En el discurso que dio en la manifestación plebiscitaria del 17 de diciembre de 1970 en la plaza de Oriente, poco después de las seis sentencias de muerte del proceso de Burgos y con su proverbial retórica oracular, Franco dijo: «Porque tenemos leyes institucionales, tenemos solución para todos los problemas». Mostraba así su convicción de que España era un Estado constitucional. Por eso se irritaba mucho cuando alguien ponía en duda que él hubiera construido un Estado de derecho. Cuando el Concilio Vaticano II rechazó los regímenes dictatoriales, Franco afirmó que no se daba por aludido. Dijo que quizá algunas repúblicas americanas podían tener problemas con esa doctrina.

La convicción que subyacía a estas declaraciones era que existía un régimen jurídico y que el aparato judicial era el fortín del régimen. Ahora, cuando la atmósfera del presente comienza a parecerse a la de aquellos tiempos, de nuevo se confía en la facticidad de la ley y en los tribunales que la aplican. Entonces, la discusión era sobre democracia orgánica con dictador. Ahora, la batalla está en si la democracia es plena, imperfecta, limitada, híbrida. Pero que si tenemos leyes y tribunales, como decía Franco, solucionamos todos los problemas. De ahí a una comprensión represiva de la ley, hay un paso.

Hoy como ayer no hay un debate sincero sobre las buenas leyes. Mientras, la forma de relacionarse con la legalidad de una gran parte de la población es burlarla, despreciarla, combatirla o, en el mejor de los casos, ignorarla con indiferencia. No muchos parecen defenderla. Nuestra Constitución no es militante, pero tampoco tiene militantes. ¿Cuántos millones de jóvenes saldrían a manifestarse por esta Constitución, como salieron en los días siguientes al 23F? Hablo de defender su legitimidad no porque sea el orden existente, sino porque se considere válido. ¿Cuántos afirmarían hoy sentirse identificados existencialmente con ese orden jurídico?

Esa desafección se aprecia por doquier, pero no es originaria, como lo fue la que se dirigía hacia el montaje institucional del franquismo. Es fruto de un deterioro creciente, de una involución política, de un estrechamiento democrático, que no es compensado por el reconocimiento de derechos de una minoría u otra. Parece irreversible en la medida en que no se ve fuerza ni energía política capaz de revertirlo.

No se trata solo de Cataluña y del País Vasco. Hablamos de carencia de afecto, de pérdida de expectativas de futuro, de no contar con la evolución de la ley como base para orientar su vida. Esta mentalidad parece cercana a la de la gente de mi generación respecto del franquismo. Todos pensábamos que iría mejor cuando se viniera abajo. Esto no es un problema de la Transición. Es un problema de que las fuerzas políticas que dirigieron nuestra democracia desde entonces se han orientado por un sentido minimalista de la democracia social, que tiene mucho de esa mentalidad que se siente satisfecha con la posesión de «leyes institucionales» y que todo lo fía a su aplicación judicial.

Este es el gran problema. Nuestra democracia ha sido cada vez menos capaz de anticiparse a los problemas que tenemos como sociedad. Bajo la reedición de una mentalidad franquista de legalidad por parte de Vox, secundada por los partidos de la foto de Colón, esa pérdida de vínculo existencial con la Constitución puede producir la reemergencia de una pulsión franquista popular, que también existe. A partir de ahora nadie debe ignorar que cualquier irresponsabilidad en el manejo de la política engordará esa pulsión.

Ese aviso especialmente alude a los que alardean de tener posiciones progresistas. Lo que vemos realmente es que esos líderes progresistas no sólo van por detrás de las exigencias sociales, sino que sólo se dedican a amagar con legislar, pero expanden la impresión de que sólo lo hacen cuando no tienen más remedio, en el caso de una movilización extrema, cuando la indignación ya es una marea desbordada, y que incluso entonces adoptan la forma perezosa del decreto ley, una figura sin fuerza para reorientar nuestra democracia en un sentido social efectivo.

Poco se ha avanzando en derogar la reforma laboral, neutralizar todas las consecuencias de la vieja ley mordaza, mejorar el código penal, adaptar a la situación actual las arcaicas figuras del código militar, reformar el tratamiento del terrorismo al momento presente, avanzar en una ordenación eficaz de la ciencia, ordenar la investigación, aprobar la ley de arrendamientos, impulsar un sentido poderoso de igualdad de géneros, mejorar la condición de los inmigrantes, combatir la pobreza infantil, construir vivienda social... por citar algunos ejemplos. Muchas de estas mejoras fueron promesas electorales. A lo sumo, se abordan en un decreto ley aquí y otro allá. Nada que dote de un nuevo impulso y forma el ordenamiento jurídico, nada que vincule al poder judicial con una nueva línea de conducta. Eso no cala en la ciudadanía y lo embarulla todo.

Por supuesto, la parálisis legislativa del Estado no es culpa solo del PSOE. En medio de una derecha que levanta los reflejos del inmovilismo propio del tardofranquismo, y un Podemos que parece jugar la partida imposible de una ruptura democrática que sólo beneficia a la presión independentista y que por tanto refuerza a Vox, de nuevo parece que estamos en la pretransición, entre el búnker y la ruptura. Pero ahora como consecuencia de la ineptitud y la mala fe en el manejo de la democracia.

Y así la realidad va trampeando, una prueba de que hemos perdido la conducción del futuro. Salir de este atolladero, con el descontento popular creciente, no va a ser fácil. La única estrategia política la ha marcado Más País-Compromís. Presionar al Gobierno en el sentido de comprometerlo con sus propias promesas, con una mejor interpretación del Estado social, pero sin lanzarse a una oposición frontal que, imposibilitando grandes acuerdos, genera desesperación y desafecto. Ir por delante del Gobierno, pero en el sentido del mismo, ese es el camino. Unidas Podemos parece haber decidido otro curso de acción, aun a sabiendas de que engordarán a Vox. Si piensan que entonces ellos se elevarán a muro de contención, se equivocan tanto como lo haría el PSOE si pensara que, destruido el PP, él se afianzaría en su hegemonía política. El PSOE debería responder con firme decisión democrática porque si no se recupera el vínculo de legitimidad con los intereses sociales mayoritarios, la involución de la democracia española será inevitable.