Tradicionalmente poblado por tribus bereberes, el Sahara Occidental fue tomado por España en 1884 aunque fue en 1934 cuando venció las reticencias de sus habitantes e inició el proceso de colonización. En 1958, ante la avalancha de movimientos independentistas en el continente africano, fue convertida en una provincia española, denominada Sahara español, hasta que la ONU pidió la descolonización del territorio en 1965.
Para entonces ya pesaban sobre el Sahara Occidental las demandas del reino de Marruecos, que se había independizado en 1959, pero llevaba siglos reclamando el territorio como suyo (si bien, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró en 1975 que "el Sáhara Occidental no era terra nullius antes de la ocupación española reconociendo vínculos históricos del territorio y su población con Marruecos y Mauritania pero insuficientes para que el territorio sea mauritano o marroquí), pero también se inició en el propio Sahara Occidental un movimiento independentista, con la creación, en 1973, del Frente Polisario.
En 1974, España anuncia sus planes para conceder mayor autonomía a los saharauis y propone organizar un referendo de independencia un año después. Sin embargo, España se retiró en 1975 sin haber llevado a cabo dicho referendo y Marruecos se anexó el Sahara Occidental con la perfecta sincronización y complicidad del Ejército español, (a pesar de la sensación generalizada de amarga traición entre la oficialidad) y alentó a miles de marroquíes a establecerse allí. En noviembre de 1975, 350.000 marroquíes cruzaron la frontera en la llamada Marcha Verde (condenada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su resolución núm. 380 del 6 de noviembre del mismo año) para presionar por la reivindicación del reino.
El Frente Polisario (reconocido por la ONU como el único y legitimo representante de la población saharaui en la Resolución 3437 de la Asamblea General del 21 de noviembre) proclamó en febrero de 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), su propio Estado, con el apoyo de aliados como Argelia y 81 naciones más que le han otorgado su reconocimiento internacional) que a partir de ese momento libró una guerra de guerrillas contra las fuerzas marroquíes que duraría 16 años, hasta 1991 cuando la ONU negoció una tregua que preveía la celebración de un referendo. Nunca se celebró.
En el pasado, los intentos por llegar a una solución se han visto frustrados. Las veces que se estuvo más cerca, con el Plan Baker (I) y (II) fueron finalmente rechazadas tanto por el Frente Polisario, en el primero, como Marruecos, en el segundo. El Plan Baker I ofrecía la autonomía del Sáhara Occidental dentro del Estado marroquí, salvo en las cuestiones de defensa y política exterior. Un plan que aceptó el reino alauí, pero que fue rechazado por el Frente Polisario. La segunda versión (coloquialmente conocida como Baker II) preveía el autogobierno bajo una autoridad del Sáhara Occidental por un período de cinco años, con un referéndum sobre la independencia a continuación. En este referéndum, participaría toda la población saharaui, incluidas las personas que habían emigrado o se habían asentado en Marruecos después de 1975, algo que el Polisario siempre había rechazado. Por otro lado, una disposición según la cual el gobierno local interino (la autoridad del Sáhara Occidental) solo sería elegido por una lista restringida de votantes (aquellos identificados como habitantes originales del territorio por MINURSO). Después de que Marruecos expresara sus primeras objeciones al plan, Argelia y el Frente Polisario lo aceptaron como base para las negociaciones. En julio de 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el plan, algo que no había hecho con el primer borrador de Baker I, y pidió su implementación. Sin embargo, Rabat lo rechazó finalmente alegando que nunca apoyaría un referéndum que incluyera la independencia como opción. Nunca más se ha vuelto a poner encima de la mesa esta cuestión.
Nuestras entidades vecinales, a lo largo y ancho del territorio español sólo tienen relación con plataformas de solidaridad con el pueblo saharaui, sobre todo, en los denominados programas “Vacaciones en Paz”, y, no nos olvidamos de la población migrante marroquí que, en su mayor parte, viven en condiciones lamentables y colaboramos con otras organizaciones y autoridades para su reinserción laboral e integración social. Incluidos menores extranjeros no acompañados, despectivamente denominados “menas”. Algunos, como yo personalmente, hemos vivido parte de la historia en El Aaiún, hasta 1975.
Cierto es que las entidades vecinales no son expertas en Derecho internacional ni siquiera en los supuestos intereses geoestratégicos del Sahel (incluidos Argelia, Mauritania, Marruecos y el Sáhara Occidental); tampoco pretendemos ser portavoces del pueblo saharaui o el pueblo marroquí; sin embargo sí se tiene experiencia en la sensatez, en llegar a acuerdos y a consensos por muy dificultosos que sean, por lo que, ante la inacción histórica de nuestro Gobierno en el conflicto saharaui, instalado en la “zona de confort” como bien acusa Youssef Amrani, ministro delegado de Relaciones Exteriores y Cooperación de Marruecos, me permito la libertad de expresar algunas consideraciones. Porque consideramos que en cuanto el estallido las armas sustituyan al diálogo, en cuanto las balas reemplacen a la palabra, en cuanto el valor de la vida humana ya no tenga sentido, habremos perdido, tanto la comunidad internacional como el pueblo saharaui como el pueblo marroquí.
No es difícil compartir el análisis del informe de Carlos Ruiz Miguel, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela sobre la “Iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía para el Sáhara” presentada por Marruecos ante Naciones Unidas el 11 de abril de 2007, como alternativa al propio bloqueo marroquí del “plan Baker” (“solución política óptima” apoyada por el Consejo de Seguridad unánimemente). Esta “iniciativa”, que ni es nueva ni es inédita, es recibida con elogios por algunos altos responsables norteamericanos, franceses y españoles pero contiene diversas lagunas que desvirtúan sus elementos esenciales.
El proyecto de abril de 2007 sí que acepta expresamente de nuevo el principio de autodeterminación. Y lo hace en dos lugares. En primer lugar, en el punto 8 del proyecto, donde dice que “el estatuto de autonomía, resultante de las negociaciones, será sometido a una consulta mediante referéndum de las poblaciones concernidas, conforme al principio de la autodeterminación y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”. Y en segundo lugar, en el punto 27 que dispone que la autonomía será sometida a un referéndum que “constituye, conforme a la legalidad internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, el libre ejercicio, por estas poblaciones, de su derecho a la autodeterminación”.
Sin embargo, este paso positivo, que es la aceptación por Marruecos de la legalidad internacional es incompatible con otros pasajes del proyecto de 2007 que no satisfacen las exigencias del Derecho Internacional. Del mismo modo que el proyecto de 2003 (punto 4), el de abril de 2007 parte de una premisa que es contradictoria con el principio de autodeterminación y contraria al Derecho Internacional. A saber, que el Sáhara Occidental se halla ahora bajo soberanía marroquí. Esta premisa se encuentra en varios pasajes de la “iniciativa” de 2007. Así, en el punto 2, se afirma: “Marruecos se [compromete] a someter una iniciativa para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sáhara, en el marco de la soberanía del Reino y de su unidad nacional”.
La organización de la Región “autónoma” que establece el proyecto de 2007 también supone una regresión sobre lo dispuesto en el proyecto de 2003. La regulación sobre esta materia es la prueba más evidente de que el proyecto de “autonomía” marroquí, lejos de contribuir a la “democratización” de Marruecos como sostiene su propaganda, contribuye a cerrar las posibilidades de democratización real del sistema marroquí. Es decir, la “Iniciativa” marroquí de 2007, al atribuir dentro de la Región “autónoma” del Sáhara poderes absolutos al Rey resulta así más que dudoso que “esta iniciativa se inscribe en el marco de la edificación de una sociedad democrática y moderna, fundada sobre el Estado de derecho, las libertades individuales y colectivas y el desarrollo económico y social” (punto 3 de la “Iniciativa” de 2007) y que “de este modo, las poblaciones del Sahara administrarán por sí mismas y de manera democrática sus asuntos” (punto 5 de la “Iniciativa” de 2007). ¿Qué “credibilidad” puede tener esto allí donde el Rey tiene plenos poderes frente a los órganos supuestamente “autónomos”? ¿Puede ser calificada como “seria” una “autonomía” donde un órgano del Estado central tiene todos los poderes?
Para concluir, apoyamos un proceso de democratización de las instituciones marroquís que, para mostrar credibilidad, han de reformar su artículo 19 de la Constitución para poder determinar y descentralizar las competencias administrativas y el reconocimiento de la autonomía al Sáhara Occidental como Estado libre asociado, con la doble nacionalidad saharaui y marroquí, para que en un tiempo determinado se realice su derecho de autodeterminación, todo ello bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Que se adopte una resolución a favor de pertenecer al Reino alauí como región autónoma dependerá de la inteligencia de las autoridades alauitas, si son capaces de acoger a los cientos de miles de personas refugiadas en los campamentos diseminados en el desierto, de respetar a la población autóctona saharaui en los territorios ocupados, de su plan de reinserción social y laboral y de continuar las inversiones en la zona, de la que sí puedo verificar en mi visita en a El Aaiún, Samara y Agadir, en 2019.
Lo que no puede ocurrir es que Naciones Unidas caiga en el mismo error que se cometió en Eitrea en los años setenta. Eritrea es el único precedente de la descolonización africana en que, en vez de organizar un referéndum de autodeterminación en el territorio, en el que su población decidiera libremente su futuro, y cediendo a las presiones de un Estado contiguo (Etiopía) las Naciones Unidas auspiciaron un régimen de autonomía dentro de la integridad territorial de dicho Estado. Meses después de ser establecida esta autonomía fue suprimida, lo que llevó a la población eritrea a protagonizar una cruenta guerra de liberación nacional, que concluyó con su independencia.
No lo tiene fácil Brahim Ghali, Secretario General del Polisario y Presidente de la RASD, pero le deseamos mucha suerte en su otrora nueva fase de negociación, esta vez con un conflicto armado, silente en el mundo Occidental porque todavía no ha mermado sus intereses económicos, léase la expoliación de los recursos saharauis de las minas de fosfatos o los inmensos caladeros de pesca del litoral, o sus intereses geopolíticos en el Magreb.
