Una ley para la dignidad de las personas transexuales

Ya hay borrador de la Ley para la igualdad real y efectiva de la personas trans. Su objetivo es acabar con los obstáculos legales (en aspectos tan esenciales como el reconocimiento público de la persona) y sociales (en la sanidad, el empleo, la educación...) que sufre una persona trans por serlo. Es esta una reinvindicación histórica del movimiento asociativo LGTBI que tuvo un avance muy importante con la Ley 3/2007 para llevar a cabo la rectificación del sexo registral pero que, tras 13 años en vigor, ha mostrado ser insuficiente tal y como han revelado sentencias del Tribunal Supremo (685/2019) y el Tribunal Constitucional (99/2019) en lo referido a las personas trans menores de edad y el derecho al pleno desarrollo de su personalidad (artículo 10 de la Constitución). Otra laguna de la ley de 2007 es que no llegó a abordar la situación de las personas trans extranjeras que, en el caso de las mujeres, se ven atrapadas frecuentemente en la marginalidad y la prostitución ante la imposibilidad de conseguir documentos legales que reconozcan su identidad. Por otro lado, desde 2012, casi todas las Comunidades Autónomas han aprobado leyes (con amplios respaldos parlamentarios) que, en su marco competencial, pretendían dar respuesta a los problemas de las personas trans y lo hicieron (con alguna excepción) partiendo del principio de que no deben acreditar la identidad de género mediante informe médico o psiquiátrico; es decir, defendiendo la autodeterminación del género por parte de las personas trans y asumiendo que no es una patología.

La ciencia médica no es ajena a los contextos sociales. Hasta 1990 la homosexualidad se incluía en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a pesar de que ya en 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría había votado de manera unánime por dejar de considerar a la homosexualidad como una “desviación sexual”. ¿Alguien mantendría ahora que la homosexualidad es una enfermedad? Más allá de Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá, nadie mínimamente razonable sostendría algo así. Y así, en 2019, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la nueva CIE 11 que descartó definir la transexualidad como "disforia de género" que es un trastorno psiquiátrico y decidió clasificarla como "discordancia de género", es decir, una condición relacionada con la salud sexual. Sin duda un paso firme hacia la despatologización de la transexualidad.

En el plano legal, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó los denominados Principios de Yogyakarta cuyo objetivo es ser una referencia de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género; en concreto, ampara la libre expresión de esta y su reconocimiento. En su redacción intervinieron personas expertas en derecho internacional de la Comisión Internacional de Juristas, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos y de distintas universidades. Me cuesta creer que tanta gente tan rigurosa pudiera equivocarse y estar sentando las bases para una agresión sin precedentes hacia las mujeres (como defiende una parte del feminismo).

Y, además, nuestra Carta Magna establece con claridad meridiana que somos "iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Y ahí encuentra su percha constitucional la propuesta legislativa que quiere iniciar su trámite y que, al igual que la de 2007, la proposición de ley presentada por el PSOE en 2019 y todas la que han aprobado las Comunidades Autónomas, responde a una necesidad real: una minoría muy pequeña de nuestra sociedad sufre dificultades objetivas de tipo jurídico, social, educativo, sanitario, laboral... para poder desarrollar su vida de manera digna y plena. Y una democracia avanzada y consolidada, como es la española, precisamente mide su calidad por cómo trata a las minorías.

Índices altísimos de desempleo, agresiones, marginalidad, prostitución, falta de autoestima, depresión, suicidio... forman parte de la realidad de muchas mujeres y hombres transexuales (¡sí, también hay hombres transexuales!). Y aún así también hay quien, con valentía y tesón, saca adelante su vida y consigue el reconocimiento de su género sentido y expresado por parte de la sociedad, tener un empleo, una familia, desarrollar sus inquietudes en cualquier ámbito: Joel, Julio, Melu, Carla, Juana, Alec, Mané, Natalia, Mar, Guillem, Maria, Sarai... son sólo algunos nombres de personas que conozco directamente y cuyas biografías desarman cualquier elucubración que cuestione la oportunidad de esta ley a la vez que demuestra rotundamente que la transexualidad no es un deseo caprichoso ni una frivolidad.

