“La juventud tiene que organizarse, no solo en su caso sino en los casos que van a surgir” son las palabras de Eyra una chica de veintiún años que, junto a cinco jóvenes más, sostenía una de las pancartas contra la ley mordaza el pasado cuatro de enero en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. “Libertad Pablo Hasél, amnistía total. Decir la verdad no es delito” se leía. “Esto es completamente desmesurado, se han aprovechado de este momento (pandemia sanitaria) para que la gente no salga a luchar” apostilla Laia, también de la misma edad. Juventud despierta y mayores rebeldes unidos ante una situación insultante. Más de cien casos han sido judicializados contra artistas, titiriteros, periodistas, feministas, usuarios de redes sociales y activistas sociales por expresar su opinión o manifestarse pacíficamente.
¿Por qué se mantiene en costosísimo estado de hibernación totalitarismos bananeros que se instalan según convenga? ¿Qué se planea para evitar la escisión entre grandes pudientes libres y ciudadanía pobre amordazada, un cisma con incalculables daños en la humanidad y el consiguiente caos? ¿Para quién la ley mordaza señorías?
El pueblo víctima de hirientes represiones padece multas, enjuiciamientos, seguimiento, ruptura de cotidianidad y ¡gastos! insalvables gastos al ser atrapado por un entramado que lesiona a cualquier ser humano sin apadrinamiento, sin potencial económico, sin nexo político o sin cualquier escudo catalogado como intocable.
“¿Cómo pueden decir los socialistas que son el futuro si Felipe González aparece en los posters como si fuese la novia de Ramsés II?”(Alejo Vidal-Quadras, -presidente del Partido Popular de Cataluña- PP, 27/5/93). ¿Qué hubiese pasado si esto que ha sido recopilado por el periodista Albert Om lo hubiera dicho públicamente alguien sin posición aventajada?
En dos mil quince cuando la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (ley mordaza), también conocida por su acrónimo LOSC, entraba en vigor con la mayoría absoluta del PP (Partido Popular), la prensa internacional se echó las manos a la cabeza ante tal involución, pero ahí quedó todo. The New York Times la condenó por traer “los peores días de la época de Franco”. Pasado el tiempo, la ley mordaza ¡continúa! censurando y coartando el derecho a la información y manifestación pública sobre ciertos temas, con devoluciones fronterizas en caliente, la prohibición de grabar a autoridades y miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, vetando manifestaciones ante el Congreso o Senado, castigando la utilización de redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para incitar a una manifestación, penando el parar un desahucio y el apoyar el derecho a la huelga. Un cuerpo normativo y satélites penales que tejen una eficaz maraña generadora de multas con acumulados como los de Hasél: diez mil ochocientos euros más trece mil quinientos euros, más cinco mil cuarenta euros por injurias a la Corona, más doce mil ciento cincuenta euros, más cinco mil cuatrocientos euros; más costas, más gastos de abogacía, más procuradores o procuradoras, más, más, más. ¿Quién tiene ese dinero?
¿Qué ha pasado con aquella disidencia cinematográfica, literaria, musical, gráfica, social de tiempo atrás? Pasó que, por aquel entonces, tras la muerte de Franco, desde fuera se exigió un lavado de cara para poder ingresar en la rueda del sostén económico dado por superpotencias internacionales y ¡zas! surgió la “apertura”.
¿Se gesta otra tentativa de abolir la ley mordaza, o es gatopardismo?
“La historia del poder político es la de la delincuencia del mundo” escribió el filósofo austríaco Karl Raimund Popper, fundador del racionalismo crítico.
¿Cuántas personas de estatus social privilegiado sufren la ley mordaza?
En la película La corte del faraón, con guion del director José Luis García Sánchez y Rafael Azcona, se retrata en clave de humor la diferencia persistente entre figuras sociales, tristemente típicas, como la censura, la religión, fuerzas de orden público y el poder económico. “No hay escapatoria para (las) los libres de mente. El poder siempre (las) los hará sucumbir y mientras el cortejo de hipócritas sale al amanecer mezclando misas y adulterios, los jóvenes artistas quedarán en la cárcel amordazados para siempre”, resume el escritor y crítico de cine argentino Juan Carlos Frugone sobre dicha película en su estudio titulado Rafael Azcona: atrapados por la vida.
