A mediados de enero, el vicepresidente del Govern Català propuso trasladar las elecciones autonómicas catalanas al 30 de mayo debido a los preocupantes datos epidemiológicos. Todos los grupos del parlamento catalán secundaron la propuesta, excepto el PSC que insistió en no demorar la convocatoria. Apenas transcurridas dos semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya decidió mantener la fecha del 14-F alegando que un retraso crearía un «periodo prolongado de provisionalidad» que «afectaría al normal funcionamiento de las instituciones democráticas».
Independientemente de las motivaciones políticas favorables o contrarias a un aplazamiento, los alarmantes datos de contagios, ingresos hospitalarios y muertes por Covid-19 (estamos en las peores cifras de toda la pandemia) desaconseja la celebración de una jornada electoral en la que el protagonista es la política y no la seguridad ciudadana y la salud pública.
Para el 14 de febrero, la Generalitat ha recomendado (no se trata de una imposición) que los ciudadanos se ajusten a unas franjas horarias según las cuales, las tres primeras horas (de 09:00 a 12:00 horas) se reservan para los colectivos de riesgo y el resto del día para la población general, excepto la última hora (de 19:00 a 20:00 horas) que —irresponsable y surrealistamente— se dedicará a que ejerzan su derecho al voto las personas contagiadas, los que guardan cuarentena por ser contactos estrechos de positivos y también cualquier persona susceptible de estar contagiada.
En el protocolo que la Generalitat de Catalunya ha dado a conocer para la jornada electoral, se especifica que «El material de protección para los miembros de las mesas electorales durante la última franja horaria (cuando acudan a votar los contagiados y sospechosos en cuarentena) constará de un Equipo de Protección Individual (EPI) consistente en: ropa protectora, guantes, mascarilla FFP2, gafas protectoras y también un manual para que aprendan a ponerse y quitarse el equipo correctamente".
Ante tamaña insensatez no puedo más que cuestionarme la idoneidad de estas elecciones en pleno pico de la tercera ola, y preguntarme a quienes y en qué aspectos beneficia que los comicios se celebren precisamente ahora. ¿Tan poco importa la seguridad de los ciudadanos sanos que acudan a votar, así como la de los miembros de las mesas electorales?
¿En que lógica se fundamenta convocar unas elecciones mientras los hospitales y sus UCI se encuentran al borde del colapso? Por más que el Procicat (Protección Civil de Cataluña), haya recomendado un aplazamiento, el interés político prevalece sobre las medidas de salud pública que recomiendan tanto los expertos como el sentido común. ¿O acaso no es surrealista imaginar la entrada en un colegio electoral de votantes contagiados en la hora del último tramo y encontrar a los miembros de las mesas embutidos en unos aparatosos EPI como si estuvieran en medio de una emergencia radioactiva? Con lo fácil que habría sido desplazar sólo unos meses los comicios en lugar de “salvar la elecciones”. Ya hemos tenido bastantes salvamentos con la nefasta desescalada preestival del pasado verano, la campaña de “salvemos la Navidad” y las recientes declaraciones de la ministra Reyes Maroto cuando dijo que «para nosotros, la Semana Santa puede ser el reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad». ¿Por qué quienes deberían tener como primera prioridad —incluso única en momentos especiales— la salud pública juegan así con la ciudadanía?
Y claro, el miedo ha hecho mella en los designados para acudir como miembros de mesa a los colegios electorales el 14-F. A día de hoy son más de 16.000 quienes han presentado alegaciones solicitando el amparo del Síndic de Greuges para que se les exonere de esta obligación. Previendo el peor escenario, la Junta Electoral de Barcelona se ha planteado recurrir a voluntarios en el caso de que haya demasiadas exenciones por las causas alegadas (motivos médicos personales, o bien personas que conviven con enfermos o ancianos a quienes podrían contagiar si ellos enferman). Por curiosidad, he consultado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y he descubierto que ante la incomparecencia de alguno de los designados para formar parte de la mesa, a cualquier votante madrugador que se encuentre presente en el colegio electoral a primera hora se le puede ordenar que forme parte del equipo de la mesa.
Resulta contradictorio que mientras los epidemiólogos y los profesionales de la medicina se esfuerzan en dar pautas preventivas anti-contagio —además de dar el tipo y estar al borde de la extenuación—, se convoque una actividad perfectamente prorrogable justo en el pico de la tercera ola.
Es muy probable que la participación en el 14-F baje considerablemente por el miedo al contagio de quienes consideran que ir a votar en esta coyuntura es exponerse innecesariamente a un riesgo. Esto podría propiciar que tras conocerse los resultados, si la participación fuera muy baja, aquellos que más perdieran con el resultado, atribuyeran su fracaso a la baja participación e incluso cuestionaran la legitimidad de los comicios. No obstante, dejaré para otro momento las hipotéticas consecuencias de una baja participación. Mejor centrarse en la importancia de mantener la coherencia en la lucha contra el coronavirus y decidir lo que procede y lo que no procede hacer. Porque, seamos sinceros y respondamos a la pregunta de si es tan necesario celebrar ahora unas elecciones?
