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Juan Tapia

Más allá de estas elecciones

Cataluña necesita un difícil y laborioso pacto interno que le permita hablar –y reivindicar– con suficiente autoridad

El imprevisto documento de cuatro fuerzas independentistas para, sean cuales sean los resultados, excluir al PSC de la formación del nuevo gobierno catalán, ha marcado el final de la campaña. Y se ha avivado el temor a que el impasse de los últimos años no tenga remedio y prosiga el estéril desgobierno de la pasada legislatura.

Tras los resultados de hoy convendrá hacer fina aritmética parlamentaria y analizar las cosas con desapasionamiento. La sociedad y los partidos catalanes están muy divididos respecto a la relación Cataluña-España. Más concretamente sobre la independencia. Pero la polarización está lejos de ser absoluta. Hay pactos y entendimientos, básicamente a nivel local. Los casos más conocidos son el del ayuntamiento de San Cugat, ciudad dominada por la antigua CDC durante largos años, y el de la Diputación de Barcelona.

En San Cugat gobierna desde las municipales de 2019 una coalición de ERC, PSC y las CUP. Y el pacto, liderado por una alcaldesa republicana, va razonablemente bien. Las disensiones son acotadas e incluso las CUP –me dicen– actúan con seny. En la Diputación de Barcelona se tejió un pacto entre el PSC, Junts y PDECat (entonces todavía mezclados) que, pese a todas las incidencias, se mantiene.

¿Por qué estos pactos, que pueden parecer poco naturales? Porque en San Cugat, o en la Diputación, es posible acordar un programa que no contradiga ningún gran objetivo de los partidos pactantes. El PSC y Junts pueden acordar, por ejemplo, un plan de inversiones en vías verdes para regenerar la cuenca del Llobregat. Para eso es irrelevante la relación de Cataluña con España.

El PSC (Cs y el PP tienen menos fuerza a nivel local) puede pactar con independentistas en el mundo municipal sin que nadie renuncie al núcleo de sus creencias. El gran obstáculo para un gobierno transversal en la Generalitat es que el nacionalismo convirtió –amputado en 2010 el Estatut de 2006– la independencia a corto plazo (en las elecciones de 2015 se planteó un lapso de 18 meses) en el eje central del programa de gobierno.

Es difícil y complicado un pacto transversal en la Generalitat mientras el independentismo –pese al lastimoso resultado de la declaración unilateral de 2017– crea, o quiera creer, que la independencia es el objetivo de mañana o pasado mañana. Y otra mayoría absoluta independentista –se acaba de palpar– puede bloquear cualquier tentativa transversal. Por otra parte, una mayoría constitucionalista es difícil. Aunque solo fuera por la irrupción de Vox.

Esa podría ser la realidad del lunes. Pero Cataluña no debe seguir bloqueada mucho tiempo más. Un gobierno que quiera pactar con España cambios constitucionales razonados, o incluso plantear la independencia en el marco europeo, está condenado al fracaso –y, por lo tanto, a que el país siga en un pernicioso marasmo– si solo tiene el aval del 47%, o incluso el 52%, de los votos. Si Cataluña quiere hablar con autoridad y ser escuchada, necesita antes lograr un laborioso pacto interno que sea respaldado por dos terceras partes del electorado.

Ni será fácil alcanzarlo, ni sabemos cómo. Pero sea cual sea el resultado de hoy, el independentismo se va a topar con límites difíciles de franquear. Al menos a corto plazo. ERC (y el PDECat) han empezado a verbalizarlo. Pero tenemos que salir del actual pantano que divide a Cataluña en dos mitades casi iguales respecto a la independencia y que la perjudica.

¿Cómo? ¿Cuándo? Estos días he leído un libro de un periodista francés, Jean-Michel Aphatie, admirador del general De Gaulle, y he encontrado una confidencia sobre Argelia del general a Edgar Faure, un inteligente primer ministro de la IV República: “El error mas común de todos los hombres de Estado es creer firmemente que en todo momento existe una solución a cualquier problema. Hay algunos periodos en los que los problemas no tienen solución. Es lo que pasa hoy en Argelia”.

El general De Gaulle no podía decir a los franceses, en 1959, que el fin, doloroso y que no le gustaba, era la independencia de Argelia. ¿Puede hoy algún líder independentista decir a los suyos, desde la cárcel y en periodo electoral, que el camino a transitar –al menos durante unos años, y que para él no es el ideal– pasa por negociar y pactar algo en la línea del PNV, o del federalismo asimétrico que tanteaba Pasqual Maragall? ¿El PSOE y el PP –uno sería insuficiente– pondrían la oreja?

En Cataluña hay que repensar lo sucedido desde la discusión del Estatut de 2006. En Madrid, admitir que fue un error hacer de aquel Estatut una pelea entre los dos grandes partidos.

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