Mucho antes de que la pandemia nos convirtiera en teletrabajadores, los procuradores ya estábamos literalmente ‘enganchados’ al ordenador. El sistema de notificaciones implantado por Justicia, Lexnet, supuso hace unos pocos años la digitalización de nuestra profesión a unos niveles muy por encima del resto de los profesionales del entorno de la Justicia.

Ahora que el teletrabajo se ha extendido en todos los ámbitos, vemos cómo muchas profesiones, funcionarios y trabajadores de todo tipo de empresas han conseguido que se regule esta modalidad laboral que tantos beneficios puede traer, con un desarrollo de normas que permiten la desconexión digital. Es decir, que las personas puedan apagar la pantalla cuando toca y dedicarse a su vida, a su familia.

En nuestro caso, ese derecho, y sobre todo esa regulación, no existe. Así de simple. Los procuradores somos los representantes legales de los ciudadanos y de las empresas ante los tribunales. Somos quienes recibimos las notificaciones de los distintos órganos judiciales, nos preocupamos por los plazos, por los señalamientos, por las citaciones, en definitiva por el desarrollo del procedimiento, para que los justiciables tengan garantizados sus derechos y para evitar errores o retrasos en sus procesos. El problema es que, con la implantación del sistema Lexnet, tenemos la obligación de recibir y responder a través de este sistema, las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin excusas. Sin excepciones.

No nos podemos poner enfermos. No podemos ponernos de parto sin programarlo (y más del 60 % de las profesionales somos mujeres). No podemos tener un accidente que nos aleje del ordenador, no podemos ser operados salvo que dichas operaciones sean programadas, y con la covid-19 tenemos que seguir trabajando aun estando contagiados, aislados o incluso hospitalizados, puesto que la gran mayor parte de los despachos de procuradores son unipersonales. Y todo esto, claro está, lo paga el justiciable, porque si por causa de fuerza mayor, uno de nosotros no puede presentar la alegación, la demanda o la contestación de la demanda correspondiente, o asistir a la vista, el derecho a la tutela judicial efectiva queda inmediatamente cercenado. Lo único que podemos hacer es lo que hacemos: crear una cadena de favores con otros compañeros, para cubrirnos las espaldas unos a otros, para que alguien se haga cargo de tus asuntos si sobreviene una emergencia.

Este problema viene de atrás, pero la covid ha agravado nuestra precaria situación laboral, hasta el punto de que hay compañeros y compañeras que han tenido que mantener su actividad profesional en plena convalecencia, aislados y enfermos.

Sin ánimo de criticar, pero sí de mostrar las contradicciones del sistema, hay que decir que cualquier juez puede cambiar un señalamiento por el motivo que crea conveniente. También nos encontramos con que la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 188.1.5 contempla la suspensión de vistas y procesos en casos extraordinarios para los profesionales de la abogacía, pero en ningún caso hace mención a los procuradores. Además, los abogados disponen de tres días para recepcionar las notificaciones, derecho que también se nos niega.

Por tanto, es fundamental actualizar la legislación vigente para incluir a los procuradores en los preceptos reservados hasta ahora para otros operadores y contar con un mecanismo que permita la paralización temporal de Lexnet y sus homólogos en casos de fuerza mayor, debiendo introducirse dicha modificación en los artículos 12 y 16 de Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre.

Y es que los procuradores, como trabajadores y operadores jurídicos, tenemos derecho a la conciliación de la vida laboral y personal.

Toda esta situación ha motivado a procuradores de base de toda España a promover una iniciativa para instar al Gobierno a modificar la ley y proteger nuestros derechos y garantizar el mejor funcionamiento de la Justicia. Trece colegios, entre los que se encuentra el de València, hemos recogido la petición y nos hemos coordinado para hacer llegar al Ministerio de Justicia y al de Trabajo y Economía Social nuestra petición, con carácter de urgencia, para que se ponga fin a un modelo digital que, en lugar de facilitar al trabajo y mejorar la calidad de vida y del servicio, nos ha convertido en esclavos del ordenador.