El mismo Gobierno de España que se ha reservado para sí la decisión sobre qué proyectos recibirán fondos europeos para la recuperación económica se convierte en juez y parte y constituye con Seat- Volkswagen e Iberdrola un consorcio para impulsar la primera gigafactoría de baterías de España. Estará en Barcelona, cerca de la planta que la multinacional alemana tiene en Martorell, garantizará el futuro de la factoría con su apuesta de reconversión hacia el coche eléctrico y podrá cubrir (se diría que con creces) el vacío que deja la japonesa Nissan. Una operación redonda, adelantada por la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el marco del congreso de una federación del sindicato UGT el pasado jueves, y celebrada por el presidente, Pedro Sánchez, el viernes en la factoría catalana, hasta la que se llevó al rey Felipe VI para escenificar la alegría de la feliz noticia. El Govern de la Generalitat decidió no comparecer, haciendo un nuevo vacío al monarca, empeñados como están sus integrantes en el proceso de independencia, ahora con mayoría absoluta en el Parlament tras las recientes elecciones.
La implicación directa del Gobierno en el impulso a la planta de baterías de Barcelona habría provocado en otro tiempo una contundente reacción de protesta en la Comunitat Valenciana, donde 22 entidades públicas y privadas trabajan desde hace casi dos años en un proyecto de gigafactoría de baterías vinculado a la fábrica Ford en Almussafes y extensible a la electrificación del transporte marítimo y ferroviario. En contra de lo que cabría haber esperado, el ámbito empresarial valenciano ha reaccionado con tibieza. Varios portavoces han expresado su confianza en que el proyecto para Cataluña no deja sin opciones al valenciano; el clúster de la automoción vinculado a Ford se alegra del proyecto de Martorell porque varias de sus empresas también trabajarán para ese polo; y la portavoz del Consell, Mónica Oltra, preguntada por si la factoría valenciana podría salir adelante sin el apoyo del Gobierno de España, contestó: «Sí». La reacción de la líder de la oposición, Isabel Bonig, no ha pasado de una gracieta durante un paseo por Morella.
Frente a la envidiable seguridad en sí mismos que los representantes valencianos han expresado en relación con el futuro de su gigafactoría, responsables políticos de otras comunidades no han escatimado críticas al alineamiento de Moncloa con uno de los corredores en esta carrera. El alcalde de Cáceres, el socialista Luis Salaya, ha expresado su negativa a que el litio necesario para fabricar baterías salga de una codiciada montaña situada a dos kilómetros de su casco urbano, señalando que si en la Sierra de la Mosca hay materia prima de futuro, habrá de ser para el futuro de sus vecinos, no de otros que ya recibieron la fuerza de dos generaciones de emigrantes. El presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, ha expresado públicamente su decepción tras el anuncio del Ejecutivo ya que Zaragoza también se había movido mucho para acoger una fábrica de baterías vinculada a su planta, ahora en manos del grupo francés PSA.
Europa quiere impulsar diez megafactorías de estas características en su territorio. Pensar que la elección de Barcelona por parte de Pedro Sánchez deja margen para que a solo 350 kilómetros al Sur se abra camino otra planta similar es simplemente soñar un imposible, cuando hay otro eje en la carrera, el vasco-navarro extensible a Valladolid e incluso a Vigo. La Comunitat Valenciana, de nuevo, pagará cara su escasa capacidad de influencia y reivindicación. La Alianza Valenciana de las Baterías contó en su presentación con la presencia de un secretario de Estado; y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, visitaba hace 72 horas la factoría valenciana de Power Electronics, cabeza del proyecto local, quién sabe si para suavizar el impacto del golpe que vendría horas después, con el presidente del Gobierno y el Rey repartiendo parabienes en Martorell. La Comunitat Valenciana lamentará no disponer ya de una infraestructura vital como la doble plataforma ferroviaria del corredor mediterráneo; y no haber apostado, al menos todavía, por una política industrial que cree riqueza y empleo estable bien remunerado. La pandemia ha sacado a la luz retos nuevos de gran calado y la complacencia es un enemigo casi tan peligroso como el propio virus. Si las energías propias andan desperezándose y las ajenas se mueven con vigor, como ha ocurrido en el caso de Seat-Volkswagen en Cataluña, la sociedad valenciana continuará muchos años más pagando la factura de una economía débil y de un desempleo inasumible que empujará a la desafección y a la emigración.
Vacaciones falleras sin Fallas
Unos consejos escolares en los que los trabajadores docentes (por vía directa o por representación sindical) tienen la mayoría han decidido en la ciudad de València y en las principales localidades que celebran Fallas que se mantengan las vacaciones de las fiestas josefinas exactamente igual que si no hubiera pandemia y se festejaran los actos. La Generalitat, a través de su presidente, Ximo Puig, se militó a recomendar que los días que corresponden habitualmente al calendario fallero fueran lectivos en las aulas a fin de no crear la sensación y la oportunidad de celebrar unas «no fiestas» cuando los números de la pandemia están mejorando y no cabe poner en peligro una cierta recuperación. Como si no se hubiera aprendido nada de las Navidades, universidades, institutos, colegios y guarderías han decidido ignorar olímpicamente la petición presidencial y cerrar las aulas -seis días en el caso de València- mientras el resto del mundo mantiene su ritmo como puede. La parte de Compromís en el Consell, que ha hecho pública su discrepancia para aplicar medidas más drásticas en la restauración y en otros sectores, calla ahora desde la cartera de Educación. Y los socialistas, que desde Sanidad no han dudado en mantener las restricciones más duras de España, tragan con la autonomía de los profesores para mantener las vacaciones falleras sin Fallas, un mundo de derechos que hoy se tornan privilegios.
