocución con varias comunidades autónomas y la falta de concienciación plena de los condicionantes reales del NG hacen difícil sacar todos los beneficios potenciales. Por otro lado, los problemas estructurales de nuestro tejido empresarial de cara a la colaboración público-privada, nuestra excesiva dependencia del turismo, unido a la más que comprensible necesidad de superar social y económicamente los estragos en muchas familias españolas de la pandemia, configuran un horizonte sobre el que habría que elevar la conciencia de la sociedad española y sobre todo de nuestras instituciones, porque no solo va a depender en gran parte nuestro futuro de alcanzar el éxito en estos retos, sino también, en gran medida, el de la integración europea.
Italia tiene problemas de mayorías frente a NG y España también; seguramente no las tendrá si Alemania estuviera en sus circunstancias, como Angela Merkel ha demostrado con su gobierno CDU/SPD. Ya sabemos que aquí un PSOE/PP no es posible, ni siquiera para este gran envite. En tiempos como éstos, es en el estiércol de la discordia sobre los grandes temas donde nacen criaturas que pretenden arreglar sus cosas desde su rincón.
