Los sindicatos, UGT y CCOO, nos hemos unido para reclamar al Gobierno que cumpla sus compromisos electorales y con las organizaciones sindicales, y ponga en marcha una agenda de reformas sociales para garantizar una reconstrucción de país justa que no deje a nadie atrás.”

Con esta proclama hemos convocado concentraciones ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en toda España para el próximo 11 de febrero. Entre las reivindicaciones fundamentales se encuentra la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma laboral que debe ser corregida para superar la dualidad y precarización de nuestro mercado de trabajo y recuperar el equilibrio en la negociación colectiva o la reforma del sistema de pensiones que debe garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y derogar el factor de sostenibilidad.

Se trata de hacer patente que una gran parte del pueblo español, el que se gana la vida mediante su trabajo por cuenta ajena y el de los pensionistas presentes y futuros, quiere ser atendido por un Gobierno que se supone especialmente sensible a las demandas sociales.

Ya advertíamos de que el verdadero debate en esta crisis sería el de determinar quién paga el elevado déficit y la no menor deuda pública que las ingentes ayudas que nadie discute iban a traer aparejadas, y no estamos dispuestos a que sean los trabajadores con menores salarios los que vean congelado el SMI, a que los pensionistas vean recortadas sus pensiones actuales o sus expectativas de pensión o a que la desigualdad en el mercado de trabajo siga siendo su seña de identidad en nuestra economía. Solo a través de una reforma fiscal justa debe ser acometido el necesario ajuste de las cuentas públicas, aunque muy probablemente todavía no sea el momento dada la persistencia de la crisis sanitaria y su deriva en la economía.

Necesitamos aprovechar los fondos que la UE pone a disposición de nuestro país, tanto para paliar los efectos de la pandemia como para proyectar un futuro de crecimiento y transformación del modelo productivo, por eso resulta tan tristemente sorprendente la negativa del Partido Popular y Ciudadanos a la convalidación del decreto de fondos europeos. Nos jugamos la posibilidad de dar un salto adelante que tantas veces la historia nos negó y que habrá de servir, entre otras cosas, para que la mejora de la productividad nos permita enjugar déficit y deuda con crecimiento y no con recortes.

En este propósito no será de menor importancia el compromiso que sean capaces de asumir las organizaciones empresariales, a las que todas las ayudas les parecen pocas, que reciben el apoyo de los sindicatos en tales demandas y que pactan con nosotros la regulación de los ERTE que tanto esfuerzo supone para las arcas públicas y que todos reconocemos útiles y justas; pero que se niegan a la subida del SMI, que eluden la renovación del Acuerdo Inter-confederal de Negociación Colectiva o que pretenden inamovible la reforma laboral. Con una fragmentación tan acusada y una polarización política que se extrema se hace más necesario que nunca un gran acuerdo entre patronal y sindicatos. Un acuerdo que mire más allá de la pandemia y que para merecer tal nombre exige una patronal, al menos, tan preocupada por los trabajadores como éstos lo están por las empresas. En todo caso, si lo deseable no fuera posible, será al Gobierno de España a quien le corresponderá acometer las reformas cumpliendo sus compromisos, que este 11 de febrero saldremos a recordarle.