No me queda otra, o Cifuentes nos engaña con su fecha de cumpleaños para recibir más regalos o ha estado en una fiesta del amigo invisible. Yo me inclino por lo segundo.

El primer regalo lo recibe de su amiga María Teresa Feito, aunque Cifuentes no lo sabe (según los jueces claro), Feito por su gran amistad y desinterés pone en juego su carrera y presiona a Rosado para que le den a Cifuentes el título del Máster que no ha realizado. El segundo regalo lo recibe de Cecilia Rosado Villaverde ya que, al abrir el sobre, se encuentra con un acta elaborada el 02/07/2012 que certifica que es poseedora de un Máster en Derecho Autonómico y Local impartido en la Universidad Rey Juan Carlos I. El tercer y mejor regalo lo recibe el día 15 de febrero de 2021, cuando le notifican la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid absolviéndola porque, aunque queda probado que todos esos regalos han sido realizados y ella se ha beneficiado de los mismos, está claro que ella era desconocedora de que no podía tener el título y, además, como iba a presionar al autor del regalo si era la fiesta del amigo invisible.

La Audiencia Provincial de Madrid con su sentencia sobre el caso Máster, nos ha recordado porque es imprescindible que desde Unidas Podemos continuemos en la lucha por una sociedad más justa donde la igualdad real de oportunidades permita modernizar el sistema de acceso a la carrera judicial superando el caduco sistema de oposiciones memorísticas donde la preparación privada marca la diferencia y perpetúa el sesgo de clase del actual poder judicial. El clientelismo rancio que impregna las decisiones de los tribunales españoles cuando se trata de juzgar la corrupción de los partidos que defienden a las oligarquías económicas es más que evidente. Pero por muy escarmentados que estemos estas actuaciones judiciales no dejan de sorprendernos por su descaro.

La sentencia considera que los hechos declarados probados (elaboración del acta fraudulenta por Rosado y las presiones ejercidas sobre ésta por Feito) son constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial y, en base a ello, condena a la profesora Cecilia Rosado a un año y medio de cárcel y a la asesora del Gobierno de Madrid, Maite Feito (amiga de Cifuentes) a tres años de cárcel. Sin embargo, y esto es lo sorprendente, se absuelve a Cristina Cifuentes porque no se considera probado que “impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación” del acta de su TFM y además se considera que “El hecho de exhibir públicamente el documento… no es más que un indicio, no corroborado por otros”.

A este respecto conviene recordar: una prueba indiciaria o indirecta es aquella que permite a los órganos judiciales presumir en un proceso judicial la certeza de un hecho no probado por la concurrencia en el mismo de otros que sí lo están y que guardan una relación directa con el primero.

A nuestro entender, este es un claro ejemplo donde se podría aplicar la presunción de veracidad surgida de una prueba indiciaria. Es evidente que en este caso se ignora deliberadamente la utilización de la locución latina Cui Prodest como instrumento interpretativo del artículo 386,1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este Principio General del Derecho Romano es muy usado en criminalística y forma parte de nuestra identidad cultural. Su significado “¿Quién se beneficia?” parece, sin embargo, no encontrarse en el acervo cultural de los Señores Magistrados de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, ya que deben ser los únicos para los que no existe un “enlace directo según las reglas del criterio humano” entre los hechos probados en su sentencia (falsificación del acta del TFM de Cifuentes) y la participación en los mismos de la Señora Cifuentes (única beneficiaria de dicha falsificación). Es evidente que la interpretación de las leyes es muy sufrida y que, siempre que exista dicha posibilidad, los tribunales españoles aplicarán la interpretación que en cada caso sea más beneficiosa para la clase alta a la que defienden.

Los efectos perniciosos de una sentencia que castiga a funcionarios y cargos medios absolviendo a la única beneficiaria del hecho delictivo son muchos. La sensación que perciben los ciudadanos de que la justicia no es igual para todos menoscaba su confianza en las instituciones y provoca su desafección de la vida política y democrática. Además, produce una sensación de impunidad que da alas a los corruptos confesos y aprendices del oficio para continuar con su labor lucrativa que, como siempre, se carga sobre las espaldas de los más desfavorecidos. Por último, la cooperación ciudadana se ve atenazada por el temor a que la colaboración con la justicia en la denuncia de hechos delictivos produzca un efecto boomerang que acabe convirtiéndolos en chivos expiatorios.

Por todo ello, desde Unidas Podemos insistimos en la urgente necesidad de la renovación de todas las instancias del Poder Judicial que garanticen su independencia de todos los poderes fácticos haciendo valer los versos de Machado, ¡Yunques, sonad; enmudeced, campanas!