El pasado 25 de enero nos levantábamos con una afirmación demoledora por parte de Oxfom Intermón: «La pobreza severa podría aumentar en España en casi 800.000 personas y llegar a 5,1 millones por la covid-19». El informe advierte que las personas con rentas más bajas han perdido «hasta siete veces más que las rentas más ricas». Lo que significa se continúa agrandando la brecha entre las familias ricas y las familias pobres y que las posibilidades de movimiento entre las clases en sentido ascendente se están viendo tremendamente dificultadas.

Hace tiempo que algunos sectores de la intelectualidad advierten de la tendencia inexorable hacia la aparición de una clase desheredada debido a los cambios estructurales de la sociedad. Uno de los más importantes es la intensa inflación y la creciente distancia que separa las rentas altas de las bajas, que viene determinada por la tendencia (elegida) del capitalismo desarrollado hacia la desigualdad que explica el Nobel Joseph Stiglitz en su libro ‘Capitalismo progresista’. La pandemia no ha hecho más que hecho que recrudecer estas diferencias, provocando que este problema que estaba creciendo lentamente en las entrañas de nuestro sistema, se acelere de tal forma que es muy difícil obviarlo, y claramente imposible negarlo.

Cuando hay cierto grado de pobreza y de desigualdad, el poder está muy cotizado, y sobre todo el poder político porque permite a quien lo ostenta tener capacidad de decisión sobre lo público y acceso a las arcas públicas. El hecho de tener una clase media empobrecida y/o una clase totalmente pobre, añadido a unos servicios públicos cada vez más deficientes, otorga a los dirigentes políticos poder sobre las condiciones de vida de las personas a las que representan.

El papel de los políticos y las políticas en estas condiciones puede pasar a ser equiparable al de ‘El padrino’ en la legendaria película de Coppola. Por ejemplo, el político o política le hace un favor al ciudadano/a, como es otorgarle un trabajo digno (que es un derecho) y a cambio va a recibir su fidelidad, que en este caso se va a traducir en un voto favorable para que se mantenga en el poder. Esto limita la libertad de expresión, tanto pública como privada, en las urnas, porque deben aceptar cualesquiera que sean las disposiciones de los mandatarios para conservar los beneficios obtenidos (trabajo, permisos, adjudicaciones de obras públicas...) y mantener las nuevas condiciones de vida alcanzadas. Unas condiciones de vida que, en su mayoría, son únicamente condiciones dignas, que todas las personas deberían tener por derecho.

De esta forma, se crea todo un entramado de servilismo político muy difícil de derruir, pues la red de vasallaje y fidelidad propia de otra época se va extendiendo con ese tinte sectario. Ejemplos han sido, durante muchos años, la Comunitat Valenciana o Andalucía.

En base a la explicación anterior se puede observar porqué son tan peligrosos los datos que arroja Oxfam Intermón sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad en España. Ambos son factores que alimentan la corrupción política y el servilismo de la población, que al ver reducida su calidad de vida y sus posibilidades de promoción, recurre a contactos poderosos para, por ejemplo, conseguir plaza en un hospital público. Así, se establecen unas relaciones vasalláticas que provocan que la estructura social y el sistema político democrático se corrompan. Por tanto, el empobrecimiento de una parte importante de la población y el aumento de la desigualdad en España pueden llevarnos a una coyuntura en la que el poder político aproveche las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía para aumentar su poder y mantenerse en él. Esta situación haría imposible mantener un sistema plenamente democrático.

De esta forma, no queda más que la lucha por lo que es del pueblo y nunca debió serle arrebatado. Y esta lucha debe estar en las instituciones, a través de partidos políticos en los que se implique la ciudadanía, pero también en las calles para demandar derechos sociales, una vivienda en condiciones, un tratamiento sanitario y una educación de calidad y un trabajo con un sueldo razonable para poder vivir. En resumen, exigir condiciones de vida dignas para todas las personas para que nadie pueda aprovechar su poder político para someter al otro. Y esta contienda no hay otra forma de llevarla al puerto del éxito que con una ciudadanía unida. Hay que dejar fuera temas superfluos que nos distancian para ahondar en cuestiones que nos acercan por encima de todo como es compartir una misma condición o, al menos, unas mismas creencias en el ámbito lo que consideramos que es justo para todas las personas.