¿Qué hacer con la deuda pública generada por la covid-19?

Volvamos hacia atrás para contextualizar la situación en la que nos encontramos. No es una obviedad resaltar, negro sobre blanco, que ante el desencadenamiento imprevisto y arrollador de la infección viral de la Covid-19, que pronto devino en pandemia mundial, los países de Europa hubieran de afrontar y asumir explícitamente, “cueste lo que cueste”, con todos los medios disponibles, sin escatimar esfuerzos, sin controversia, sin oposición manifiesta de ningún colectivo social más allá de alguna objeción, los retos de todo tipo que iba suscitando, primero los sanitarios, luego los laborales, y a la postre los económicos, para no dejar a ningún ciudadano arrumbado al borde del camino. No fue esa la respuesta de la América de Trump o Brasil de Bolsonaro, dicho sea a título comparativo.

Resulta fácil hacer una somera relación de los descomunales gastos que a nivel de cualquier país ha ido generando la epidemia, por el incremento desmedido de enfermos internados en los hospitales, el material sanitario consumido, las infraestructuras que se hubieron de adaptar, la logística, los subsidios de desempleo, las ayudas a trabajadores autónomos obligados a paralizar su actividad económica, etc. La ralentización de la actividad y la reducción consiguiente de la productividad en este periodo lleva aparejada también una disminución de la capacidad recaudatoria de la hacienda pública.

¿De que manera van a afrontar los Estados esos gastos extras, desorbitados y no previstos ni previsibles?. Serían diversas las alternativas posibles: subir los impuestos a los contribuyentes, fomentar el crecimiento económico que conlleva el incremento del volumen impositivo, reducir el gasto público de otras partidas presupuestarias, recurrir a los préstamos dinerarios como haría cualquier ciudadano ante una necesidad urgente.

La última vía nos lleva al concepto de deuda pública, la que asume un Estado frente a acreedores privados o frente a otras naciones. La acumulada por España alcanzó en noviembre del año 2020 la cuantía de 1.312.590 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 120% de su producto interior bruto anual, cifrado en ese mismo ejercicio en 1.119.976 millones, (en el 2000 había llegado únicamente el 60% y en el 2019 era del 100%), en 20 años prácticamente se ha duplicado. La deuda pública asumida por el conjunto de los países de la Unión Europea desde el inicio de la pandemia se aproxima a 2,5 billones de euros, de la cual 3/4 ha sido adquirida indirectamente por Banco Central Europeo, (B.C.E.).

En la circunstancia presente excepcionalmente podremos contar con la cantidad que la Unión Europea va a inyectar a los países más afectados, a través del “plan de recuperación”, unos 140.000 millones para España, una parte de los cuales en concepto de subvención, no reembolsable, y el resto como préstamo, que por tanto habremos de restituir; pero eso, seamos conscientes, representa aproximadamente un 50%, de la deuda producida en 2020, porcentaje muy importante, pero que no deja de ser una migaja, apenas un 8% de toda la reunida en años precedentes.

Parecería evidente que ese dinero habrá que devolverse a los prestamistas o avalistas, lo cual produce el temor a una subida general de impuestos, a un ascenso peligroso de la inflación, a que la deuda sea heredada por nuestros hijos y nietos, que se está convirtiendo en una obsesión. Es en este contexto que un grupo de 150 economistas de 13 países europeos, entre ellos 24 españoles, retomando y reforzando algunas sugerencias anteriores , han firmado una petición de anulación de la deuda pública en posesión del B.C.E. desde 2015, o en su defecto, su transformación en deuda perpetua sin intereses; no se extendería sin embargo a los títulos que están en manos de los bancos privados, aseguradoras o fondos de inversión. A cambio proponen que la institución comunitaria sustituya la liberación por la exigencia a los Estados deudores de llevar a cabo, por un coste equivalente, programas de reconstrucción ecológica y de reparación de la ruptura social, económica y cultural, a fin de reducir las desigualdades entre los ciudadanos, cada vez más acentuadas.

La obvia polémica levantada entre políticos y economistas divide a éstos en dos bloques, los partidarios de la ortodoxia y aquéllos que defienden la absolución de la deuda. Para los primeros, entre los cuales figura la presidenta del Banco Central Europeo, el pago resulta incuestionable, la solución propuesta ha recibido un rechazo frontal; se la ha calificado como “materia inflamable”, “teoría simplista”, “ilusión demagógica”, “ilegal”, “plena de riesgos”, “ineficaz”; “impensable, inimaginable, inviable” apostillaba Christine Lagarde y añadía que significaría una violación de los tratados europeos, que prohíben la financiación monetaria de los Estados, siendo esta regla uno de los pilares del euro. En esta línea nos recuerdan que existe históricamente un abanico de medidas para hacer frente a un exceso de la deuda pública: su reestructuración, establecer impuestos sobre los grandes patrimonios, dejar que se propague la inflación, etc.; ninguna opción es neutra, todas crean ganadores y perdedores.

A favor de la reestructuración, de su renovación indefinidamente a fin de tornar las partidas que van venciendo, abogaría en el momento presente la circunstancia de los bajos tipos de interés, que permiten a los Estados financiarse a coste muy bajo, 0,1 % para España en la emisión del cuatro de febrero, que incluso es negativa para algunos países, por lo cual reciben una cantidad y al vencimiento deben devolver una suma inferior. El riesgo evidente es que la situación puede cambiar y subir significativamente los intereses, perspectiva que no parece inmediata.

Con el objetivo de estudiar una solución, Francia creó el cuatro de diciembre de 2020 una comisión de expertos. La propuesta que ha elaborado consiste en aislar del resto la deuda pública generada por el coronavirus e instaurar una fuente fiscal específica para su amortización. En el mismo sentido Alemania, con un volumen de deuda muy inferior al de Francia, Italia y España, de 70 % de su P.I.B., se había adelantado en julio adoptando un plan para reembolsarla en un plazo de 20 años. Así pues, los dos gigantes de la Unión están marcando el camino a seguir. Habrá que tener también en consideración que el Plan de Estabilidad y Crecimiento de la U.E., que fija como topes máximos del déficit y de la deuda públicos, 3% y 60%, respectivamente, del P.I.B., fue suspendido con motivo de la pandemia y deberá ser reinstaurado.

La presidenta del BCE sostenía que sería más útil a los países que van a recibir dinero del plan de relanzamiento de la economía estudien su óptima utilización al objeto de obtener un aumento máximo de la productividad como una medida idónea para la solución del problema.

Los defensores de la absolución argumentan que si los Estados deudores dedican el dinero al reembolso no podrán por ello orientarlo hacia la inversión; la crisis presente es excepcional y requiere también medidas de ese calibre. Invocan la Conferencia de Londres, en 1953, cuando se condonó a Alemania 2/3 de su deuda, lo que le permitió remontar el vuelo. En su opinión el B.C.E. puede hacerlo, la anulación no está explícitamente prohibida por los tratados europeos, solo hace falta voluntad política para ello. ¿Habrán ponderado como reaccionarían los conocidos como “países hormigas” (Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Austria) y también Alemania, si además de su aportación en los 750.000 millones del plan de recuperación se les demanda ahora esto?

En fin, sería de agradecer que muchos de nuestros políticos en lugar de debatir sobre el sexo de los ángeles y otros temas vidriosos e inoportunos dedicaran sus energías a estudiar éstos y algunos temas más que son los que realmente preocupan a la mayoría de los españoles. Al mismo tiempo pueden seguir de reojo la actuación de Italia, cuya situación tiene mucha similitud con la nuestra.