Antes de conocerse este borrador de la ley se ha orquestado una intensa campaña por parte de un sector influyente del feminismo que anuncia un hipotético "borrado de las mujeres". Parte de un debate conceptual entre sexo y género (que puede tener su interés académico) y denuncia una terrible manipulación del activismo LGTBI por parte de la temible "teoría queer" y su máxima exponente, la catedrática de la Universidad de Berkeley, Judith Butler. Revelan un amplio desconocimiento de la historia del activismo por los derechos de las personas LGTBI al afirmar tal cosa y sobrestiman esa influencia.

Este sector del feminismo advierte de una avalancha de hombres que van a declarar ser mujeres para, por ejemplo, eludir condenas por violencia machista. Se anuncian agresiones en vestuarios, baños y prisiones por parte de mujeres transexuales que son "hombres encubiertos". Se alarma sobre el adoctrinamiento sobre el género que confunde a adolescentes. Es sorprendente que estos sean los argumentos utilizados: las mujeres transexuales ya existen y, hasta el momento, nada de eso ha sucedido. Que se conozca en las escuelas la realidad trans es decisivo para evitar discriminación y acoso y ayudar a los chicos y chicas que sufren con un cuerpo en el que no se reconocen. Convertir la anécdota en categoria es una manera de trivializar el debate público sin medir el sufrimiento que se inflije y, además, avala la transfobia que promueve la ultraderecha política y religiosa. ¿De verdad se puede pensar que algún hombre va a desear vivir como mujer transexual, con todo el estigma que ello supone, para beneficiarse de las medidas sociales o laborales de esta ley? Pero es que, además, el borrador de la ley (al igual que la de 2007) establece que el cambio registral "no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción". Y si alguien trata de aprovecharse perversamente de la norma, con nuestro Código Civil, se puede perseguir el fraude de ley.

Es cierto que hay que redactar una ley que garantice la máxima seguridad jurídica y que respete el marco autonómico. Hay que anticiparse a posibles recursos de inconstitucionalidad o conflictos competenciales que generarán dilaciones y frustración. Por ejemplo: el cambio registral podría requerir la declaración de testigos que respalden la manifestación de la persona interesada, tal vez ayudaría que existiera una segunda confirmación por parte de la persona solicitante ante una decisión trascendente y así se podría evitar un uso arbitrario de la norma (la reciente regulación de la muerte digna establece hasta cuatro ratificaciones de la voluntad del interesado/a). Pero las mejoras de la propuesta legislativa no pueden ser la excusa para cuestionar la autodeterminación del género de las personas trans.

El machismo ataca por igual a mujeres, a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales en la medida que desafían, con sus reivindicaciones y su visibilidad, el dominio que ha ejercido a lo largo de los siglos. La regresión cultural y social que implica la emergencia de la ultraderecha en todo el mundo, también en España, debería obligar a los feminismos y a los activismos LGTBI a dialogar desde su pluralidad pero sin extravagancias y entenderse para plantar cara a esa amenaza cierta. Ellos no distinguirán matices ni enfoques teóricos a la hora de derogar derechos y avances. Por otro lado, los argumentarios sobrevenidos que rompen con la trayectoria del PSOE en esta cuestión y alertan sobre un cuestionable (por improbable) "borrado" de las mujeres así como las filtraciones interesadas y los tacticismos partidarios de Unidas Podemos para cargar sobre el otro socio de gobierno la factura de cualquier revisión de la ley y ganar simpatías sociales, no son el buen camino para hacer avanzar esta ley.

Ante este panorama, las organizaciones que representan al activismo LGTBI y el movimiento feminista (tan potente y necesario como atomizado y difuso) deberían buscar una tercera vía que huya de posiciones maximalistas (¿es imprescindible abordar el no binarismo?) y que se centre en construir acuerdos básicos con textos concretos en vez de cavar trincheras teóricas que ninguna ley puede superar. Hay que ser conscientes de la correlación de fuerzas y de la necesidad de crear alianzas. Sería terrible para la vida de las personas trans que el proyecto legislativo quedara bloqueado por esta disputa.

Lo decía Pedro Zerolo: el activismo LGTBI es, por definición, feminista. Por tanto, el reconocimiento de la dignidad de las personas trans ni supone ni puede implicar ningún borrado de las mujeres y, al mismo tiempo, legislar para despatologizar, proteger y remover obstáculos será un paso para avanzar en su dignidad. Como afirmó el presidente Zapatero, cuando se reformó el Código Civil para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, "una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros". Así debería ser también en esta ocasión.

Ximo Cádiz, es afiliado al PSPV-PSOE, ex-coordinador de Lambda y ex-secretario de organización de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales.