València era la ciudad amable, acogedora, la que podías abarcar de punta a punta en una sola jornada; el lugar en que el tráfico peatonal y el tránsito rodado se compatibilizaban sobre los espacios públicos sin que se conocieran los grandes embotellamientos, entre otras cosas, porque el Ingeniero Sánchez Barcáiztegui, del que algún día tendremos que hablar como se merece Don Valeriano, detuvo a los vehículos ante el semáforo de Europa por la entrada Norte en Alboraya pautando los accesos y su distribución sobre el sistema viario local de forma acorde con su capacidad para que el casco urbano se viera libre de atascos. Decía Ortega y Gasset que el Gobierno de la ciudad no puede ser encomendado a cualquiera y que los cambios han de traer causa en el perfecto conocimiento de la realidad de que deriva la selección entre lo que debe desaparecer y lo que debe mantenerse.

Valencia tiene su Plan General de Ordenación Urbana y los posteriores que garantizan los derechos y obligaciones estando perfectamente detallado el uso del suelo y el aprovechamiento del espacio de Benimaclet a través de dos documentos contra los que nada objetó la vecindad. Es un barrio de los nuestros en que merece la pena perderse cualquier día, con los mejores equipamientos culturales, rincones que conservan los hitos de su historia, con los pequeños comercios y una conciencia colectiva envidiable en la que incide la juventud universitaria que se ha instalado en sus zonas y hace que sus días terminen cuando ya está bien entrada la noche.

Parece que las opiniones han cambiado; los vecinos del lugar, apoyados por algunos Concejales que, a imagen del Sr. Iglesias actúan como Partido y no como Gobierno, han planeado una drástica reducción de la edificabilidad para adoptar las características de casa de pueblo o urbanizaciones privadas y el mantenimiento de zonas de huerta. Y nuestro Alcalde, sin respeto a la distribución competencial, sin bagaje de conocimientos y experiencias previas, se ha lanzado a cubrir las demandas en el arsenal de sus votantes sin prever las consecuencias de sus actos.

En primer lugar, la huerta es una actividad económica que requiere de actuaciones preventivas para garantizar la rentabilidad y estas pasan por el uso de abonos de la tierra, en general pestilentes, y el uso de plaguicidas e insecticidas que eviten la destrucción insectívora de los cultivos; durante el verano, el ambulatorio de los pueblos costeros cercanos a la huerta atiende a un gran número de pacientes que sufren afecciones cutáneas debidas a que el viento arrastra estos productos hacia las zonas residenciales. En segundo lugar que, como bien ha señalada la Concejala de Urbanismo Sra. Gómez, la repercusión de los gastos de urbanización en el precio final de las viviendas implica un notorio incremento en el precio final que puede excluirlas de la condición de V.P.O. En tercer lugar, que en estadística está la variable “moda” y la reducción de alturas rompe la fisonomía de la zona.

Hay un tercer aspecto fácil de olvidar cuando se maneja dinero público y repercute en toda la ciudad y me refiero a las consecuencias económicas que puede tener para todos porque contra las afirmaciones del Sr. Ribó hay una verdad incontestable: Los derechos adquiridos generan expectativas que, en este caso, son determinantes para la valoración del suelo; seguramente, los propietarios iniciales no vendieron sus parcelas al precio de terrenos con aprovechamiento urbanístico cero, sino por el que corresponde a los que tienen señalado una edificabilidad. Ni necesariamente especularon ellos ni los actuales propietarios porque el suelo es un bien económico, escaso, que se vende en el mercado libre sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Y la pérdida de derechos adquiridos implica la correspondiente indemnización. Tendríamos que saber si de ella se harán cargo los vecinos de Benimaclet o pagaremos todos los de esta ciudad.

Se lamentaba el Sr. Ribó de que el retraso en la concesión de Licencias impide que el Ayuntamiento ingrese cantidades importantes por este concepto; Contrariamente a lo que afirma, las Leyes no conciben el urbanismo como un negocio lucrativo de los Ayuntamientos limitándoles a compensar sus gastos de tramitación con la recepción del porcentaje de aprovechamiento señalado. Los que no ingresan, con los retrasos o denegaciones injustificadas son los ciudadanos porque detrás de cada Licencia hay una inversión, detrás de toda inversión el desencadenante de la creación de puestos de trabajo. Estos hechos son más determinantes de la pobreza que la propia pandemia que sufrimos, porque esperamos que esta termine pero lo del Ayuntamiento viene de antes y no parece que se acabe ni con ella.

Desde otro punto de vista, cuando estas no se conceden a tiempo o se deniegan por criterios que carecen del mínimo fundamento en el urbanismo o en la ciencia urbanística los Tribunales de Justicia imponen el resarcimiento de los daños ocasionados. Ya son muchas las indemnizaciones a que a que han sido condenados, tienen experiencia y la reiteración puede demostrar una actuación de mala fe a la que habría que aplicar la Ley de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas que prevé la repercusión de los daños en los funcionarios responsables, norma aplicable a los políticos, nunca se aplica. Mucho cambiarían las cosas si se dilucidaran las responsabilidades personales por hechos imputables que no obedecen al error involuntario sino a la arbitrariedad y tuvieran que pagar de su bolsillo.

Benimaclet dejó de ser un pueblo independiente para convertirse es una parte importante de la ciudad de Valencia y la solidaridad ha de ser recíproca. O se practica o se impone desde los estamentos encargados de que las cargas y los beneficios se compartan. Me parece muy bien que el Sr. Ribó cuide el feudo de sus votos, pero a la hora de ejercer como Alcalde está obligado a ponderar sus decisiones y no mentirnos descaradamente al decir que nos va a salir gratis; él sabe que lo pagaremos y ni procede ni es el momento.