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Juan Tapia

¿Barahunda catalana?

La Generalitat alega el agravamiento de la pandemia para retrasar las elecciones hasta el 30 de mayo, pero el TSJC valida el 14-F

Cataluña va a unas elecciones muy extrañas. La campaña será fría, sin mítines. Habrá, eso sí, crispados debates en TV. Más preocupante: serán unas elecciones con absoluta falta de consenso. Ni para la fecha electoral.

Las convocó la Generalitat el 22 de diciembre por obligación estatutaria ya que durante dos meses no había habido candidato a presidente para sustituir al inhabilitado Torra. Pero el 15 de enero un decreto firmado por el vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragonés, “dejó sin efecto” la convocatoria y emplazó a otra para el 30 de mayo si la pandemia lo permitía. De entrada, cuatro meses después.

El estado de alarma (hasta el 9 de mayo) era el mismo. Causa: el empeoramiento de la pandemia tras la Navidad y una mala previsión para febrero. ¿Podía hacerlo Aragonés? A diferencia de Euskadi y Galicia las elecciones no fueran decididas por un presidente sino obligadas, precisamente por la ausencia de presidente. Y no había confinamiento domiciliario.

Y sin acuerdo general, como en Galicia o Euskadi, ya que no contó con el aval del PSC que solo aceptaba un aplazamiento, sin nueva convocatoria y posibles nuevas listas, hasta finales de marzo. Ha habido recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que han sido admitidos. Además, entre la convocatoria (22 de diciembre) y la desconvocatoria (15 de enero), el sábado 9 El Periódico de Catalunya publicó una encuesta que colocaba al PSC, por primera vez, como el partido más votado y a su nuevo candidato, Salvador Illa, como el presidente preferido.

¿La desconvocatoria se debió a una razonable preocupación ante el agravamiento de la pandemia o a un cambio de las expectativas electorales, tampoco seguro ya que el porcentaje de indecisos era alto? O a una mezcla de las dos cosas. Cierto, la tercera ola es más fuerte, pero tampoco es normal que el Govern decida algo tan fuerte como suspender unas elecciones mientras su conseller de empresas quiera anular el confinamiento municipal con permisos de un día para esquiar.

Lo mas estrambótico es que la falta de consenso abrió la puerta a los recursos al TSJC, que ha decidido de forma “cautelar” (no definitiva) que las elecciones sean el 14 de febrero, pero avisando que, por motivos procedimentales, la decisión final no se conocerá hasta el 8 de febrero. O sea, cuando los partidos estén en plena campaña, se esté votando por correo (que subirá mucho) y a pocos días de la votación. Cabe pues un inicio de campaña que luego quede suspendida por decisión del TSJC o porque de las restricciones se pase a un nuevo confinamiento. El viernes 29 a las cero horas empezará una campaña con riesgo de interrupción.

El TSJC lo razona jurídicamente. Votar el 14-F es, en principio lo razonable ya que es un derecho fundamental, no hay confinamiento y la provisionalidad de la Generalitat no debe prolongarse cuatro meses mas. Pero no decidirá hasta el 8 de febrero y todo puede cambiar si hay confinamiento domiciliario. Vale TSJC, pero para el ciudadano el panorama es kafkiano.

Y sobre Cataluña llueve -o diluvia- incerteza y confusión desde hace ya muchos años. Desde la sentencia del Constitucional del 2010 que “cepilló” un Estatut aprobado en referéndum y por las Cortes españolas. Desde la posterior deriva “brextiana” de Artur Mas en las elecciones anticipadas del 2012. Desde la independencia unilateral (por unas horas) del 2017 y el subsecuente 155. Desde el juicio del Supremo con duras penas de condena. Y los tres últimos presidentes han acabado mal. Mas, que ganó en el 2014 (en el cuarto lugar de la lista) fue apeado por los anticapitalistas. Puigdemont en Waterloo. Torra, inhabilitado por la pancarta. Y JpC y ERC se han peleado en el Govern toda la legislatura. Estamos aterrizando en una barahunda. Según la Academia Española “una confusión grande, con estrépito y notable desorden”. Esta vez con toque de queda.

Algo no funciona. ¿Sólo algo? Es anormal que Cataluña, que aspira siempre (como poco) a más autogobierno, haya sido incapaz durante 40 años (desde 1980) de dotarse de una ley electoral propia para la que tiene competencia. Es una de las pocas CC AA -no digamos ya países- que no la tiene.

¿El tradicional “seny” se ha eclipsado ante la barahunda?

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