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Rosa Paz

Iceta no puede defraudar

   No por previsible, el nombramiento de Miquel Iceta como ministro de Política Territorial y Función Pública tiene menos trascendencia. Iceta es un peso pesado de la política, con una dilatada experiencia en puestos diversos y superviviente de numerosas batallas internas, entre ellas las primarias que devolvieron a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE. Ha sido, además, el salvador de un PSC que en 2014, cuando asumió su liderazgo, se deshacía como un azucarillo agitado por el ímpetu del procés y el derecho a decidir.

El nuevo ministro es, por tanto, un barón que tiene criterio propio, muy particularmente en materias relacionadas con sus nuevas competencias en política territorial. Una posición a favor del federalismo, que no siempre ha gustado a algunos notables del PSOE y mucho menos aún a los independentistas, pero que ha tenido una influencia decisiva en el posicionamiento del presidente del Gobierno. La “España fuerte en su unidad y orgullosa en su diversidad”, que proclamó Iceta en su toma de posesión, sintetizan su pensamiento en esta materia.

No será, por tanto, un ministro más. Su trayectoria política, además de su proximidad a Sánchez, le otorgan un papel trascendental en el Ejecutivo, políticamente casi a la altura del de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Sánchez lo sabe, por eso espera que Iceta dé a su departamento una relevancia que pocas veces, si alguna, ha tenido. Se trata ahora de fomentar la coordinación y la cooperación con las administraciones autonómicas en esta cogobernanza que se pone a prueba cada día en la lucha contra el covid-19. Una vez pasen las elecciones del 14-F, el presidente confía también en que Iceta contribuya a buscar soluciones para el conflicto catalán.

Sin inventos ni sobresaltos, como prometió a quienes temen su vena de verso libre, el nuevo ministro sabe que el reto es grande y que no puede defraudar. Convendría que no olvidara el otro desafío de su ministerio: modernizar la Administración pública, que ha dado muestras de precariedad en la tramitación de los ERTE y el ingreso mínimo vital. 

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