Parecería que la pandemia de la covid-19 es causante, entre sus muchos efectos colaterales, de que políticos de los principales partidos cometan imprudencias que nada bueno traen para los ciudadanos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid puede disolver la Asamblea y convocar elecciones autonómicas dentro de un periodo legislativo, y los diputados y diputadas autonómicos de Madrid, Murcia y Castilla y León pueden presentar mociones de censura. Estas potestades y derechos son estatutarios y no es nuestro propósito ponerlos en cuestión, pero que una potestad o un derecho sea legal no presupone que su utilización sea prudente, siendo la prudencia una de las virtudes que debieran concurrir en aquéllos a los que los ciudadanos concedemos esas potestades y derechos.
Sabemos que se han presentado mociones de censura que tenían garantizado el fracaso. Ejemplo de las más recientes fueron las mociones de censura presentadas por Iglesias contra Rajoy y Vox contra Sánchez, que no tuvieron otro objeto para los que las presentaban que ganar notoriedad.
La finalidad legal y legítima de una moción de censura constructiva debe ser la de poner fin a situaciones de crisis en que el correspondiente Gobierno no tenga la mayoría parlamentaria para gobernar y se niegue a poner fin a la legislatura. Al margen de ésta, las demás finalidades son juegos malabares que no hacen otra cosa que desviar la atención sobre los asuntos principales que deben ocupar a los políticos.
La moción de censura presentada por el PSOE y Ciudadanos en Murcia tenía por finalidad desplazar del poder al PP, pero la gestión de la misma ha sido catastrófica. Ha provocado la crisis de Ciudadanos en Murcia y en España y ha tenido como consecuencia más grave alejar del Gobierno de la Región a Ciudadanos. Si este partido perseguía moderar el Gobierno murciano, la fracasada moción ha provocado todo lo contrario, incluyendo en el Ejecutivo autonómico exmiembros de Vox. Se podría decir en términos coloquiales que les ha salido el tiro por la culata.
La moción de censura presentada por el PSOE en Castilla y León ha utilizado los mismos argumentos que la de Murcia. Pero en este caso, sin el apoyo de Ciudadanos era más que evidente que no podría salir adelante. Además, ha servido para acreditar que no existía una operación a nivel nacional urdida por Cs para liquidar sus gobiernos de coalición con el PP.
La unificación de la derecha sería para los líderes del PP la lectura del fracaso de las mociones en Murcia y Castilla y León. A lo que hay que decir que si el propósito del PP es llevar a cabo en toda España operaciones de compra de escaños de Ciudadanos y de Vox, tal como ha hecho en Murcia, estaríamos ante una estrategia que cuando menos habría que calificar de corrupta. La unificación de la derecha, en el caso de que ése sea el objetivo del PP, hay que lograrla en las elecciones generales o autonómicas y no en los despachos ofreciendo una de las imágenes más deplorables de la política.
La disolución de la Asamblea de Madrid por la presidenta Díaz Ayuso, por la sola causa, según sus propias manifestaciones, de que quiere gobernar en solitario es otro ejemplo grave de imprudencia. No es improbable que hubiera tensiones en el Gobierno autonómico de coalición PP-Ciudadanos, como sucede siempre en este tipo de gobierno, aunque nada comparables a las que tienen lugar en el Gobierno de España. Y los hechos han acreditado que Ciudadanos no estaba implicado en las mociones de censura que estaban preparando el PSOE y Más Madrid.
En una sociedad fragmentada como la madrileña, no parece probable que Ayuso pueda obtener la mayoría absoluta, como en tiempos la lograra Esperanza Aguirre en una sociedad que solo tenía como referentes al PSOE, al PP y poco más. De manera que si el resultado que están anticipando las encuestas se produce el 4 de mayo, Ayuso volverá a necesitar el apoyo de Ciudadanos, si sobrevive, o de Vox, o de ambos. Y para este viaje, como dice el refrán, no harían falta estas alforjas.
No es improbable que el PSOE tuviera preparada una moción de censura contra Ayuso; de otro modo, difícilmente se explicaría que solo 30 minutos después de que la presidenta firmara la disolución de la Asamblea se presentara por el PSOE la moción. Y en ese caso la reacción de Ayuso disolviendo la Asamblea tendría explicación; habría aprendido la lección de lo que le pasó a Rajoy por no disolver las Cortes cuando era sabido que Sánchez iba a presentar una moción de censura. Pero la moción de censura del PSOE pudo ser meramente reactiva. Algún día se sabrá la verdad.
Una vez firmada y anunciada la disolución de la Asamblea de Madrid, el comportamiento del PSOE fue imprudente presentando una moción de censura con la finalidad de bloquear la disolución, apoyándose en el gratuito argumento de que cuando la moción se presentó la disolución todavía no se había publicado en el Diario Oficial de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha sido bien claro al rechazar la pretensión del PSOE. En el caso de que el TSJM hubiera fallado a favor de la preferencia de la moción de censura presentada con posterioridad a la firma de la disolución de la Asamblea, se habría cercenado la potestad de los presidentes autonómicos de disolver sus parlamentos y legalizado un caso extremo de filibusterismo parlamentario.
Parecería que en nuestro país no atravesamos por una crisis sanitaria-humana-económica sin precedentes que exigiría que nuestros políticos se dedicaran en cuerpo y alma a afrontarla. Nuestros políticos parecen estar, simplemente, esperando el maná de la Unión Europea en forma de miles de millones de euros. Y entre tanto, jugando al juego de las irresponsabilidades.
