Como si fueran gemelas o madre e hija, Imelsa y Divalterra se parecen mucho. En realidad son la misma empresa, pero se le cambió el nombre para limpiar su imagen. Después de todo lo que ha llovido suena a guasa, ¿verdad?

Recapitulemos: Imelsa, esa empresa de la Diputación de València capitaneada por un hombre que a sí mismo se calificaba como «yonki del dinero». Ahí es nada, de guion de serie. Cuando esto pasaba, Alfonso Rus, presidente de la diputación, se ajustaba a una buena trama de ficción y contaba millones en su coche («dos mil, tres mil... dos milions de peles»). El PP gobernaba y con su mayoría absoluta protagonizaba estas y otras escenas que, por desgracia, eran realidad.

Ante tal desvergüenza, sus sucesores, PSPV y Compromís, llegaron en 2015 a cambiarlo todo. A dignificar la diputación y, por supuesto, Imelsa. La rebautizaron como Divalterra. Dos años después se produciría la imagen que pasará a la historia de esta casa: la detención del presidente Jorge Rodríguez en la operación Alquería. También de película. Ahora, gracias al juez instructor, sabemos que los presuntos dedazos del PSPV y Compromís en Divalterra nos han costado a los valencianos más de un millón de euros.

Imelsa o Divalterra. Da igual. Sigue siendo lo mismo. Tanto es así, que ahora tenemos sobre la mesa, bueno, mejor dicho, en la Fiscalía Anticorrupción, una posible irregularidad en un proceso de selección de personal. Y no es baladí. Esperemos que se depuren todas las responsabilidades. Caiga quien caiga.

Ciudadanos está siendo muy prudente. Lo fue en el caso Alquería, aun siendo quien puso las presuntas irregularidades en conocimiento de la fiscalía. Ahora también estamos siendo cautelosos porque hay que dejar actuar a la justicia.

Eso no quiere decir que no estemos haciendo el trabajo que políticamente nos corresponde. Estamos muy pendientes de este asunto, como todos los que tienen que ver con esta empresa; que lamentablemente, unos y otros, rojos, azules y nacionalistas, han manchado.

Los trabajadores de Imelsa o Divalterra no merecen esta gestión. Los valencianos tampoco. Ciudadanos respeta la presunción de inocencia y confía plenamente en la justicia. Sabemos que si alguien se ha aprovechado del cargo en el que le ha puesto la ciudadanía para enchufar a sus amigos, los tribunales lo pondrán en si sitio. Mientras tanto, prudencia.

Lástima que la broma nos haya costado a los valencianos más de un millón de euros, según el juez instructor.