El «minibotànic» que gobierna el Ayuntamiento de València había entrado en rumbo de colisión. El planeamiento de la parte silvestre del barrio de Benimaclet había emergido en las últimas semanas como un enorme iceberg que amenazaba con enviar a pique al barco que capitanea (que no conduce) el alcalde Joan Ribó con la socialista Sandra Gómez como primera oficial. Ésta última ha dado un giro inesperado de timón, reivindicando para sí y para el área de Urbanismo que dirige la elaboración del diseño del futuro barrio y desarmando la operación de Compromís para administrar una competencia que no tiene porque así lo decidieron en el pacto entre ambos.
Los cinco años largos de convivencia (por llamarla de alguna manera) entre los de la sonrisa naranja y los del puño y la rosa eran hasta ahora una sucesión de trágalas en la que estos últimos solían ceder ante decisiones que no compartían porque la parte que ostenta la alcaldía hacía valer que eran cuestiones de su competencia. En ese marco se encuadra buena parte de las decisiones sobre movilidad (eliminación del aparcamiento nocturno en el carril-bus, reducción del tráfico privado a un solo carril en Colón o Reino de València...) y otras que también tensaron mucho la cuerda, como la decisión unilateral del alcalde de dedicar los 32 millones de remanentes del ejercicio presupuestario pasado a cancelar deuda con la banca privada en lugar de reforzar los servicios sociales zarandeados por la pandemia. Era su decisión y la tomó con la oposición expresa de sus socios socialistas y con el único aplauso del interventor general, Ramón Brull. Luego, hay que cancelar en València el programa piloto de asistencia social para mayores «Activage» que se desarrolla en siete países europeos con fondos comunitarios, porque resulta demasiado caro, cuando los gestores del programa, el equipo de Las Naves, y su propio concejal delegado Carlos Galiana, tenían a gala participar de una iniciativa que lleva sensores a las casas de 700 personas mayores para hacer un seguimiento de sus rutinas y mejorar su autonomía con ayuda de la tecnología. Fin del programa. No hay dinero para un proyecto que reúne digitalización, resiliencia, inclusión... ¿Suenan estos conceptos? Sí. Son los mismos que inspiran los fondos europeos contra la crisis provocada por el coronavirus. Pues en València en lugar de poner en marcha iniciativas alineadas, se eliminan porque son caras. Y el dinero para pagarlas, en la caja fuerte de un banco.
Volviendo al hilo, cuando algo era de la parte naranja, la decisión era cosa de uno. Y en esto llegó Metrovacesa, la primera inmobiliaria de España, y quiso desarrollar un plan urbanístico en el suelo que posee desde hace años en el borde Norte de Benimaclet. Y se abrieron los cielos. Vecinos alineados con Unidas Podemos y todo el aparato de Compromís, el Bloc y los Verdes, tanto a escala de barrio como de ciudad, forman el primer frente de batalla contra la especulación salvaje y en defensa de la huerta y de los huertos urbanos que la codiciosa banca y las constructoras les permitieron sembrar cuando la crisis de 2008 hizo inviable cualquier inversión. Los defensores de la ciudad verde habían emitido ya su veredicto: había que desclasificar casi todo el suelo urbanizable y dejar solo el necesario para construir 400 casas de poble, en vez de dar luz verde a las 1.300 viviendas, un gran parque, campo de fútbol, una escoleta, un colegio y otros equipamientos que hacen ciudad y prestan servicios.
Pero la concejala de Urbanismo no pensaba de esa manera y estaba decidida a dar la batalla aunque esta vez para ganarla. Descalificó la propuesta partidista de sus socios condenando la eliminación de los equipamientos y la reserva para las casas de poble, inacessibles para las personas que quieren acceder a una vivienda y al alcance solo de «pijoprogres». Recortó la edificabilidad a 1.000 viviendas, 300 de ellas de tipo social, y abogó por el consenso con todos los sectores sin exponerse a una indemnización multimillonaria para la constructora, a pagar de los bolsillos de todos. El órdago de Sandra Gómez hizo que el alcalde Ribó se descarase. Encargó a su arquitecto de cámara, David Estal, unos dibujos y envió al vicealcalde segundo, Sergi Campillo, a defenderlos en público. Por segunda vez en pocos días, la vicealcaldesa se impuso con el argumento incontestable de que no se puede comparar el trabajo de un asesor del alcalde en un fin de semana con la labor de un año de los funcionarios de Urbanismo, antes de anunciar, este viernes, que su departamento elaborará el diseño del barrio completo con las pautas que ya ha anunciado y sin interferencias partidistas. La inmobiliaria no proyectará el barrio, y los socios de Compromís tendrán que esperar en la puerta a que los funcionarios acaben el trabajo con las indicaciones de la concejalía de Urbanismo, oídos los vecinos y otros colectivos.
Y oídos es oídos. Todos los vecinos, todos los ciudadanos, tienen derecho a opinar sobre el futuro de un barrio. Si sólo los hoy residentes en Benimaclet pudieran decidir sobre el espacio próximo posiblemente no cupieran equipamientos de ciudad, como parques o infraestructuras. En la plaza de José Maria Orense, al final de Blasco Ibáñez, se alzó hace años un grupo de vecinos contra un centro para enfermos de parálisis cerebral. Y en Benicalap sonaron las ollas contra un edificio de la Casa de la Caridad. Por fortuna, los insolidarios perdieron. Porque la ciudad es de todos.
Independientes pero no neutrales
Uno ve cómo un diputado de Vox en la Asamblea de Madrid se dirige a la portavoz socialista Carla Antonelli en términos masculinos porque nació varón y se pregunta de qué pasta está hecho ese hombre. O contempla a una joven de grandes ojos azules, mucho más claros que su camisa militante, jalear a la División Azul y señalar a los judíos como los causantes del mal en el mundo y no puede dejar de cuestionarse en qué ambiente se habrá criado esa pobre chica. Puede que la libertad de expresión ampare actitudes y declaraciones como esas, de la misma manera que podría servir de paraguas a las barbaridades de un tal Hasel por el que unos cuantos vándalos andan estos días destrozando tiendas y mobiliario urbano y pegando a policías con señales de tráfico arrancadas de la acera. ¿Puede el periodismo ser neutral ante actitudes como esas, aunque estén apoyadas por millones de votos o por sus representantes democráticamente elegidos? Puede, pero no debería. Como dijo uno de los maestros de quien esto escribe, el periodismo ha de ser independiente, pero no neutral ante la injusticia, la discriminación, el odio al diferente...
