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Juan Tapia

Violencia: tolerancia cero

En Cataluña hay tensión. Y la sociedad está partida en dos mitades respecto a la independencia. Incluso hubo violencia callejera a finales de 2017 y tras la sentencia del Supremo contra destacados políticos. Fueron momentos graves y peligrosos. Pero la violencia ya había desaparecido, la reciente campaña electoral transcurrió con normalidad, al igual que la jornada electoral en la que muchos electores soportaron largas colas por las precauciones ante la pandemia y los miembros de las mesas electorales dieron muestra de gran civismo. Y la participación, menor a las muy altas de 2015 y 2017, fue pese a todo superior a la que ratificó el Estatut de 2006.

Sin embargo, las manifestaciones por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél han acabado con graves explosiones de violencia. Todos pueden tener su propia opinión sobre los ataques de Hasél a la Corona. Más difíciles de justificar son las repetidas expresiones “no me da pena tu tiro en la nuca… Pepero… Socialisto… Millonario” o “¡merece que explote el coche de Patxi López!”. Lo cierto es que el Supremo falló contra Hasél y la concatenación de varias condenas ha acabado llevando al rapero a la cárcel.

Es legítimo manifestarse contra las sentencias o contra su entrada en prisión. Y prestigiosos juristas razonan que los delitos de opinión deberían ser castigados con sanciones que no comportaran prisión. Lo que no es admisible es instrumentalizar la protesta y la libertad de manifestación para ejercer la violencia contra las personas y las cosas. El apoyo a Hasél no puede conllevar destrozos sistemáticos del mobiliario urbano, quema de coches y motos de particulares, incendios en céntricas calles que alarman a los vecinos, invasión de locales comerciales y bancarios, ataques a las fuerzas del orden e incluso el asalto a una comisaría de los Mossos como sucedió en Vic.

La libertad de manifestación no ampara nunca el uso de una violencia irracional, y menos en un momento de obligada restricción de las libertades y de cierre obligado de negocios por una pandemia que amenaza la supervivencia de muchas empresas. Hay derecho a protestar, no a ejercer la violencia. La policía no puede permitir actos vandálicos. Su obligación es impedirlos respetando los valores democráticos. Pero los Mossos no son una congregación benedictina ni una oenegé de seguidores de Gandhi. Y mantener el orden no se puede hacer siempre sin un medido ejercicio de la fuerza. Y menos cuando una minoría organizada de participantes actúa con agresividad.

La ausencia de violencia en las calles –que siempre acaba favoreciendo a los extremismos– es una de las cualidades más preciadas de la democracia. Por eso produjo estupor que Pablo Echenique, muy próximo al vicepresidente Iglesias, expresara su “apoyo a los jóvenes militantes antifascistas que se manifiestan en las calles”.

No, un partido en el Gobierno de un país europeo no puede apoyar, o justificar, la violencia callejera. Nadie responsable lo hizo en Francia cuando las explosiones de los chalecos amarillos. Por eso ha sido fundamental –e imprescindible– que el presidente del Gobierno afirmara el viernes que “en una democracia plena –y España lo es– el uso de la violencia es inadmisible… La democracia nunca ampara la violencia… El Gobierno actuará con contundencia contra cualquier forma de violencia”.

Una democracia plena no es una democracia perfecta y Pedro Sánchez ha hecho –con algún retraso– lo que debía. Pero España no puede vivir mucho tiempo con un presidente que tiene que corregir cada semana a su vicepresidente segundo o a sus más directos colaboradores. Es un asunto sobre el que habrá que volver.

En Cataluña, el orden público es competencia de la Generalitat y es preocupante que, cuando ERC ha empezado a negociar un hipotético nuevo ejecutivo, las CUP digan que condicionan todo a “cambios policiales profundos”. ¿Es que es culpa de los Mossos lo que está pasando? Y peor es todavía lo de JxCat, formación del ‘conseller’ de Interior, que habla de “la inaceptable respuesta policial”.

Mal lo tiene ERC para formar gobierno con quienes desautorizan a los Mossos, su propia policía, tras tres noches de serios disturbios. Así, Cataluña no será “més rica i plena”.

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