Memoria, verdad y justicia

El derecho a la verdad, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos, se refiere al derecho de los familiares y víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, desapariciones o secuestros de menores, a tener un mayor conocimiento de los hechos que ocurrieron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas. Además de esta dimensión individual, el derecho a la verdad tiene una dimensión social y colectiva, vinculada al derecho de los pueblos a conocer su pasado.

Esta fecha rinde homenaje a monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980. Monseñor Romero participó activamente en la denuncia de casos de violaciones de derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador, que tuvieron lugar durante el violento conflicto armado finalizado en 1993, tras la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec.

Sin embargo, los doce años de guerra civil en el país dejaron huella, y después de casi tres décadas de la firma de los acuerdos de paz, los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y garantías de no repetición continúan sin ser plenamente garantizados. Es de señalar que en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la ley de amnistía promulgada en 1993 era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y determinó que dicha ley no podía representar un obstáculo para la identificación, juzgamiento y castigo de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Posteriormente, en 2016, la Sala de lo Constitucional de El Salvador emitió un histórico fallo, al declarar inconstitucional la ley de amnistía de 1993.

Sin embargo, nueve años después del fallo interamericano y cinco años después de la sentencia de la Sala, el Estado, lejos de dar cumplimiento a dichas resoluciones, sigue privando a las víctimas de un verdadero acceso a la justicia. Esta falta de respuesta institucional y la gestación en las entrañas de las víctimas de la necesidad de conocer y difundir la verdad, determinó la decisión de la Universidad Centroamericana, a través de su Instituto de Derechos Humanos, y por exigencia de la Red de Comités de Víctimas del conflicto armado, de crear en 2009 el Tribunal Internacional para la aplicación de la Justicia Restaurativa.

Este tribunal constituye un instrumento público no gubernamental de gran eficacia en la lucha jurídica contra la impunidad en El Salvador. Supone una experiencia singular e inédita de justicia restaurativa, que fortalece a las víctimas, contribuye a su organización y defensa y potencia la acción de las comunidades. El conocimiento de la verdad les hace fuertes y presentes, les cohesiona, organiza e impulsa a exigir justicia y reparación. Las víctimas, organizadas, han ido creando una experiencia de poder, basada en la memoria y la dignidad de las personas afectadas.

Por ello, Fundación por la Justicia, en la persona de su presidente José María Tomás y Tío, junto con juristas de distintos países de Europa y América, aceptó, desde su génesis, el cometido de presidir el tribunal, afirmando su compromiso de acompañar a las victimas en la búsqueda de la verdad. Los miembros del tribunal dictan sentencias basadas en los testimonios recogidos, que, además de promocionar la reconstrucción de la memoria histórica de El Salvador, instan al Estado a reflexionar sobre el modo de proceder respecto de los casos estancados en la fiscalía, e impulsar una justa Ley de Justicia Transicional.

Sin duda, es mucho lo que en los últimos años se ha hecho, pero es mucho más lo que aún queda por hacer. Esta es una fecha de lucha, pero también está dedicada a rendir homenaje a la memoria de las personas cuyo grito ha sido silenciado y la vida interrumpida. Fundación por la Justicia reafirma su compromiso ético con la defensa intransigente de los derechos humanos, y está en la lucha por la defensa de la verdad, la memoria y la justicia.