Max de veintidós años, pancarta en mano, declara que “Debido a esta pandemia ha estado paralizado un poco esto” opinando de forma nada halagüeña sobre el activismo juvenil: “Depende de la edad, están un poco por otras cosas”. Hadija de veintiún años, asida a la pancarta, confiesa su inquietud por “Las medidas; no es tanto por la seguridad sino por el miedo”. El miedo ancestral e infalible herramienta para doblegar y abusar, “Me preocupa que el miedo se expanda”. Bea la mayor del grupo, con treinta años, reconoce que a Hasél lo “Están utilizando como cabeza de turco”.
Personas con canes, bicicletas, parejas jóvenes y maduras, familias, mujeres y hombres de avanzada edad se concentraron para reclamar libertades y derechos que la denominada ley mordaza ha hecho fosfatina, al igual que su versión para Internet: el “decretazo digital.
“Amnistía”. “No a la ley mordaza. Stop represión. La voz del pueblo no es ilegal”. Sin libertad no hay democracia”. Una enfervorizada octogenaria con muleta vocifera desde las primeras filas al escuchar la letra del rap de Hasél: “¡La peste bubónica!”.
“Por una justicia libre, justa, digna, imparcial. Amparo libertad. Derogación de la ley mordaza, no nos callaran”, es la primera pancarta extendida. Amparo Molina, sexagenaria perteneciente al colectivo Iai@flauta de Valencia, continúa sufriendo el dislate de un engranaje coercitivo devorador de vidas.
“Hacer un Hasél” ya se acuña como expresión popular.
¿Por qué declaraciones incendiarias de representantes políticos y demás no han tenido respuesta punitiva quedando en anecdotario como el escrito por Om? ¿Por qué la diferente vara de medir? “Rato es un charlatán de feria, que dice que va a hacer más con menos impuestos” (Josep Borrell, PSOE, 12/7/98). “Guerra es un vampiro jubilado” (Felipe Alcaraz, IU, 12/5/91). “Los ex presidentes son como los jarrones chinos: muy valiosos, pero nadie sabe dónde ponerlos.”(Iñaki Anasagasti, PNV, 7/10/97, después de que Felipe González anunciara que no volvería a presentarse a las elecciones). “La ministra Aguirre es una especie de páramo intelectual” (Antonio Romero, IU, 1997). “A esa gorda (Cristina Almeida), en cuanto llegue a Bagdad, le van a poner un velo en la cara y entonces se va a enterar.” (Guillermo Galeote, PSOE, ridiculizando la presencia de Almeida en la delegación que viajaba a Irak para liberar quince rehenes españoles). “Boyer, cuando te tenga que dar un puñetazo, te lo doy en directo, sin ugetistas. Eres un mariconazo” (José María Ruíz Mateos, 4/5/89, segundos antes de su histórico puñetazo a Miguel Boyer). “Guerra es un soplapollas.” (Pedro Pacheco, Partido Andalucista). “Solchaga es una subespecie de enanoide psicoinfante.” (Victorino Núñez, candidato del PP en Orense, 7/10/93, insultando a Solchaga, quien la víspera había reprochado a Fraga su pasado franquista). Estas frases y sus apuntes pertenecen al libro: ¡Manda huevos! Los 638 mejores insultos y disparates de 20 años de democracia en España, obra de Om, donde también se lee lo esgrimido por Alfonso Guerra (PSOE) que fue diputado en el Congreso de Diputados por Sevilla, ante las acusaciones de la oposición: “Yo no insulto; analizo”. ¿Por qué al pueblo no se le otorga la opción de expresarse libremente, sin represión cuando analiza?
Amnistia Internacional, Greenpace, Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Iai@flautas y otras más de doscientas organizaciones en defensa de los derechos y libertades fundamentales continúan denunciando esta patente de corso constrictiva llamada ley mordaza.
Otra expresión con enjundia acopiada en el aludido libro es claramente ilustrativa: “Dios (¿?) libre a (las) los jueces de Aznar y de la derecha” (Enrique Múgica, ministro de Justicia del PSOE, 10/12/89).
