Nieves Herrero era una magnífica periodista. Tenía escuela y garra, y trabajaba como una mula. Habia salido del equipo de Jesús Hermida y su seriedad y su talento le habían abierto las puertas de la fama y de los personajes más cotizados. Hasta el día en que se convirtió en la cara de la telebasura sobre el escenario montado en Alcàsser para dar cuenta del final cruel de las tres niñas secuestradas y asesinadas por Antonio Anglés y Miguel Ricart. Cometió un error, uno solo. Se pasó de rosca y la sociedad la condenó y la dejó marcada con una cicatriz que aún dura hoy. Cien veces ha pedido disculpas, pero Herrero continúa siendo aquella periodista que convirtió en espectáculo el dolor y el horror de un pueblo.
A veces una sola mancha echa a perder una brillante carrera. Y es frecuente que el afectado no lo vea así, pero las personas de perfil público están expuestas a la opinión de la sociedad y si el reproche es unánime han de aceptarlo y obrar en consecuencia.
Resulta inexplicable que los cuatro alcaldes de la Comunitat Valenciana que se vacunaron contra la covid-19 sin que les correspondiera el turno estén ocupando aún hoy sus cargos en Rafelbunyol, El Verger, Els Poblets y La Nucía una semana después de que haya trascendido que se saltaron la cola y recibieron el vial que inmuniza ante una enfermedad mortífera. El PSPV-PSOE ha suspendido de militancia a sus tres primeros ediles, Fran López y el matrimonio formado por Ximo Coll y Carolina Vives, y puede que hasta los expulse de partido, pero eso no les apartará de sus cargos mientras no sean los propios ediles socialistas quienes promuevan su sustitución con mociones de censura (con el apoyo de Compromís en algunos casos) si se mantiene la negativa a dimitir. El Partido Popular ha hecho una cosa rara con Bernabé Cano, a quien el presidente provincial, Carlos Mazón, ha relevado del área de Deportes en un gesto hacia su socio de gobierno, Cs, que pide su dimisión en la Diputación y en la alcaldía, a lo que Cano se niega porque a su juicio actuó bien. Igual que Nieves Herrero. Su error les perseguirá. Siempre serán los alcaldes que se colaron para ponerse la vacuna contra el coronavirus.
Hay quien cree que los políticos, y los altos cargos en general con elevadas responsabilidades en la gestión de la pandemia deberían estar vacunados y garantizarse así la salud para poder seguir al frente del barco en esta crisis. Y también hay quien piensa que los capitanes de esas naves han de ser los últimos en ponerse a salvo, cumpliendo la tradición marinera. Pero uno saca la antena y la proporción que detecta es de 100 a 2 en beneficio de esta segunda posición. Saltarse la cola de la vacuna es peor que robar, porque la acción no afecta a la hacienda pública sino a la vida, al derecho que tienen los ciudadanos a inmunizarse contra la enfermedad en el orden y protocolo que han decidido quienes fueron legítimamente comisionados por ellos en las urnas. Si los cargos públicos, militares de alta graduación o presidentes de banco han de ser vacunados en los primeros turnos por ser personas de riesgo debió quedar eso establecido en los decretos antes de empezar. Pero no fue así. «Es que se iban a echar a perder dosis que sobraban»; «es que había que dar ejemplo», dicen unos y otros. Es que si hay viales disponibles se sale a la calle y se suministra la vacuna a la primera persona que esté pidiendo limosna, o que duerma en un cajero, no al alcalde de la localidad, aunque sea sanitario de refilón. Se empieza por ahí y se acaba vacunando a los 400 funcionarios de la Consejería de Sanidad, como en Murcia, incluido personal administrativo que pasa la pandemia teletrabajando en casa sin más riesgo que cualquiera que salga a comprar al supermercado. Pero es lo que hay en el país de Rinconete y Cortadillo, del Buscón y del Lazarillo. Entre 150 y 200 personas se han vacunado de forma indebida, saltándose el turno, en la Comunitat Valenciana en menos de un mes. Sanidad investiga y decidirá en medio de cierto debate sobre si deben recibir la segunda dosis para que no se pierda la primera, cuyo coste se evalúa en 12 euros. El presidente Ximo Puig lo tiene claro: no rotundo a una nueva vacunación. Saltarse la cola no puede tener premio; la segunda inyección a los alcaldes o a las decenas de aprovechados que han utilizado su proximidad a los viales o a las decisiones para poner su hombro priva a otros ciudadanos con mayor derecho de recibir el preciado líquido. Una posición de dignidad y de ética que ha de atajar la creciente picaresca. Y en lo político, dimisión, por necesidad democrática. Ni en política ni en nada en la vida hay personas imprescindibles. Los cementerios están llenos de ellas. Y de muertos por covid-19. Para desgracia de todos.
El síndic de greuges baja los humos a la Emt
Junto a la estatua de Vinatea se fue el Ayuntamiento de València a medir el ruido y los humos después de despejar la plaza consistorial de autobuses y coches y de llenarla de maceteros de hormigón pintado de verde. El gobierno de Joan Ribó, el más ecologista de la historia, hizo lo mismo que el de Rita Barberá, que trasladaba al interior de parques las estaciones medidoras de contaminación atmosférica para que Bruselas no le tirara de las orejas. Pero las trampas dejan rastro y no pasan desapercibidas. El Síndic de Greuges acaba de emplazar a la corporación y a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a aplicar medidas correctoras de ruido y humos en torno a la conocida como «Finca de Hierro» y al instituto Luis Vives, ambos en la calle Xàtiva, cuyos residentes y usuarios son víctimas del paso de 2.247 autobuses urbanos al día (3.686 según el denunciante, un particular que vive en el citado edificio) tras la polémica remodelación de líneas del transporte urbano aplicada hace casi un año. La Sindicatura ha llegado a la conclusión de que laconcentración de tráfico pesado en la zona citada se llevó a cabo sin informes técnicos sobre su resultado, ya que las mediciones, hechas por un servicio gobernado por el mismo equipo que la EMT, se tomaron lejos de donde se concentrba el paso de 18 líneas de autobuses.
