La bochornosa expresión “usted no sabe con quién está hablando” se ha hecho muy popular en España desde tiempos inmemoriales, cuando algunos ingenuos, generalmente en el estricto cumplimiento de sus tareas profesionales, pretendían que el correspondiente mandamás de turno cumpliera como todo hijo de vecino con la ley y las buenas costumbres. Desde el guardia urbano que multaba el coche de algún subsecretario ministerial al profesor que suspendía al hijo del Gobernador Civil, pasando por el camarero que rogaba al borracho de rigor que en su establecimiento se abstuviera de cantar jotas a voz en grito, ignorante de hallarse ante un concejal de Urbanismo, la historia se repite una y otra vez. Lo cierto es que pocas frases definen mejor al individuo que la pronuncia, pues quien recurre a ella suele estar revestido de una prepotencia basada en el convencimiento de sentirse un ser supremo, gracias normalmente a un puesto de privilegio que ocupa de manera temporal.
Estos individuos, persuadidos de pertenecer a una raza superior, proliferan como las setas en otoño y no pocos de ellos integran las clases políticas del mundo entero. A algunos los podemos ver en los periódicos día sí, día también y nunca pierden por completo sus deplorables maneras de proceder. Muy al contrario, estos altos cargos se resisten a dejar de recurrir a la frase de marras, máxime si, cuando se encuentran con alguna copa de más, la autoridad competente, amén de sobria, les llama a capítulo en su afán de recordarles su condición de simples mortales, por más ceros que adornen sus cuentas corrientes y por más negras que luzcan las tarjetas de crédito con las que lleven a cabo sus transacciones. Por cierto, que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estas actitudes chulescas de quienes imparten clases de democracia y progresismo pero, apenas tocan poder, se arrogan una serie derechos más propios de la Edad Media, les cabrea hasta el extremo.
A mi juicio, unos de los aspectos más incomprensibles asociados a estos escándalos es que, cuando saltan a la luz, no suelen faltar las declaraciones de apoyo de compañeros de partido que rebajan la gravedad de los hechos a meros sucesos acaecidos en el ámbito privado, que no se les está juzgando por quedarse con dinero público ni por delitos relacionados con su actividad, y que ya sólo faltaría que ni siquiera fuera posible emborracharse o echar una canita al aire porque, en ese caso, “casi nadie querría meterse en Política”.
El ejemplo más reciente en cuanto a falta de ética y vergüenza se refiere lo están protagonizando una nutrida selección de mujeres y hombres que se han saltado el orden del protocolo nacional de vacunación establecido con ocasión de la pandemia de coronavirus. La lista de caraduras se ha extendido a las esferas más diversas, incluyendo (cómo no) a políticos, altos cargos, sindicalistas y miembros de las cúpulas militar y eclesiástica. Cuantificados en alrededor de unos setecientos, hasta la fecha han decidido dimitir nueve, y sólo uno ha sido cesado.
Me pregunto cómo se puede hacer entender a mentes de esta traza que el reproche social que generan sus conductas no se debe a un exceso de rigor ni de escrúpulo ciudadano, sino a la perversión de sus modelos de comportamiento, habida cuenta que resultar elegido en las urnas u ostentar un puesto de relevancia no conlleva una patente de corso, sino que eleva la exigencia de una actuación ejemplar, derivada precisamente de ejercer un cargo de representación. Es más, aun cuando en ocasiones resulten absueltos de los correspondientes procesos judiciales, ello no resta un ápice de responsabilidad a esas manifestaciones verbales que abochornan a cualquier ciudadano que se precie. De todos modos, como no hay mal que por bien no venga, la parte positiva es que ahora sí sabemos con quiénes estamos hablando.
